El futuro de la educación es Público y Comunitario

Ante el avance de la extrema derecha y grupos conservadores que buscan expandir aún más los poderes corporativos sobre los bienes comunes y derechos sociales, una confluencia de fuerzas sociales están proponiendo una Iniciativa Popular de Norma con la convicción de desprivatizar la educación, garantizarla como derecho humano fundamental e incorporar la educación comunitaria en el nuevo texto constituyente. En definitiva crear un Sistema Plurinacional de Educación Pública Estatal Comunitaria para el siglo XXI que acompañe la lucha de los pueblos en la construcción de un Chile post neoliberal.

Grupo Toparquía

El asalto del poder privado sobre los bienes comunes y derechos sociales

En marzo de 2015 el Relator de la Educación Kishore Sing alertó que “los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación” (Informe sobre la comercialización de la educación, 2015). En Ginebra el 2 de julio 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció instando a los Estados a regular y monitorear los proveedores privados de educación por el potencial “impacto en largo alcance de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación” (Resolución CDH, 2015).

El caso chileno es paradigmático por el asalto privado sobre los bienes comunes y servicios públicos. De acuerdo con información del Instituto de Estadística de la UNESCO en el país seis de cada diez estudiantes está matriculado en el sector privado a nivel de educación parvularia, primaria y secundaria, el triple del promedio regional y mundial. Un informe de la sociedad civil mostro las consecuencias en las violaciones a los derechos humanos que genera la privatización educativa (Foro Educacion Publica, 2014) y frente a ello el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó en Junio de 2015: “tomar todos los medios posibles para eliminar las disparidades que existen entre las escuelas privadas y públicas” (CDESC, 2015).

Después de décadas de implementación la evidencia da cuenta de una verdadera “tragedia de lo privado”: la crisis de la aplicación de la lógica del negocio capitalista basado en maximizar las ganancias, a la gestión de bienes comunes y la satisfacción de necesidades humanas. Un estudio concluyó que si bien “en el corto plazo pueden avizorarse efectos positivos, como el aumento de plazas en las escuelas o el acceso a recursos antes desprovistos por el Estado, los impactos a largo plazo son insospechados, especialmente en los sectores populares quienes no pueden disfrutar de la mayor parte de los impactos positivos y por el contrario soportan la carga desproporcionada de los impactos negativos de la privatización” (Right to Education Proyect, 2015).

Desprivatizaciones y recuperación de bienes comunes

El mundo está cambiando. Un mapeo global en el año 2018 llamado “El Futuro es Público: Hacia la propiedad democrática de los servicios públicos” identificó 1,408 desprivatizaciones en 2,400 ciudades de 58 países en que se impulsaron procesos democráticos que redujeron el poder corporativo y aumentaron el poder de la gente en materia de agua, energía, telecomunicaciones, transporte, manejos de desechos, salud, educación, vivienda, alimentación y educación. Este proceso, mostró la investigación “Alternativas al poder corporativo: propuestas para una agenda desde los municipios” es una respuesta a la privatización de servicios públicos y sus nefastas consecuencias en el bienestar de la población y la democracia, hace frente a la crisis de la deuda y la financiarización de la economía,  la venta de bienes públicos y las alianzas público-privadas, enfrenta las iniciativas de financiamiento privado, las licitaciones, la externalización y corporativización y se opone a la competencia salvaje del mercado liberalizado y los sentidos individualistas que genera, y a su vez centra su atención y esfuerzo en la capacidad de recuperar bienes comunes  y servicios públicos, como el educativo, e impulsar un proceso de transformación en torno a su gestión.

Ello se ha dado en contextos de procesos constituyentes, transformaciones legislativas y políticas públicas tomando dos tendencias: la desprivatizacion de bienes comunes y la creación bienes comunes. Una investigación comparada “Alternativas a la privatización: La provisión de servicios públicos esenciales en los países del Sur” mostro que la primera se ha dado como regulación del sector privado y el poder corporativo en la provisión de educación y servicios públicos anexos (eliminar lucro, evitar evasión y elusión fiscal, democratizar gobernanzas, controlar oligopolios), la ampliación del rol fiscal financiero y administrativo  en el sistema educativo nacional (propuestas pre-distributivas, distributivas, dignificación y derechos de relación laborales) y reducción del poder privado sobre los bienes comunes (limitar tercerización de servicios, revocar o no renovar contratos privados, compra de acciones,  adquisición pública del servicio o su internalización). La segunda ha sido a través de uno o más organismos  públicos del mismo o distinto  nivel que recuperan la  oferta educativa nacional o local y de servicios anexos (alianza público–público) o una alianza entre un organismo público y asociaciones comunitarias que recuperan la oferta educativa nacional o local y de servicios anexos (alianza público-comunitaria).

Tras años de implementación el reporte “Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos” enseñó los impactos positivos de estos esfuerzos. Se ha demostrado que la desprivatizacion y creación de bienes comunes funciona como una respuesta local a la austeridad, a las autoridades les resulta más barato retomar el control de los servicios, promueve servicios públicos mejores y más democráticos, genera estructuras de propiedad pública innovadoras, diversificadas y democráticas, reduce los costos y mejora los servicios, puede revertir el trabajo precario, fortalece la riqueza comunitaria y las economías nacional y local.

Alternativas Constituyentes

Ante el avance de la extrema derecha y grupos conservadores que darán prioridad a la expansión de los poderes corporativos sobre los bienes comunes y derechos sociales, una confluencia de fuerzas sociales y educativas está naciendo. Uno de los ejes de consenso es la ampliación de lo público desde lo comunitario como fuerza desprivatizadora de la educación, es decir hacer más comunitaria la educación pública y más pública la educación comunitaria. Ello implica la inclusión de la educación comunitaria como alternativa educativa dentro del sistema nacional y la participacion protagónica de las comunidades como medio para la creación y ampliación de lo común.

Para ello el Grupo Toparquía impulsó una serie de conversatorios para sistematizar las propuestas del movimiento social y popular por la educación resultando en el documento “De la educación alternativa a una alternativa educativa. Propuestas del movimiento popular para un sistema de educación público, comunitario y popular en Chile”. Posteriormente realizo tres encuentros con experiencias internacionales de Bolivia, Ecuador y Argentina para profundizar en los aspectos político-normativos de la propuesta. De ello resultaron tres cartillas de discusión, una primera llamada “Revolución Educativa en el Estado Plurinacional de Bolivia: La experiencia del subsistema de educación alternativa”, luego el documento “Transformación educativa en la Revolución Ciudadana en Ecuador. Elementos críticos a trece años de la Constituyente” y para finalizar el material “Educacion publica y popular post-rebelion social en Argentina. Experiencia de los bachilleratos populares”. Tras ello se llevó a cabo el 8 y 15 de septiembre dos foros públicos llamados “Propuestas para (la lucha por) una Educacion Publica, Comunitaria y Popular” para presentar y comentar el borrador con distintos movimientos del país. Recientemente la propuesta fue presentada en la Comisión sobre Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional el pasado jueves 25 de noviembre.

Iniciativa Popular de Norma para un Sistema Plurinacional de Educación Pública, Estatal y Comunitario

Hoy la comunitarizacion de la educación, y este esfuerzo programático y de articulación, se conecta con otras propuestas dirigidas a garantizar el financiamiento fiscal, fortalecer el rol del Estado, asegurar los derechos de las y los trabajadores de la educación, y refundar las bases fundamentales de los sentidos de la educación desde enfoques feministas y no sexistas, ecocéntricos y no extractivistas, plurinacionales y no coloniales. En concreto se suma a una Iniciativa Popular de Norma levantada por organizaciones y movimientos[1] que “busca el recambio del modelo educacional de mercado estructurado a partir de la Constitución de 1980 y establecer las bases jurídicas-institucionales para Reconstruir la Educación Pública como un sistema plurinacional articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales en el ejercicio del derecho a la educación entendido como un derecho social fundamental a lo largo de toda la vida”.

Una de las líneas acordadas en esta Iniciativa es que Estado reconozca el derecho a la educación como “un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral”.

Otro acuerdo es recuperar los propósitos de la educación: “La educación es fundamental para la vida digna, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo plurinacional. Su objetivo central es contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respecto de los derechos humanos, a la creación de una sociedad justa e igualitaria, al bienestar individual y colectivo, la protección de la naturaleza, biodiversidad, los territorios, al trabajo decente, al desarrollo productivo, científico, cultural y a la convivencia armónica de los pueblos naciones”.

Sobre el Sistema Plurinacional de Educación Pública se propone respecto de lo comunitario que “El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que esta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley”.

Sobre la participación de las comunidades se reconoce que todas y todos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Por ello se ha propuesto que “las instituciones reconocidas oficialmente deberán contar con un Consejo Educativo integrado por representantes de toda la comunidad, electos democráticamente, el que tendrá facultades resolutivas en la dirección y gestión del proyecto educativo institucional, en la construcción de los pilares del proyecto educativo-pedagógico de acuerdo a las necesidades particulares de las comunidades y en el marco de los principios generales de la educación, en las modificaciones al reglamento interno y,  en el caso de los establecimientos pertenecientes al sistema de educación pública, además, participarán en la administración de los recursos. El Consejo Educativo, tendrá, en el marco de los propósitos generales de la educación, la facultad para situar el currículum nacional en consideración del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las necesidades, intereses y características personales, culturales de las y los estudiantes, sus contextos y sentido de pertinencia”.

Llamado a la acción

Enfrentar el asalto del poder corporativo sobre los bienes comunes, derechos sociales y servicios públicos exige una respuesta compleja. Es más allá de un retorno mecánico a un estatismo centralizador. Nos interpela a pensar nuevas formas de gestión y creación de lo común, en este caso  desde un Pacto Público-Comunitario como antítesis de las Alianzas Públicos-Privadas. Es clave incluir en la nueva Constitución las palabras e ideas del mundo nuevo, esas banderas que nos facilitaran mañana seguir profundizando y caminando en otra educación. Llamamos a les constituyentes a ver, pensar e imaginar el país nuevo desde lo común y, a las comunidades en lucha les invitamos a apoyar esta iniciativa popular para construir un Sistema Plurinacional de Educación Pública Estatal-Comunitaria.

Grupo Toparquía

[1] Esta iniciativa esta siendo impulsada por FENATED. Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FESICOP. Federación de Sindicatos de colegios particulares, FEDE. Federación de Trabajadores de la educación del Elqui, Sindicatos REI. De la Red Ignaciana de Colegios, FTS. Federación de Trabajadores Siglo XXI Brothers School, Reprofich. Red de profesores y profesoras de Filosofía, Círculo de Profesoras feministas Amanda Labarca, Comunal Valparaíso Colegio Profesores, Comunal Valdivia Colegio Profesores, Regional 6 Colegio de Profesores, MUD. Movimiento por la Unidad Docente, Grupo Toparquia, Escuela pública comunitaria del Barrio Franklin, Fundación educador Paulo Freire, Asamblea de trabajadores y trabajadoras colegio Paulo  Freire, MED. Movimiento de educación diferencial y Red por la transformación pedagógica.