La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de las comunas de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, en el marco de la presentación hecha por maestros afectados por la denominada “Deuda histórica” con los profesores.
El fallo se da tras siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, como parte de un proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia.
La corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.
El fallo consideró que los procesos de ejecución de las sentencias dictadas a favor de los 846 profesores que condenaban a las municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces.
De acuerdo con el documento, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció, esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, el Tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus herederos, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la Sentencia.
Entre otras de las medidas ordenadas se establece además que el Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y un diario de amplia circulación nacional, publicar la sentencia en su integridad en un sitio web oficial del Estado y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso.
Asimismo, como garantías de no repetición, deberá crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a los operadores judiciales sobre el acceso a la justicia de las personas mayores.
El caso se origina en el contexto de la dictadura militar, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las municipalidades del país. Esta municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.
Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. No obstante, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada “deuda histórica”. Según el Colegio de Profesores, más de 13 mil maestros fallecieron esperando una reparación.
Los docentes fueron representados por los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava quienes patrocinaron la demanda contra el Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago.
Por su parte, Alexandra Orrego fue quien estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar. La cifra de asignaciones impagas alcanza los $72 mil millones, consignó La Tercera.
Actualmente, al momento de conocer la sentencia, de los 848 profesores demandantes, solo 660 están con vida. 324 profesores tienen entre 70 y 79 años de edad y 146 tienen más de 80 años.“
“Durante estos casi 30 años han muerto el 20% de ellos. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable”, explicó el abogado Ciro Colombara.
El profesional afirmó que “hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios”.
Por su parte, el abogado Giampiero Fava indicó que “el incumplimiento de las sentencias es un hecho grave en un Estado de Derecho. Y en este caso se debe exclusivamente a la falta voluntad del Estado de Chile para proveer los recursos necesarios a fin de remediar esta injusticia”.
A su vez, Orrego aseveró que “es una violación flagrante del debido proceso por plazo razonable, propiedad de las víctimas y la protección judicial esta. Los profesores y profesoras han sido hasta ahora espectadores de los hechos porque por mucho tiempo vieron como el poder dictatorial alteró dramáticamente la forma de administración de la educación y ahora ven como el Estado democrático deja de restituir los montos que le fueron sustraído hace más de 40 años”.
“Hoy, por fin, podemos decir que hay un avance, pero no una victoria, pues lamentablemente tuvimos que recurrir a tribunales internacionales para que Chile cumpla con su deber”, dijo, citado por La Tercera.
Carlos Díaz: “No desmayaremos hasta que efectivamente se haga justicia”
El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a través de redes sociales a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile por la deuda histórica que mantiene con el gremio.
Díaz explicó en una transmisión en vivo que “es muy importante que profundicemos en lo que esto significa, particularmente en la lucha que hemos venido dando desde hace tantos años por hacer justicia con todos los afectados”.
Destacó que el comunicado emitido por la Corte Internacional señala que “Chile es responsable por no cumplir con debida diligencia las sentencias que reconocían el pago de esta asignación especial a 846 docentes del país”.
“Hablamos de profesoras y profesores que tenían sentencias ejecutoriadas que daban cuenta de que, a través de lo que habían dictaminado los propios tribunales del país, se les debía pagar”, planteó, citado por CNN Chile.
A juicio de Díaz, la respuesta de la justicia internacional “va en línea de lo que hemos planteado siempre, que es de toda justicia que se pague la deuda histórica”.
“No desmayaremos hasta que efectivamente se haga justicia”, agregó, al tiempo que señaló que este “paso adelante, se produce precisamente cuando tenemos un presidente electo que ha manifestado públicamente (…) que está dispuesto a buscar una reparación”.
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