La urgencia de nuevas normas constitucionales y de un nuevo modelo económico: El caso pesquero

Por Pablo Fernando González, PYME Innovación Biotecnología Marina

«La ley de Pesca fue fraguada con dineros de la explotación de la biodiversidad de la corriente de Humboldt. Y así, se va la tierra y el agua y queda el olvido. La tierra del olvido». Cristina Dorador, científica y Constituyente.-

La Convención Constituyente hace poco hizo suyo el diagnóstico de Naciones Unidas en cuanto a que estamos al frente de un escenario de crisis global de la humanidad: 1) Cambio Climático que pone en riesgo la sobrevivencia de la especie humana; 2) pérdida de biodiversidad a niveles catastróficos; y 3) Seguridad Alimentaria conducida a su peor crisis como resultado de lo primero: pérdida de biodiversidad y calentamiento global.

Lo anterior ocurre mientras en Chile la movilización ciudadana en las calles y en las urnas mandató a la mayoría constituyente para que sustituya el modelo económico neoliberal-extractivista y a su andamiaje legal construido por el Congreso a partir de la Constitución del ’80, que condujo al país a la peor desigualdad que conozca su historia, precarización del empleo y a bolsones de pobreza y devastación medioambiental regados por todo el país, y que explica el Estallido Social de octubre del 2019.

Vale de ejemplo el caso pesquero, donde el modelo neoliberal-extractivista solo sirvió a los grandes grupos económicos -7 Familias- los que terminaron cooptando al Congreso, adueñándose por ley de los recursos naturales del país y defendiendo ante la Justicia y el Tribunal Constitucional que lo anterior era un derecho adquirido garantizado por la Constitución del 80.

Pérdida de seguridad alimentaria de los chilenos como consecuencia de la concentración económica: La necesidad de una norma constitucional que ponga a resguardo a la primera

La Ley Longueira o de Pesca conseguida vía corrupción por las 7 Familias y vigente desde hace nueve años -2012 al 2021-, es una de las mayores agresiones a las familias y hogares de nuestro país, ya que el Congreso actuando en contra de la protección de la alimentación saludable de los chilenos, estableció que el 1% del desembarque país se destine al Consumo Humano y el 99% para los negocios de alimentación animal a partir de un poco más del 90% del desembarque pesquero de Chile, y que las 7 Familias lo destinan a fabricar harina y aceite de pescado, con pesquerías ricas en proteínas y Omega 3, consideradas críticas para la vida saludable de los niños y de las personas mayores: jurel, caballa, anchoas, sardinas y algunas variedades de merluza (ver nota aquí)

De allí que es prioritario una Norma Constitucional que obligue al Estado a colocar a resguardo las pesquerías que posee Chile para que sirvan y garanticen la Seguridad Alimentaria y la nutrición saludable de las familias que habitan el país por sobre los intereses y los negocios de un puñado de grupos económicos exportadores.

La urgencia de Norma Constitucional que obligue al Estado a resguardar los DERECHOS DE LA NATURALEZA

Los derechos de la Naturaleza no son una entelequia levantada por ecologistas, pueblos indígenas y medio-ambientalistas, sino que nace de la evidencia que tienen los territorios, pesca artesanal, pequeños agricultores y Pymes, en cuanto a que el actual modelo neoliberal-extractivista no es sostenible en el tiempo para ellos ni para la biodiversidad de los ecosistemas y que de no proteger cuidadosamente los derechos de la Naturaleza -no en forma simbólica- de la ambición de los grandes grupos económicos, la poca biodiversidad que sobrevive después de 50 años de sobreexplotación, terminará en un desastre medioambiental de tipo terminal.

La devastación de la anchoveta en Chile, la especie más emblemática del Ecosistema Humboldt, el más productivo a nivel global del que también se favorece Perú, permite dimensionar el nivel de profundidad del desastre medioambiental que se vive y el poder que tiene el tráfico de influencia que siguen teniendo los grandes grupos económicos sobre las decisiones de Subpesca , los que de continuar sobreexplotándola la llevarán al colapso sin posibilidad de que pueda recuperarse ni ella ni el ecosistema marino que le servía de hábitat.

Alcance de la devastación de los ecosistemas marinos y su biodiversidad, por los grandes grupos económicos:

A principios del año 2020, CIAM, la empresa pseudo científica de propiedad de Corpesca-Angelini, dejó al trasluz que quien decidía el destino de la anchoveta en Chile eran sus estudios mentirosos que solo persiguen maximizar sus utilidades sin importar su sobreexplotación: “El CIAM adujo que, debido al fenómeno de El Niño, el más intenso en décadas, y su efecto en la temperatura de las aguas, el recurso había caído en la condición de ‘sobreexplotación’“. Sin embargo, tras un año, consiguió remontar, primero a la categoría de ‘plena explotación’ y luego al nivel actual de ‘subexplotación’. Afirmó: “La anchoveta del norte es una de las pesquerías que ha tenido una excelente recuperación”.

Las anteriores mentiras que hizo suyas Subpesca sirvió a esta última para alterar la condición de la anchoveta de sobreexplotada a subexplotada y aumentar la cuota de pesca anual para favorecer a Corpesca: “La cuota global de captura de anchoveta en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para el año 2020 fue de 789.307 toneladas”. A fines del año 2020 Subpesca entregó las cifras de desembarques que daban cuenta que apenas se había superado un poco más de la mitad de la cantidad autorizada lo que dejó al desnudo el desastre ecológico al que fue llevada esta pesquería con la complicidad del Estado.

Alicia Gallardo, la subsecretaria de pesca de Piñera, aunque al año 2021 conocía en detalle la caída de los desembarques de la anchoveta, en reunión de la Mesa Pesquera organizada por la anterior a favor de las 7 Familias y Corpesca, cuyo propósito es modelar la Ley Corta que discute el Congreso, durante la misma se felicitó de su tergiversación de la realidad: ”… Se habló del estado de los recursos, la anchoveta está subexplotada, así que también ese es un dato interesante y se habló de sustentabilidad…”. Se adjuntan tres de esas reuniones en PDF para el conocimiento ciudadano, la Convención Constitucional, Comisiones de Pesca del Congreso, periodistas e investigadores que estudian los tráficos de poder y la corrupción en Chile (ver aquí).

Chile vulnera acuerdo sobre sostenibilidad de Naciones Unidas sobre vida submarina (ODS)

Los resultados de Corpesca del año 2020 muestran que Chile ha estado haciendo justo lo contrario de lo que comprometió cumplir en septiembre del año 2015 cuando formó parte de los 193 países de Naciones Unidas que suscribieron y comprometieron el cumplimiento del programa de desarrollo sostenible, que en el capítulo sobre vida submarina precisaba que debían: “De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y productividad de los océanos” (ver nota aquí).

Pesca Artesanal, el sector más masivo del sector pesquero llevado a la ruina por la Concentración económica de los grupos económicos

Hasta antes de la imposición del modelo neoliberal-extractivista la Pesca Artesanal por lejos fue el sector que dio más empleo y progreso a las caletas pesqueras de nuestro país. Ahora son la principal víctima del modelo de concentración económica que casi los ha hecho desaparecer, y los pocos que aún sobreviven son parte de una de las crisis socio-ambientales más traumáticas que conozca el país.

El alcance de este desastre socioambiental se puede revisar en el trabajo de Jorge Ayala, sociólogo, magíster en historia y hoy estudiante de doctorado: “El movimiento de pescadores artesanales en Chile” y en “Estado del Medio Ambiente en Chile. Comparación 1999-2015 Ecosistemas Marinos”.

Marcador de Desigualdad: Merluza común, Concentración económica y pérdida de Biodiversidad

La sobreexplotación mediante pesca de arrastre denunciada por la Pesca Artesanal se encuentra documentada por científicos de España, un país pesquero con fuerte inversión estatal en ciencia para la sostenibilidad de sus ecosistemas marinos: “El arrastre de los artes de pesca sobre el fondo marino remueve y levanta partículas del sedimento superficial que se transportan a mayor profundidad, pero también pone en suspensión los pequeños organismos que viven en el sedimento y que constituyen la base de la cadena trófica a estas profundidades. Esta acción, si no se limita, provoca a largo plazo una pérdida constante de sedimentos finos, blandos y ricos en materia orgánica, dejando lodos empobrecidos y compactados en los caladeros de pesca“ (Pere Puig Alenyà, investigador del CSIC).

La sobreexplotación de la merluza de la mano de la pesca de arrastre trajo consigo la devastación de las otras especies que convivían con esta pesquería en los mismos ecosistemas y que posibilitaban que la Pesca Artesanal pudiera rotar entre distintas pesquerías sin agotar a ninguna de ellas: Congrio dorado y plateado, pejegallo, corvinas, etc. Estos ecosistemas marinos colapsados de seguir siendo sobreexplotados harán imposible que puedan ser recuperados, de allí que es urgente una Norma Constitucional que obligue al Estado a protegerlos.

La merluza común por siempre fue la principal fuente de ingresos y empleo para los Pescadores Artesanales, pero no tan solo para ellos ya que daba empleo a cientos de comerciantes de Ferias Libres que vendían merluza en abundancia a los hogares de casi todo el país y también a restaurantes que preparaban y promocionaban el consumo de merluza entre niños y jóvenes, de tal manera que la expropiación del porcentaje mayoritario de las cuotas de pesca de merluza común a la Pesca Artesanal por los grupos económicos pesqueros -7 Familias- ha sido el peor ataque a la Soberanía Alimentaria de Chile y por lo mismo debe ser reparada con su restitución.

Entre los principales responsables que han facilitado lo anterior destaca en primer lugar el Congreso y los gobiernos de los últimos 30 años ya que han validado desde la legislación: a) que el principal objetivo de la ley de pesca no sea la Seguridad Alimentaria de los hogares de Chile sino los negocios de las 7 Familias; b) que siendo la merluza común una pesquería crítica para la alimentación saludable de los chilenos, el Congreso avale que dos tercios se encuentre monopolizada por un grupo económico que hace negocio exportándola; c) que siga vigente la pesca de arrastre a sabiendas del desastre medioambiental que ocasiona; y, d) que sabiendo que varias pesquerías se encuentran colapsadas facilitaron leyes a favor de los grupos económicos para que estos puedan comprarle las cuotas de pesca a los pescadores artesanales y los hundan más en la pobreza, lo que se hace con el visto bueno del Estado de la mano de Subpesca.

La segunda responsabilidad la tienen la institucionalidad del Estado a cargo de la sostenibilidad de la Merluza -SUBPESCA, IFOP, Comités Científicos- quienes por años han tergiversado que la sobreexplotación de la merluza de la mano de la pesca de arrastre no daña a los ecosistemas marinos y mienten que ello la ocasiona la pesca ilegal. Lo anterior es un antecedente valioso a la hora de formular las normas constitucionales que direccionen la inversión y promoción de la Ciencia en Chile, de tal manera que se obligue al Estado a priorizar la inversión pública a favor de la sostenibilidad medioambiental de los territorios y se quite de encima el actual tutelaje y direccionamiento empresarial que nos ha impuesto el modelo neoliberal-extractivista.

En tercer lugar está el Contralor Jorge Bermúdez, quien ha validado a Subpesca que mientras cumpla con la formalidad de las normas legales y administrativas puede seguir con la sobreexplotación, lo que resulta difícil de aceptar ya que hasta antes de asumir como Contralor era profesor de derecho ambiental y lo último que esperábamos era que se profundizara la devastación de los ecosistemas marinos. Necesitamos por lo mismo una norma constitucional que impida la actual discrecionalidad de Contraloría radicada en el Contralor.

También tienen una responsabilidad las Universidades que han dejado hacer a un gran número de sus grupos de investigadores, para que las comprometan en proyectos de investigación millonarios con fondos públicos a través de Conicyt hoy ANID y Corfo, a favor de los negocios extractivistas en manos de los grupos económicos (salmoneros, minería, fabricantes de harina de pescado, etc. ), mientras el país es devastado como nunca en su historia.

Las universidades, en especial las públicas, tienen un compromiso con el país de hacer una revisión de cómo han sido capturadas en sus prácticas de ciencia aplicada por el neoliberalismo extractivista, de tal manera de redefinir sus políticas y alinearse a las nuevas directrices que empieza a dibujar la Constituyente en cuanto a derechos de la Naturaleza y protección de la biodiversidad (ver nota aquí).

En las aguas interiores del Archipiélago Patagonia el desastre ecológico ocasionado al país por los grupos económicos pesqueros resalta igual o peor de catastrófico. Allí las poblaciones locales de Puerto Montt a Punta Arenas son víctimas de élites políticas instaladas por doquier en la dirección del Estado que siguen pensando al país con un poco más de 4 mil kilómetros de costa y aún no internalizan que Chile posee más de 100 mil kilómetros de borde costero y que el 95% del anterior se encuentra en esta mega región, que posee 5.769 entre islas e islotes y es uno de los archipiélagos más grandes del mundo,.

Con la complicidad del Estado los grupos salmoneros se han apropiado de gran parte de las aguas interiores del Archipiélago Patagonia, por la vía de las concesiones acuícolas, territorio marítimo que por miles de años, desde los Selknam hasta los chilotes, tuvo un valor de uso. De allí que fueran los guardianes de su biodiversidad. Desde hace un tiempo, el Estado ha sido instrumentalizado para ser cómplice de la devastación medioambiental de este territorio, de allí que instituciones como Subpesca y SEIA hagan la vista gorda sobre los alcances de la devastación ocasionada a la biodiversidad microbiana de los ecosistemas marinos por las miles de toneladas de antibióticos y contaminación química que acompaña la engorda de salmones, y del impacto de lo anterior sobre la vida asociada al fondo marino y a las cadenas tróficas de la fauna autóctona (ver nota aquí).

La pérdida de biodiversidad en las aguas de la Patagonia

El Estado a través de Subpesca ha sido un promotor de la sobreexplotación y devastación de casi la totalidad de las pesquerías que habitaban las Aguas Interiores de la Patagonia y parte de sus ricos ecosistemas marinos y costeros: merluza austral, sardina austral, anchovetas, jurel, mero, cazón, pejegallo, manta rayas y congrios, poblaciones de erizos, almejas, centollas, jaibas, algas, etc., con las que estas poblaciones contaban para tener una subsistencia a escala humana. Ahora en sus aguas solo reina el salmón escapado de las jaulas de engorda y el de cultivo, el que ha producido un daño de una magnitud sin precedentes como lo reconoce un trabajo reciente de cooperación entre el INDH de Chile y el Instituto Danés de Derechos Humanos (ver nota aquí).

La Norma Constitucional que proteja los derechos de la Naturaleza debe impedir que el Estado subsidie con fondos destinados a la Ciencia a sectores productivos que provocan desastres medioambientales. El caso de los actuales subsidios a la salmonicultura resultan una práctica que se le debe poner fin para poder recuperar los ecosistemas de la Patagonia y del resto del país.

Los gobiernos de los últimos 30 años han favorecido en forma descarada con subsidios a la industria del Salmón, algo que al actual presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Brito, le ha llamado a investigar, y por estos días intenta con muchas dificultades hacerse de la información sobre los cientos de millones de dólares que ha recibido la salmonicultura en subsidios a través de Corfo, Conicyt, Universidades, Ministerio de Economía, etc., a pesar que esa industria se encuentra en manos de fortunas multimillonarias.

Lo anterior ocurre mientras los distintos gobiernos se han justificado por años que el país no tiene recursos financieros suficientes para hacer ciencia pública robusta y prevenir los impactos de la industria salmonera sobre el territorio marítimo de las comunidades de Chiloé a Magallanes. Vale destacar que en el Concurso 2021 de ANID para incorporar doctores al sector productivo con platas públicas, uno de los proyectos elegidos fue uno que favorece a la multimillonaria industria salmonera (desarrollo de una vacuna para una de las enfermedades del salmón).

El chantaje del discurso neoliberal-extractivista de los grandes grupos pesqueros: Si quieren empleo debe ser a condición de seguir tolerando la concentración económica y la devastación de biodiversidad

El gobierno de Piñera, defensor ideológico del neoliberalismo-extractivista de los grupos económicos y de negar la catástrofe socio-ambiental del que se acompaña la concentración económica, se deja en evidencia en Alicia Gallardo, su subsecretaria de Pesca, quien durante las reuniones de la Mesa Pesquera, defendió: “Somos uno de los principales países acuícolas y tenemos una responsabilidad porque generamos empleo, generamos un recurso que es para la alimentación en general y la harina de pescado, aunque me digan que no es para alimentación, también constituye un eslabón de la cadena alimentaria”.

La Mesa Pesquera instalada por la anterior y que replica la estrategia de Longueira, tiene entre sus convocados a las asociaciones empresariales de las 7 Familias y dirigentes sindicales afines a Corpesca y a los anteriores, para influir sobre la Ley Corta de Pesca enviada por Piñera al Congreso y que discuten las Comisiones de Pesca del Senado y Cámara de Diputados.

Destacan entre los anteriores el presidente y gerente general de SONAPESCA, la presidenta de ASIPES, el presidente de FIPES (Grupo Del Río), dirigentes que apoyaron la Ley Longueira como Zoyla Bustamante y Hugo Arancibia, a la que sumaron a Felipe Sandoval, el ex Subsecretario de Pesca (DC) de Ricardo Lagos y actual lobista de las 7 Familias. Muchos de ellos investigados por Emiliano Arias, el fiscal anticorrupción, quien perseguía los financiamientos a la política en que estaban involucrados los asociados a ASIPES y FIPES, investigación que luego fue abandonada por el Ministerio Público, y que el periodista Daniel Matamala rescató hace unas semanas y que salpicó al candidato Sichel (ver nota aquí).

Durante las reuniones de la Mesa Pesquera los anteriores se preocuparon de instruir a la Subsecretaria de Pesca que advierta al Congreso y al Gobierno que cualquier cambio de las reglas del juego que les impida seguir sobreexplotando como lo han hecho hasta ahora hundirá al país en el desempleo; por supuesto nada dicen que la historia prueba que la devastación de los ecosistemas marinos de la que son sus autores condujo a la ruina a miles de pescadores artesanales y a casi un centenar de emprendimientos pymes en comercio, pequeña industria, etc., y que con ello, desaparecieron miles de miles de empleos a lo largo del país.

El derecho a la propiedad en las nuevas normas Constitucionales debe promover la propiedad privada, estatal, mixta, comunitaria, cooperativa, de pymes, que deriven en una mayor igualdad, pero la misma no debe extenderse a la propiedad de los bienes comunes.

Los grupos económicos pesqueros pusieron a prueba que la concentración económica que se acompañó de la apropiación de los bienes comunes, después de varias décadas, produjo casi nula inversión privada en I+D, cero innovación tecnológica disruptiva, y que para conseguir maximizar sus utilidades recurrió a la sobreexplotación de las pesquerías, lo que tuvo como consecuencia pérdida de biodiversidad y de miles de empleos producto de la anterior devastación, y perpetuó a Chile como país exportador de productos de bajo valor agregado.

Cómo la Constitución del 80 privilegió a los grupos económicos por sobre los emprendimientos pymes

A 41 años de la Constitución del ’80 se ha probado que la anterior fue un traje hecho a la medida para que florecieran los grandes grupos económicos extractivistas de la mano de la concentración económica y que las pymes fuéramos una de sus principales víctimas: 1) El principio constitucional que regló “el derecho a la propiedad” consagrado en el artículo 19 número 24, que protege el derecho de propiedad privada sobre todo tipo de bienes, que incluyó corporales e incorporales, y que se justificó era para crear una sociedad más justa al sacarse de encima a la propiedad estatal, terminó instrumentalizándose por sus ejércitos de abogados en contra de cualquier atisbo de proteger cualquier otro tipo de propiedad y terminó usándose como un comodín para consolidar una desigualdad estructural del que hemos sido víctimas la pesca artesanal, las pymes y todos (M.Guiloff).

2) El principio constitucional de “la no discriminación arbitraria en materia económica“: Muchos pensamos ingenuamente que era una herramienta para que la Constitución, el Congreso o la Justicia, salieran en auxilio del más débil, es decir, a favor de la pesca artesanal y de las pymes de pequeños fabricantes pero por décadas no ha sido así y terminamos expropiados por los grandes grupos pesqueros. Los grupos económicos de la mano del Congreso y gobiernos de los últimos 30 años defendieron que éste era un principio establecido en la Constitución del ’80 a favor de los derechos de los grupos económicos, que defendía que no se le podían colocar límites o cortapisas para concentrar en sus manos todo lo que quisieran, y en el caso pesquero, para que se adueñaran y perpetuaran para si los derechos de pesca a costo casi igual a cero, aunque nos pertenecen a todos los chilenos.

3) El principio constitucional que consagró el derecho de protección medioambiental, y que tenía como propósito que la presente generación y la futura dispusiera de un país no devastado -artículo 19 N° 8 inciso 2 de la Constitución-, terminó vulnerándose las veces que fue necesario por los grupos económicos que alegaron ante la Justicia que se les estaba coartando la “libertad económica” si se les subordinaba a los de resguardo de la naturaleza, ya que “esta no obliga al legislador a establecer restricciones, tan solo lo faculta para hacerlo, quedando a su juicio soberano cuál derecho debe privilegiarse por sobre otro” (M. Guiloff).

El acento que puso el legislador y avaló la justicia están a la vista de todos los chilenos, ya que la devastación ha arrasado con la biodiversidad de casi todos los ecosistemas marinos de Chile, y de pasada terminó con la Pesca Artesanal y las pymes, los que pasamos a ser emprendimientos en extinción aunque siendo un país más pesquero que agrícola todo hacía pensar que tendríamos miles de oportunidades para aportar al país (M. Guiloff).

Ante esta arquitectura constitucional que se le impuso en 1980 al destino del país, no es casualidad que el emprendimiento pymes y de la Pesca Artesanal terminaran siendo conducidos a la ruina económica, justo lo contrario de lo que hacían en las últimas décadas países pesqueros que irrumpieron en liderazgo tecnológico y de desarrollo, como Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Dinamarca, etc.

Cómo los grandes grupos económicos se encargaron de joderse a la Pesca Artesanal y a las Pymes del sector pesquero: Desigualdad y corrupción en el modelo neoliberal-extractivista

Los ideólogos del modelo económico por 48 años han insistido majaderamente que para avanzar hacia el desarrollo necesitábamos la concentración económica de la mano de grandes grupos empresariales, estrategia que hizo suya el Congreso y los gobiernos de los últimos 30 años. El resultado ha sido catastrófico ya que miles de pescadores artesanales y cientos de pequeños procesadores pymes que poseía el país hasta hace un par de décadas fueron barridos del sector pesquero y con ello, años de aprendizajes en pesca, manufactura y comercialización de pesca pelágica y demersal para el consumo humano: fresco-enfriado, conservas, salazones, congelados, etc., trayendo con ello la pérdida de la Soberanía Alimentaria del país.

Uno de esos ideólogos fue Felipe Lamarca, expresidente del Grupo Angelini , quien justificó que para poder competir a nivel global se necesitaban grandes volúmenes imposibles para las pymes; luego lo justificó en que éste se producía como resultado del desarrollo tecnológico: “Debido al avance tecnológico que permite operar a grandes escalas y más barato, la producción mundial se ha ido concentrando”. Lo último es cierto pero aplica para las grandes tecnológicas intensivas en negocios asociados a miles de patentes, producto de su inversión en ciencia e innovación que están detrás de la producción masiva de computadores y celulares, pero no para grupos económicos que no basan sus negocios en patentes sino que profitan de los recursos naturales, como es el caso de las 7 Familias, los que registran una inversión en ciencia e innovación casi igual a cero y peor aún, la escasa que hacen son con platas públicas que consiguen de CORFO y a través de CONICYT-ANID.

El último concurso ANID-2021 favoreció al multimillonario Grupo Angelini (Forestal Arauco) con un subsidio pagado por todos los chilenos para incorporar un doctorado y sumar inteligencia artificial a su extractivismo forestal.

A Felipe Lamarca se le reconoce como uno de los principales arquitectos de la actual concentración económica que padece el país. El Grupo Angelini, principal grupo pesquero del país, lo tuvo como su presidente por 20 años (1986-2004), periodo durante el que consiguió multiplicar la fortuna del anterior desde los 749 millones de dólares, hasta llevarlo a los 11.443 millones de dólares (ver nota aquí).

La historia da cuenta que el Grupo Angelini para la anterior acumulación acelerada de capital y de construcción de fortuna, no necesitó de inversión en ciencia ni en I+D para desarrollar tecnologías o innovación para sostener su crecimiento -como SAMSUNG, MICROSOFT o HUAWEI-, sino que le bastó apoyarse en las privatizaciones conseguidas con la Dictadura y de leyes de privilegio conseguidas con el Congreso en este último caso para concentrar las cuotas de pesca de las principales pesquerías del país en beneficio de su grupo de empresas pesqueras: Corpesca; Orizon, Golden Omega, etc., las que complementó con multimillonarios subsidios estatales vía Decreto Ley 701 para su industria forestal – celulosa, renovado por los gobiernos de los últimos 30 años. De esta manera la producción a grandes escalas y la concentración económica les llegó como un milagro caído del cielo (llámese en este caso a los gobiernos de los últimos 30 años, Congreso y Constitución del 80).

Normas constitucionales que impidan que la corrupción se apodere del país

Hace poco un amigo aportó un concepto que creo que el país debe asumir con alarma: “El poder opera sin ocultarse, por ello es invisible, mientras las izquierdas siguen pensando que hay hilos invisibles que operan ocultos para dominar”.

El país se enteró del caso Corpesca el que permitió destapar los alcances de la corrupción practicada por uno de los grupos emblemáticos del modelo económico chileno y transparentar el alcance que tuvo su financiamiento a la política, la que no solo le permitió hacerse de una ley a su medida -regalo regulatorio-, la Ley Longueira, sino que la misma nueve años después siga vigente y favoreciéndolos para sobreexplotar lo último que queda, a pesar que la justicia condenara a su ex gerente general, a su empresa Corpesca y a su cómplice más emblemático, el senador Orpis -UDI-, quien por estos días ingresará a la cárcel a cumplir el escaso saldo de los 5 años a los que fue condenado, ya que el 90% de ella la pasó encerrado en su casa en Vitacura y la que tiene en las cercanías de Frutillar.

Por ello no extraña que Roberto Angelini de Corpesca (2016) y José Luis del Río de Friosur (2020) fueran reconocidos por sus iguales como el mejor empresario del año en medio de denuncias periodísticas e investigaciones del Ministerio Público sobre financiamiento a la política y devastación ambiental que compromete a sus empresas.

Normas constitucionales sobre Ciencia y el futuro de Chile

Concentración económica rodeada de bajo valor agregado y nula inversión en ciencia e innovación, perpetúa al país en el subdesarrollo: El diagnóstico del sector pesquero puede permitirle a los constituyentes tomar conciencia sobre el daño que le ha ocasionado al país el neoliberalismo-extractivista de la mano de la concentración económica. A pesar que por un momento fuimos uno de los 2 países con mayores stock de Omega 3 en pesca pelágica del planeta y teníamos todo a nuestro favor, los grupos económicos prefirieron profitar del negocio que se acompañaba de la sobreexplotación de las pesquerías, dejando escapar una oportunidad única de posicionar a Chile en el mercado de productos terminados omega-3 -EPA y DHA- que al 2019 alcanzó los 44,2 mil millones de dólares.

Su casi nula inversión en ciencia e innovación los ha perpetuado como fabricantes tercermundistas de aceite de pescado para la alimentación animal o proveedores de aceite marino como materia prima de las biofarmacéuticas, de allí que el año 2019 sus exportaciones de aceite no superaran los USD 100 millones (ver información acá).

Aunque el mundo muestra en el último medio siglo saltos tecnológicos que le han cambiado la vida a la humanidad, como la irrupción de la internet y ahora las asociadas a Inteligencia Artificial, el Congreso les ha permitido a las 7 Familias por décadas destinar el 90% de los embarques del país, ricos en proteínas para la salud de las personas, a fabricar harina de pescado para alimentación animal, una actividad industrial que vienen haciendo sin mayor variación por más de 50 años, un commodity de bajo precio cuyas exportaciones apenas superan los 300 millones de dólares anuales y que los tiene en medio de lloriqueos porque ven desaparecer sus ganancias que conseguían antes que sobrexplotaran todo (ver nota aquí).

Las anteriores cifras de exportación de Chile contrastan con las de Noruega, quienes con un desembarque igual que Chile, de 1,5 millones de tons. por año de la mano de una fuerte inversión en ciencia y en I+D por el sector privado, industrializa sus recursos pesqueros para destinarlos a la alimentación humana saludable directa con un valor de aprox. 3.500 millones de dólares, sin contar en esa cifra su porcentaje de participación sobre las exportaciones de productos terminados de Omega-3 global cuyo mercado alcanzó los 44,2 mil millones de dólares el año 2019 (ver información acá).

El rol del Estado y CORFO -norma Constitucional- para sacarnos de encima el neoliberalismo extractivista

Tenemos claro el diagnóstico que los grupos económicos extractivistas solo pueden hundir al país en el atraso tecnológico y económico, de allí que surge la pregunta si existe salida al anterior círculo vicioso de las últimas décadas y la respuesta es sí, ya que justo por estos días la economía global está ante el desafío de sustituir la vieja forma de hacer negocios a costa del medioambiente y cambio climático, por fórmulas de bioeconomía de la mano de respuestas amigables con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Chile tiene capital humano de excelencia, universidades capaces de alinear al país a las últimas tecnologías y recursos naturales renovables de carácter estratégico, lo que es terreno fértil para enormes posibilidades de saltar de la vieja industria contaminante y de productos de bajo valor, a la bioeconomía de punta tecnológica. El otro recurso de carácter estratégico que posee el país es CORFO, una institución estatal que por 50 años el neoliberalismo extractivista la utilizó para beneficio de los grandes grupos económicos y para los negocios fáciles de sus cabecillas ideológicos, pero que antes, por 50 años, lideró la industrialización siendo reconocida a nivel global por su carácter de frontera en su tiempo (Mazzucato, autora del Estado Emprendedor).

De allí que la misma debe y puede recuperarse para una nueva estrategia manufacturera del Siglo XXI que posicione al país en un lugar de liderazgo, que direccionada en forma correcta al igual que los capitales que tiene comprometido en la industria de Fondos de Capital de Riesgo, pueda hacer un giro a la irrupción de nuevos emprendimientos y de nuevos sectores manufactureros intensivos en tecnologías limpias: biotecnología, energías verdes y renovables; economía circular, industria de nutracéuticos, biomedicina, etc., etc.

Los Derechos de la Naturaleza, una norma constitucional a la que se resiste el neoliberalismo-extractivista

Las pymes del sector pesquero hemos sido víctimas de primera línea del neoliberalismo-extractivista y por lo mismo deseamos advertir que abordar estas normas constitucionales desprovistas de un carácter vinculante con el derecho de propiedad, con el rol del Estado, la Justicia, Contraloría, transparencia de la información, Ciencia y conocimiento, etc., sería más que una ingenuidad, ya que tal divorcio no ocurre en la realidad.

Constituyentes como Cristina Dorador advierten que “hay mucha gente que no piensa que lo que se explota son realmente seres vivos y ecosistemas, se ven como ambientes inertes donde vale solamente el mineral, pero no se considera la vida”, lo que aplica de principio a fin a los grupos económicos pesqueros -7 Familias- que por décadas han devastado en forma demencial nuestros ecosistemas marinos y su invaluable biodiversidad.

Vale destacar que para el neoliberalismo-extractivista que sostienen los grandes grupos pesqueros, la “libertad económica” no debe tener como impedimento hacerlo a costa de la biodiversidad parte de los ecosistemas marinos, ya que estos son recursos cuya explotación sirve para dar empleo. Discurso majadero defendido por las asociaciones empresariales que controlan los grandes grupos pesqueros y que les sirve para encubrir la acumulación acelerada de capital.

El perfeccionamiento de la arquitectura constitucional y legislativa detrás del “derecho de propiedad” y los “derechos económicos” a favor de los grupos económicos, ha sido una preocupación preferente de los anteriores, por ello han invertido cifras millonarias en financiamiento a la política para hacerse de leyes hechas a su medida y que de transgredirlas sean castigadas con penas ridículas o se considere legal, queden en la impunidad y no sean investigadas. De allí que cada vez que los ciudadanos y las pymes hemos recurrido al Congreso, Contraloría, los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Ambiental o la Fiscalía Nacional Económica para intentar impedir la devastación pesquera, en todos los casos esos reclamos no han prosperado salvo excepciones y a medias.

Norma Constitucional que proteja a la Naturaleza como sujeto de derechos debe obligar al Estado a recuperar los ecosistemas marinos y terrestres, y a los territorios devastados y contaminados

Vale destacar que una norma constitucional debe garantizar, limitar y promover un derecho, por lo mismo y ante tamaña devastación medioambiental que ha sufrido Chile en los últimos 50 años, darnos un Estado robusto resulta crítico si queremos garantizar la recuperación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad devastada, ya que se requerirá de décadas y de una fuerte inversión pública en ciencia y desarrollo de conocimiento para restaurar y resguardar los bienes comunes arrasados.

Por otro lado como sociedad tenemos la tarea de promover que estos derechos se enraícen como nuevos paradigmas para el país y consigan internalizarse por instituciones como: Subpesca, SEIA, Sernapesca, IFOP, Contraloría y Universidades, y cambiar una cultura de medio siglo que normalizó al interior de todas ellas el discurso neoliberal-extractivista que justificó que la devastación socio-medioambiental era el daño colateral si se quería dieran empleo y crecimiento.

La Naturaleza como un sujeto de derechos, que incorpora la cosmovisión de los pueblos indígenas y el principio biocéntrico, es un reconocimiento a la larga lucha de resistencia de los territorios y de diversos colectivos ciudadanos (Freirina, Aysén, Magallanes, Chiloé, Quintero, La Araucanía, etc.), por colocar al centro de la discusión pública este derecho fundamental el que fue votado favorablemente por la mayoría de la Convención.

Ahora queda que la Nueva Constitución empodere la participación ciudadana y no tan solo al Estado, de tal manera de dar garantías al país que la Naturaleza tendrá en la ciudadanía organizada un aliado incondicional para recuperar su vida saludable y sostenibilidad a largo plazo, la cual nunca se le debió vulnerar y poner en riesgo de colapso.