Convencionales ingresan norma constitucional de derecho humano al agua y su saneamiento

Durante la mañana de este jueves fue presentada la iniciativa popular de norma que busca garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento.

En la Minuta Agua y Nueva Constitución, presentada por las y los convencionales que adscriben a esta iniciativa de norma, se problematiza sobre lo que ha significado la privatización de este esencial recurso para las diferentes comunidades y territorios de Chile.

«La privatización de las aguas ha sido el preámbulo de la destrucción de los ecosistemas en Chile, generando un mercado de las aguas que ha circunscrito el necesario derecho humano  al agua a bienes transables, es así como localidades como Petorca se convierten en símbolos de la marginalidad del agua, de la futura extinción, no  solamente por razones climáticas, sino más bien por acción humana», señalan en su introducción.

Según el mismo documento Chile cuenta con una disponibilidad hídrica nacional en torno a los 9.245 metros cúbicos por habitante al año. Sin embargo, desde la Región Metropolitana hacia el norte, el promedio baja drásticamente a los 639 metros cúbicos  por habitante al año, llegando incluso en algunas regiones a los 200 metros cúbicos, un fuerte contraste frente a los más de 169.500 metros cúbicos por habitante de la zona sur, en su punto más álgido.

En la actualidad, la agricultura significa el 73% de las extracciones de agua a nivel nacional; las hidroeléctricas representan el 35% de la matriz energética, con todo el impacto ambiental que traen consigo; en tanto, los usos industriales representan el 12% de las extracciones totales de agua, donde el sector minero concentra el mayor porcentaje de estos, con un 9%.

«Entender a las aguas como parte del proceso de la producción económica ha implicado una regulación insólita en el mundo: los Derechos de Aprovechamiento de Aguas cedidos a perpetuidad afectan gravemente el medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Derecho Humano al Agua establecido en la Resolución de la  Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010 (…) urge aprovechar este proceso constituyente para establecer los cambios transformadores que permitan establecer un nuevo régimen de aguas«, establece el escrito.

Recuperar el Agua en la Nueva Constitución

La iniciativa de norma por el derecho humano al agua y su saneamiento se enmarca en la demanda de buena parte de la ciudadanía y organizaciones socioambientales, que han luchado desde hace años por estas reivindicaciones.

Hoy, eso se ha expresado a través de un grupo importante de convencionales que buscan «declarar que el agua es un bien natural inapropiable, determinar sus usos ambientales y sociales prioritarios, establecer el derecho humano al  agua, fijar un procedimiento para recuperar las aguas necesarias para cumplir estos objetivos y construir el marco de la nueva institucionalidad hídrica.»

En el documento Iniciativa de Norma Convencional Constituyente: «Derecho Humano al Agua», se señala que «El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en su Resolución A/RES/64/292 el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, mediante la cual se reconoce la responsabilidad de los Estados de disponer de agua en condiciones adecuadas y sanitarias en condiciones equitativas«.

Lo anterior apunta a que el suministro de agua para cada persona sea suficiente para cubrir sus necesidades, a la vez que sea segura, inocua, libre de sustancias tóxicas y contaminación, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud de las personas.

Propuesta de Norma

«Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna«, así se titula el artículo de esta nueva iniciativa de norma constituyente.

El documento establece que «Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales».

A su vez, la norma busca garantizar que «toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad».

Finalmente, la norma establece que «es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.»

La iniciativa fue firmada por 16 convencionales -máximo que permite el reglamento de la CC- y apoyada por 41 más de manera transversal. Francisco Caamaño (D14), uno de los 41 convencionales adherentes de esta iniciativa, señala a El Ciudadano la importancia de este artículo ya que es «la primera norma constitucional respecto al agua que garantiza el agua como un derecho fundamental para los seres humanos, para labores domésticas, individuales y colectivas. Esta es la primera iniciativa de norma en temas de agua que se genera y viene también a apoyar la lucha de los defensores del agua, y a garantizar su acceso tanto como su saneamiento.»

Esta es la sexta iniciativa de norma constitucional que ingresa a la Convención. Y según se ha señalado se discutirá en la comisión de Derechos Fundamentales.

A continuación puedes revisar la iniciativa de norma completa, así como a sus firmantes y adherentes: