Roberto Campos Weiss: «La educación que queremos»

La relación entre Estado y Educación es un tema clave a nivel de país. Profundizar en ella y los desafíos pendientes desde la perspectiva de los derechos sociales y del buen vivir, requiere comprender el actual momento educativo como el resultado de un proceso en desarrollo que, con variados elementos históricos, se encuentra inmerso dentro de otros procesos de transformaciones sociales y políticas. 

Desde esta perspectiva, es necesario tener presente que las transformaciones educativas en la década del ‘60 e inicios de los ‘70s constituyen un proceso modernizador de la Educación desde una mirada de lo público, considerando los profundos cambios culturales de la época y el énfasis expansivo de la educación como derecho social para todas las personas. En oposición, las transformaciones educativas en Dictadura intencionan los cambios hacia un sentido conservador de lo educativo y el control social de las ideas. En ese proceso y momento histórico, las estrategias educativas se implementan en coherencia con la lógica del mercado, contienen una reconceptualización del Derecho a la Educación y lo transforman en un derecho individual dentro del mercado. Esto permite sustentar ideológicamente un modelo de libre mercado que, profesando la libertad de enseñanza, incorpora un sistema de voucher o pago desde el Estado a los sostenedores de las instituciones educativas. Con ello, se cristaliza un trato sin diferencia entre la educación privada y pública, ubicando al Estado fuera de la construcción de políticas públicas en Educación.

Conjuntamente, la transformación de la Educación en Dictadura incluye también mecanismos de evaluación estandarizados de los estudiantes, como el SIMCE, que en los gobiernos Post Dictadura se perfecciona en la misma línea neoliberal general del país, profundizando sus consecuencias. En efecto, los gobiernos de los 30 años no dan una dirección diferente a la Educación, sino que sólo reducen la política educativa a programas o ajustes al modelo, al tiempo que los resultados del SIMCE se publican e incluso establece un ranking que se promociona en la prensa, sin tener ninguna consideración con las distintas realidades de las escuelas o de los estudiantes que atienden. Adicionalmente, en este periodo se implementan mayores aportes económicos a los sostenedores a través de la Ley SEP y sus derivados, con lo cual el mercado educativo se expande en cobertura, pero continúa manteniendo la abismante segregación escolar propia de un modelo de mercado. 

Asimismo, en este periodo post Dictadura se incorpora mayor regulación al mercado educativo con la Ley 20529 y la instalación de instituciones como la Superintendencia y la Agencia de Calidad de la Educación. En esta línea, si bien esta ley es una respuesta a las demandas estudiantiles del ciclo 2006 y 2011 – 2012 por una educación de calidad, pública y gratuita, en la práctica, la legislación que se implementa posiciona al Estado como evaluador del mercado educativo y no como un reconstructor de la Educación Pública. Cabe mencionar, que esto no resulta un sinónimo de calidad, puesto que el SIMCE, por un lado, no tiene consecuencias inocuas a nivel de la gestión escolar y, por otro, no tiene impacto en la mejora educativa. 

En cuanto a las consecuencias del SIMCE a nivel de la gestión escolar, constituye el principal criterio en la categorización del desempeño de los establecimientos. En ello, siempre existirá un porcentaje de escuelas y liceos en Nivel Insuficiente, debido a estas categorías se construyen en base a una distribución estadística normal. Conjuntamente, la mantención de los establecimientos en Categoría Insuficiente durante 4 años, significa para éstos la pérdida del reconocimiento oficial del Mineduc y consecuentemente, el aporte vía vouchers por concepto de asistencia media de los estudiantes. 

Por consiguiente, salir de la categoría Insuficiente es una tarea indispensable de algunos establecimientos educativos que resisten la posibilidad de perder su condición. No obstante, considerando que el ordenamiento estadístico de los establecimientos coincide mayoritariamente con el nivel socioeconómico de los estudiantes, los efectos que la categorización tiene en el funcionamiento interno de las escuelas resultan muy complejos. Esto, porque la evidencia indica que los resultados en las pruebas estandarizadas responden a variables que sobrepasan el ámbito escolar o la sala de clases.  

Todo lo anterior, es parte de las grandes tensiones evidenciadas en las movilizaciones sociales del ciclo 2011 a 2019. Se trata de una gran crisis educativa, en la que no se puede soslayar la segregación escolar y la desigualdad inherentes al mercado y donde el problema de la calidad no queda resuelto con la incorporación de las instituciones evaluadoras del Estado. Si a eso se agrega la pandemia y cómo en este periodo, además, se agudizan otras problemáticas, como el agobio escolar y la pérdida de sentido de estudiantes y docentes, la crisis educativa en la actualidad incluye la deslegitimidad resultante de un Estado sin un rol educador, junto a una crisis de funcionamiento por el abandono de las escuelas y liceos en este periodo de Covid 19. 

Este panorama no es muy alentador. No obstante, quizás es necesario volver a la pregunta inicial: ¿qué educación y sociedad queremos y cuál es el rol del Estado en ese querer? La respuesta no es tan sencilla, aunque al menos ya hay algunos pasos avanzados que se vislumbran en la comprensión de que es necesario aprender con las tecnologías, para cuidar el medio ambiente y lograr una vida buena. 

Por consiguiente, imaginar la Educación del siglo XXI requiere repensar también el rol del Estado. En esta línea, pareciera ser que al menos está medianamente claro que el SIMCE o un currículum escolar nacional, único y rígido, en ocasiones escasamente pertinente con la realidad de las escuelas y liceos, son aspectos necesarios de corregir. Sin embargo, para avanzar en un nuevo Estado de Derechos Sociales, Educación incluida, necesita reposicionar al Estado como principal figura a cargo de la política educativa, abandonar la lógica de los ajustes específicos y priorizar en el qué aprender aquellos aprendizajes vinculados con el arte, el deporte y el uso de la ciencia para una vida sustentable.

En síntesis, avanzar en una Educación para el siglo XXI, significa comprender lo educativo desde el valor de lo Público y como un sistema de desarrollo de la vida y para la vida, es decir, del BUEN VIVIR.