La ley 18.450, más conocida como la Ley de Riego, es una normativa creada en 1985 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Esta norma busca fomentar la inversión privada en obras de riego y drenaje a través de subvención estatal.
Esta ley, que se esconde bajo la consigna del progreso y desarrollo, ha significado más que millonarios subsidios estatales a grandes empresas agroexportadoras para riego en el marco de su expansión industrial. Con una política de gestión hídrica que ha recibido diversas denuncias por su ineficacia, acaparamiento y afectaciones socio ambientales, en desmedro de sectores campesinos.
La ley ha sido prorrogada dos veces en democracia, y se supone que su vigencia culminaría el 4 de diciembre de este año. Sin embargo, los planes del presidente Sebastián Piñera eran otros, ya que envió un proyecto de prórroga a las comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos para extender este mecanismo por 12 años más.
El proyecto aún se sigue tramitando en el Senado. Sin embargo, fueron varias y varios los senadores de oposición en las comisiones especialistas los que manifestaron su preocupación por la rapidez con la que se les está exigiendo despachar la Ley 18.450.
Avances y dudas en la sesión
Durante la tarde de este miércoles la Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía sesionó para aprobar y rechazar indicaciones realizadas al proyecto de riego y drenaje, que históricamente ha beneficiado a los grandes empresarios agroexportadores como Juan Sutil, Juan Bilbao y recientemente descubierto el grupo Luksic.
Los senadores que participaron de esta comisión unida fueron la senadora Carmen Gloria Aravena (IND), Claudio Alvarado (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Álvaro Elizalde (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Órdenes (IND), Juan Castro (RN), Loreto Carvajal (PPD), se ausentaron los senadores José Miguel Durana (UDI), Rafeal Prohens (RN).
Durante la sesión quedaron aprobadas las indicaciones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11a,17,18,18a y 24. El contenido de algunas de ellas hacía referencia a cambiar el término de «soberanía alimentaria» por «responsabilidad alimentaria» en el proyecto de ley. Además, se agregó que dentro de las variables a evaluar en los proyectos que concursen por estos fondos estos no afecten a los humedales y turberas existentes; y se pondere la reducción de extracción de agua desde la cuenca como factor.
Si bien las indicaciones aprobadas parecieran estar contribuyendo a la redacción de un proyecto de ley más armónico con el medioambiente, y responsable con la crisis hídrica y el cambio climático, la sesión no estuvo exenta de debate. Por ejemplo, cuando se abordó la indicación 24, del senador Castro.
El proyecto, desde la cámara baja planteaba que “En ningún caso se podrá beneficiar individualmente a personas naturales o jurídicas que en total posean, de forma directa o a través de sociedades matrices o filiales, más de 200 hectáreas agrícolas de riego ponderado». A lo que el senador de derecha sugirió reemplazar la palabra “individualmente” por “en proyectos intraprediales”. Pese a que se aprobó este cambio, no todas y todos los senadores quedaron convencidos con la explicación del mismo.
«Ha faltado información, ha faltado un cuadro claro con los números precisos que nos diga a qué equivale la hectárea ponderada (…) No se comprende. Se entiende que es distinto territorialmente un secano que una hectárea en el sur, pero lo que no me queda claro es este instrumento. Ahí está la madre de nuestros problemas. Al final no se entiende bien cómo estamos garantizando quienes son el foco de este proyecto», indicó la senadora Allende.
Cultivo en laderas
Pero sin duda, el punto que generó mayor debate en la sesión fue el cultivo en ladera, que tanto ha propiciado el monocultivo frutal y la sequía de los suelos. El proyecto de ley aprobado por la cámara de diputado establecía que «no tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas o que afecten vegetación nativa.»
Sin embargo, la indicación 35 y 35A, del senador Castro y el presidente Piñera, respectivamente, buscan reemplazar esa parte del escrito por «No tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas que no cumplan los parámetros del Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas de Manejo de Suelos en Laderas, o el instrumento que lo reemplace, y de la resolución conjunta de los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente. Tampoco tendrán acceso a las bonificaciones de esta ley los proyectos que contravengan lo dispuesto en la ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.»
Lo anterior significaría un retroceso con respecto a la versión de la cámara de diputados y diputadas que prohibía tajantemente ese tipo de cultivo para ser beneficiario de este programa. Fue en virtud de aquello que senadores y senadoras de oposición se levantaron contra la indicación, y argumentaron la importancia de analizar más en profundidad este punto para no seguir favoreciendo proyectos que propician la sequía en las comunidades y en desmedro del medioambiente.
«Yo creo que aquí lo que estamos haciendo es abrir paso a institucionalizar el cultivo en ladera. Es cierto que es un avance teniendo por lo menos al ministerio de Medioambiente, pero es un retroceso en relación a lo que aprobó en la cámara de diputados. Muchas veces estos cultivos en ladera se han transformado en una sobreexplotación, que ha significado dejar sin agua a la gente que está en los alrededores, eso es inadmisible. No hay norma que regule la sobreexplotación, puedo comprar todos los cerros que quiera si tengo el patrimonio, desforestarlos y plantar paltos, y la pregunta es ¿Qué estamos haciendo actualmente por las familias que no acceden al agua?«, sentenció la senadora Allende.
En esta misma línea, el senador Latorre, preocupado por el estándar medioambiental que algunos buscan proteger en la nueva ley, argumentó: «Yo creo que los nuevos cultivos en ladera deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, ese debería ser el estándar en el actual contexto de crisis climática ecológica. Si bien un manual y las resoluciones son un avance con respecto a lo que tenemos hoy, sigue quedando por debajo de un estándar deseable. Sabemos los impactos ambientales que han producido los cultivos en ladera arrasando vegetación nativa, asociados en algunos casos incluso a incendios intencionales, desmonte con maquinaria pesada, cambio de uso de suelo desde vegetación nativa a monocultivo frutales. Creo que hay demasiada evidencia en las última décadas de lo nefasto que han sido los cultivo en ladera, y me parece que el estándar debería ser otro.»
En tanto, la senadora ex Evopoli, Carmen Gloria Aravena, quiso dirigirse a las y los senadores de oposición que argumentaron contra el cultivo en ladera. «Este proyecto se ha ido vinculando a la pequeña agricultura, y justamente cuando estamos diciendo en algunos discursos que vamos a pedir estudios de impacto ambiental todos sabemos el costo que ellos tienen. Como bien dijo el senador Pizarro, la pequeña agricultura requiere muchísimo apoyo y, en escrito rigor, los grandes empresarios dueños de laderas van a hacer esto exactamente igual porque no van a requerir de estos fondos. No nos perdamos en cuál es nuestro sujeto de atención. A quienes queremos ayudar. No nos neguemos a ver todas las implicancias que tienen estos artículos«, señaló.
Debido a la extensión del tiempo y a la petición de las y los senadores, la votación sobre la indicación de cultivo en laderas quedó en suspenso hasta la próxima sesión, el miércoles que sigue. Esto con el fin de encontrar una respuesta óptima, que satisfaga las necesidades sociales y ambientales en los territorios y agricultores que se postulen a este proyecto que involucra la inyección de fondos públicos.
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