Comisionado de la Verdad Leyner Palacios: «El acuerdo es la garantía para que mucha gente pueda seguir viviendo, sobre todo, sin miedo a la muerte»

A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, Leyner Palacios, comisionado de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, departamento de Chocó, en diálogo recordó lo vivido el 2 de mayo de 2002 y pidió que se respete y se cumpla lo pactado en La Habana.

Con el recuerdo amaga la nostalgia, usualmente. Y en ese ejercicio, Leyner Palacios, Comisionado de la Verdad, recurre al archivo del tiempo para hablar de lo que era Bojayá, municipio de Chocó, departamento colombiano en el que el ausentismo del Estado ha sido una cuestión de siempre, un lugar que colinda con el océano Pacífico y Panamá, y con otras regiones más ricas del país, y en el que los afrodescendientes e indígenas han sobrevivido en medio de la pobreza y la guerra.

Pero no siempre fue así, al menos cuando se habla del conflicto armado, pues Palacios resalta que de niño Bojayá era muy tranquilo. Y que pasaba sus tardes a la orilla del río Atrato haciendo pelotas de fútbol con pepas de algodón y, de cuando en cuando, yendo hasta el punto más alto para divisar una selva intacta. O bailando al ritmo de la chirimía con los pies descalzos.

«El olor a monte y a medicinas tradicionales sigue en mi memoria. Uno veía canoas repletas de racimos de plátano subiendo por el río hasta Quibdó, la capital. El agua era cristalina, las casas de madera permanecían con las puertas abiertas y todos hablaban con todos», rememoró.

Sin embargo, todo cambió y Palacios dejó de ver a los peces luchar corriente arriba para visualizar cuerpos humanos, o pedazos de estos, ir río abajo. «Esa imagen generó un choque muy fuerte en mis adentros».

Palacios tenía 24 años (noviembre de 2001) cuando, junto a un grupo de líderes, creó la Declaración por la Vida y por la paz y, coraje en mano, le presentó el documento a la guerrilla de las FARC, grupo que por esa época estaba asentado en Bellavista —la cabecera municipal de Bojayá—, un lugar estratégico para el dominio de las rutas del narcotráfico. En ese entonces ya mostraba habilidad para el discurso y el diálogo, y la elocuencia de quien quiso ser maestro en una región en la que ni siquiera había recursos para comprar las tizas del tablero.

«Se la leímos a la gente de las FARC, pero dijeron que no se iban a mover, y que las agresiones contra la población civil no iban a cesar». Meses después aparecieron los paramilitares en pangas (lanchas), por el río Atrato, y con el objetivo de disputar el poder en la zona con las FARC. El miedo se interpretó en el silencio de todas las soledades, en el sentir un olor: el de la muerte.

«Tomamos el mismo documento, que había sido construído con base en el Derecho Internacional Humanitario, y se lo presentamos a Camilo, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. De pronto, el tipo se levantó, sacó la antena de su radio, habló en palabras clave y salió corriendo. Nos quedamos 15 minutos absortos, algunos temblaban del susto de caer en el fuego cruzado», recordó Palacios.

Curiosamente, un día después, el primer muerto de tantos muertos que hubo fue Camilo. Palacios vio el cadáver en el Centro de Salud de Bellavista y entendió que era el comienzo de una guerra sin límites, de un conflicto que tuvo su momento más cruel el 2 de mayo de 2002 con la guerrilla lanzando cilindros bomba para arremeter contra los paramilitares. Pero fue la población civil la que se llevó la peor parte. Uno de ellos impactó en la iglesia, repleta de gente (niños y ancianos) arrinconada por el temor, y generó una de las masacres más grandes en la historia del país.

«El ruido de las detonaciones y los silbidos de los disparos se hicieron desesperantes. Vimos la llamarada salir de la iglesia y no pudimos socorrer a nuestros familiares y a los vecinos. Salimos despavoridos para Vigía del Fuerte, municipio antioqueño, porque nos iban a matar, pero antes les dijimos a las Autodefensas Unidas de Colombia, que estaban en el casco urbano, que nos dejaran auxiliar a los heridos, que había gente viva, pero nos respondieron con ráfaga de fusil». Leyner Palacios Comisionado de la Verdad.

Palacios volvió el 3 de mayo, 24 horas después del ataque, cuando ya el sol calcinante de la tarde y el aguacero torrencial de la noche mermaron las fuerzas de la gran mayoría de sobrevivientes. «Recuerdo los chorros de sangre, algunos arrastrándose y pidiendo ayuda. Sentí impotencia porque las FARC y las AUC no nos dejaron salvar a nuestros hermanos, y esa es una herida que queda para siempre». En total fueron 79 personas fallecidas, 48 de ellos niños.

Trabajando para que el pasado sea el cimiento de un mejor futuro

El 29 de septiembre de 2020, Leyner Palacios fue nombrado comisionado de la verdad entre 28 candidatos y tras la muerte de la comisionada Ángela Salazar por COVID-19. La Comisión de la Verdad, que hace parte del Sistema Integral para la Paz junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), y que surgió como resultado de la firma del Acuerdo entre el Estado y las FARC, tiene como misión «esclarecer los patrones y las causas explicativas del conflicto armado en Colombia».

En lenguaje más sencillo: vislumbrar la tragedia que ha vivido el país, hablar con las víctimas y victimarios, y documentar lo sucedido en más de 50 años. Una mirada multidireccional, una escucha activa, un recordar doloroso, pero necesario, incluso sanador.

«El 10 de octubre de este año estuve en Bojayá, con mi gente, y quedé consternado. Las personas siguen asustadas. Si bien se fueron las FARC, la guerra sigue allí, con otros rostros, llámese Ejército de Liberación Nacional (ELN), nuevos grupos paramilitares o narcotraficantes. El desplazamiento aumenta por las amenazas y no hay garantías de no repetición», denunció el comisionado.

Palacios cree que este Gobierno no ha puesto en marcha, como se debe, las medidas que favorecen a las víctimas y por eso los críticos del acuerdo aseguran que son los victimarios los que han tenido más beneficios.

«Existen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, una herramienta importantísima para solucionar los problemas de salud, educación y para ir acabando con la desigualdad en las regiones más afectadas por el conflicto. Hay 170 municipios en Colombia que siguen esperando que esto se lleve a cabo, pero esta democracia no ha querido darles la oportunidad. No implementar el acuerdo es condenar a la muerte a muchas regiones de Colombia», advirtió.

Por último, y cuando se cumplen cinco años de la firma este 24 de noviembre, Palacios hace un llamado a que se respete lo que con tanto esmero se construyó, que se piense en la población vulnerable, en los que realmente han pagado con su vida la inoperancia de un Estado lejano, que nunca pudo imponer su soberanía en las regiones afectadas por la violencia.

«Hay que ser solidarios. Y no cuando el daño ya esté hecho, sino desde antes. Invito a que todas y todos seamos conscientes de que el acuerdo es la garantía para que mucha gente pueda seguir viviendo, sobre todo, sin miedo a la muerte», concluyó.

Cortesía de Camilo Amaya Sputnik