El Presidente Piñera tiene a su ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, impulsando un programa, apoyado por FIA, SAG, ACHIPIA y la subsecretaría de agricultura, y financiado con fondos públicos para aumentar el uso de plaguicidas en la producción convencional de hortalizas, tanto para la exportación como al mercado interno. Ello contrasta con su discurso público sobre sustentabilidad y el llamado que hiciera la ONU en 2020 a los gobiernos a proteger la biodiversidad debido a que su pérdida amenaza todos los ámbitos, incluida la salud ambiental y humana. Las y los productores agroecológicos e indígenas carecen de todo apoyo para resolver entre otros, el acceso al agua, a semillas tradicionales, y a mercados locales. Pero este año 2021, el agronegocio hortalicero, que incluye destacados agroexportadores, tendrá fondos del Estado para la realización de 40 ensayos con plaguicidas hasta ahora no utilizados por ellos, y el sector recibirá luego certificaciones de uso, para que puedan disponer de más agrotóxicos y ser “más competitivos”. El año 2022 habrá un nuevo proceso de licitación para continuar con la ejecución de ensayos de eficacia para ampliar los usos permitidos.
De acuerdo con el último reporte RIAL de alertas alimentarias de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, ACHIPIA, el rubro Frutas y Hortalizas Frescas fue el que acumuló la mayor cantidad de notificaciones en Chile en 2018 y todas correspondieron a peligros relacionados con la presencia de residuos de plaguicidas que exceden los límites permitidos o de plaguicidas no autorizados. Del total de notificaciones para este rubro, un 75% (111/147) correspondieron a hortalizas frescas.
Las notificaciones se refieren a los peligros detectados en alimentos como resultado del control que realizan en Chile los servicios competentes, así como los peligros detectados en alimentos exportados, los que han sido informados por autoridades competentes de terceros países.
Según ODEPA, en 2020 el sector exportó 258.340 toneladas de hortalizas y tubérculos tanto primarios como procesados, por un valor de US$ 263.964.000, siendo la cebolla y los ajos los rubros primarios más importantes. En ese mismo periodo la importación de plaguicidas alcanzó a las 74.034 toneladas por un valor de US$ 371.411.000. Con un aumento en 2020 de un 10,4% respecto al año anterior, en el periodo enero-octubre.
Subsidios a Bayer/Monsanto
Los hortaliceros aumentan así sus ganancias gracias a este subsidio encubierto del Estado, mientras los daños a la salud y el ambiente, los paga toda la población, especialmente las comunidades rurales que serán las más afectadas por un mayor uso de agrotóxicos. Detrás de esta iniciativa está el firme apoyo y lobby de las transnacionales productoras de plaguicidas como BayerMonsanto, Syngenta y Corteva, junto a sus filiales y aliados chilenos. El paso inicial en estos ensayos es detectar qué plaguicidas del registro del SAG no tienen autorización para su uso en hortalizas, con el fin de cambiar aquello.
El SAG no muestra preocupación alguna por reducir el registro de plaguicidas y avanzar a minimizar los riesgos por exposiciones y los efectos negativos de carácter agudo o bien crónico de plaguicidas altamente peligrosos (PAPs), que afectan a las personas, especialmente a los niños y niñas y a temporeras agrícolas. En rigor a SAG no le preocupan las abejas, los polinizadores, el ambiente ni la sostenibilidad productiva del sector agrícola en tiempos de cambio climático, y hace oídos sordos a las recientes advertencias de la ONU y los científicos sobre la necesaria adaptación a ello.
La gestión del SAG se caracteriza por ignorar las orientaciones de la FAO y la tendencia mundial actual tendiente a la reducción y/o prohibición de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP y HHPP por sus siglas en inglés).” Este doble subsidio a la industria química y los productores es parte del menú principal en la Mesa de “Agilización de Normativas” que funciona desde 2019 con el objetivo de establecer mecanismos para promover la ampliación de uso de los plaguicidas ya autorizados por SAG. Cabe señalar, que, en la mencionada mesa de agilización de normativas, no participa la sociedad civil.
Todo de nuevo
El SAG descubrió así la manera de torcer la nariz a los resultados de una consulta pública realizada en noviembre de 2020 (cerrada en enero de 2021 que apuntaba a lo mismo: “agilizar” las solicitudes de registro de la industria de agrotóxicos. La denuncia pública de RAP-Chile junto a organizaciones socioambientales impidió el avance de esa modificación que el anterior ministro de agricultura Antonio Walker, había preparado antes de renunciar a su cargo. María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, argumentó entonces que el objetivo allí señalado de disponer de más sustancias activas carecía de sentido, ya que Chile en 2019 ya contaba con cerca de 400 principios activos cada uno con una cantidad importante de marcas comerciales, incluidos 114 plaguicidas altamente peligrosos, 51 de ellos con efectos cancerígenos en humanos. El número es similar al registro de países como Argentina, Brasil y México que tienen superficies cultivables mayores a la de Chile. Aumentar más la disponibilidad se aleja de las recomendaciones globales respecto de avanzar a la necesaria reducción del uso de plaguicidas y su reemplazo por alternativas no químicas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y sean seguras para la salud humana, la biodiversidad y el ambiente. El SAG no logró a comienzos de año cambiar la norma para dejar en manos de los dueños del negocio agroquímico y la agroindustria, la facultad de priorizar y decidir qué plaguicidas quieren o necesitan registrar. Ahora busca cumplir ese objetivo por la vía de ampliar el uso de los plaguicidas independientemente de que estén o no aprobados en otros países.
Tal como hizo ver la Contraloría General de la República recientemente, SAG en vez de evaluar en forma rigurosa e independiente los plaguicidas que se comercializan, persiste en fomentar el aumento del uso de plaguicidas altamente peligrosos, incluso si están prohibidos en otros bloques con los que Chile comercia, como la Unión Europea.
Esta costumbre del sector privado de ser subsidiado por el Estado se expresa también en otros sectores relacionados con la agricultura. Con el equívoco título “Cambio Climático y Sostenibilidad Agroalimentaria”, agrónomos del sector biotecnológico y agroquímico, Juan Izquierdo, Miguel A. Sánchez, de las corporaciones transnacionales Bayer/Monsanto (CropLife), y Rodrigo Cruzat, del consorcio Biofrutales, entre otros, enviaron tiempo atrás una extensa carta y artículo a El Mercurio (31.08.21) con el objetivo de que el Estado siga privilegiándolos con más recursos públicos para el desarrollo de sus programas de mejoramiento genético. También buscan impulsar una institucionalidad que favorezca sus intereses. CORFO ya ha destinado 19 mil millones en subsidios para sus 26 proyectos biotecnológicos, que les han reportado cinco solicitudes de patentes y una marca registrada con ingresos por más de 40 millones de dólares.
El informe de Naciones Unidas sobre cambio climático no parece ejercer un efecto disuasivo a este sector impulsor de la agricultura industrial y transgénica, actividades insostenibles, por ser una importante fuente responsable de las emisiones de carbono. También son responsables de la reducción de la agrobiodiversidad y de contaminación por uso intensivo de plaguicidas como glifosato, altamente peligrosos por sus efectos cancerígenos, y glufosinato de amonio, prohibido en la Unión Europea, tóxico para la reproducción, según el Sistema Global Armonizado de Etiquetado.
Según datos publicados en un proyecto Fondecyt adjudicado al citado M.A. Sánchez, y citados en la revista New Biotechnology, Vol. 33, al año 2016 el Estado había destinado más de US$16 millones a proyectos realizados por consorcios y programas de mejoramiento genético que apuntan principalmente a la investigación y desarrollo de cultivos transgénicos, como pino, eucaliptus y álamos, así como la manipulación genética de papas, melones, uvas, cerezos y melocotoneros. Sin embargo, en el mismo periodo, no hay aportes de importancia para la Agricultura Familiar Campesina, que alimenta a toda la población y es el estamento más relevante del sector agrícola nacional, la ruralidad y sus territorios. Respecto de las semillas, los proyectos de recuperación suelen carecer de cláusulas que aseguren su libre uso y disposición por las comunidades de origen y la resguarden de posibles privatizaciones. No hay proyectos ambiciosos con fondos públicos que apunten a la recuperación de semillas tradicionales, pese al hecho que estas tienen resistencia natural a condiciones climáticas adversas; tampoco hay apoyos de envergadura para la promoción y desarrollo de la agricultura orgánica o agroecológica, que son herramientas útiles para adaptarse, mitigar el cambio climático y producir alimentos sanos además de revalorizar los mercados de cercanía que reducen el transporte y las emisiones de carbono.
María Elena Rozas
Lucía Sepulveda
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Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, RAP-AL
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