La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en la noche del martes una nueva Ley del Agua que reconoce el acceso al líquido como un derecho humano, pero que ha sido duramente criticada por organizaciones ambientalistas.
La Ley General de Recursos Hídricos, cuyo anteproyecto fue promovido por el Gobierno de Nayib Bukele fue aprobada con 65 votos de los 84 diputados, difundió nota de Telesur.
Esta nueva normativa sustituyó el proyecto de Ley de Agua que por más de una década se trabajó entre las diferentes legislaturas en conjunto con grupos ambientalistas y que fue archivado en mayo pasado por la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas.
La Ley General de Recurso Hídrico también establece que «el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición» y crea la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
La normativa aún debe ser ratificada por el presidente Bukele y publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor.
Desde la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, que concentra a organizaciones sociales, señaló en redes sociales que esta ley no incluye «lo propuesto por las organizaciones ambientales y sociales» y que no contiene todos los «puntos no negociables».
Estos puntos son que el agua se reconozca como bien público, que se establezca su acceso como derecho humano, que su gestión incluya la participación de la población, una gestión sustentable y un régimen económico justo y equitativo.
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Dina Argueta, denunció que la normativa es una forma “disfrazada” de “privatización” del agua coincidiendo con los pronunciamientos de sectores ambientalistas que rechazan el proyecto.
“El proyecto de Ley de Recurso Hídrico sigue obedeciendo al interés del presidente de la República de generar mayores posibilidades para grandes explotaciones de agua sin mayores consecuencias y las pequeñas explotaciones siguen siendo castigadas con mayores requisitos”, expuso la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
En los últimos 15 años, distintas organizaciones como la Iglesia católica y universidades presentaron al menos siete propuestas para una ley de agua, ninguna de las cuales prosperó.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que anteriores parlamentos no aprobaron una ley de agua debido al interés de sectores empresariales por hacerse con el control del servicio del agua.
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