Piden a la OEA una Relatoría para terminar con violaciones a los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual

La creación inmediata de una relatoría que pueda promover, mediante la investigación y recopilación de evidencias, la redacción de las resoluciones necesarias para cesar con la violación de los DDHH de las personas que ejercen el trabajo sexual, fue la solicitud realizada ante la OEA por la Coalición por los Derechos de las Personas que ejercen el trabajo sexual en las Américas.

«¿Los gobiernos de la región, realmente van a trabajar para que no quede nadie atrás, según lo propone la Agenda 2030? Es la tercera vez que nos dirigimos a esta asamblea. Hasta ahora, no hemos visto ningún hecho concreto que demuestre interés en nuestras peticiones», partieron señalando desde la organización.

«La pandemia del COVID recrudeció las violaciones a nuestros derechos humanos: la falta de reconocimiento de nuestro trabajo nos dejó desamparadas de cualquier política pública de asistencia y nos obligó a romper normas de aislamiento para salir a trabajar en plena pandemia. Nos vimos en la disyuntiva de quedarnos en nuestras casas sin dinero para alimentarnos, pagar nuestros servicios y rentas, o salir a buscar el sustento y padecer la violencia de parte de las fuerzas de seguridad, que desataron las peores represiones», agregaron.

En este punto, detallaron que de acuerdo al sistema de relevamiento sobre violencias hacia las trabajadoras sexuales, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron 1270 casos de violaciones de derechos en 14 países de la región, muchos de los cuales tienen una relación directa con las medidas de confinamiento, que fueron aprovechadas por las fuerzas de seguridad para incrementar su represión.

«El 40% de los casos ocurrieron en las calles, mientras que el 26% se dieron en los lugares de trabajo. En más de la mitad de los casos (54 %) los autores fueron funcionarios públicos, solamente el 15% de las informantes interpusieron una denuncia formal; 9 de ellas obtuvieron una respuesta del sistema, y sólo 3 de estas respuestas eran para la protección de sus derechos», aseguran desde la Coalición.

En ese sentido, recordaron que nos encontramos en el continente «de mayor desigualdad y el COVID no afecta de la misma manera a todas las personas. Los niveles de pobreza son alarmantes y en este contexto nosotras seguimos sin ser consideradas como sujetas de derecho».

Otra de las problemáticas que se recrudecieron en la zona es la movilidad migratoria de las personas que, por motivos económicos, de violencia e inestabilidad política, son violentadas y sus derechos se ven avasallados: «Escuchamos decir que hay posiciones abolicionistas hacia nuestro trabajo, pero lo que sucede en la realidad es que adoptar las medidas que promueven los sectores abolicionistas sería erróneo. Nos están exterminando y los Estados deben garantizarnos el derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, al trabajo y, sobre todo, a la libre elección sobre nuestros cuerpos», advirtieron.

«Insistimos en que las y los funcionarios de la OEA, de las Naciones Unidas y de otros mecanismos regionales no pueden desconocer sus mandatos y anteponer sus posiciones personales. Eso, en la práctica, nos excluye de poder discutir las políticas públicas, recomendaciones e incluso legislaciones que nos reconozcan derechos negados», afirmaron.

Por todo lo anterior, solicitaron a la Asamblea General «que ordene la creación inmediata de una relatoría que pueda promover, mediante la investigación y recopilación de evidencias, la redacción de las resoluciones necesarias para cesar con la violación de los DDHH de las personas que ejercemos el trabajo sexual, para construir así, una verdadera América renovada e inclusiva».

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