Informe da cuenta de los impactos de la industria salmonera a los DDHH en Chile

El informe, plantea en su parte final una serie de pasos a las autoridades con el propósito de enmendar anomalías.

El “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos” fue elaborado en conjunto entre el Instituto Danés de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que finalizó en octubre de este 2021.

El documento aborda los efectos de la industria sobre las regiones del sur de Chile, donde se desarrolla su actividad principal y alerta que no sólo se están lesionando derechos medioambientales, sino aquellos de quienes trabajan en estas empresas y viven alrededor.

Algunos antecedentes de informe

En lo que se refiere a derechos laborales, el documentó reveló varios problemas. Uno es el salario que perciben los trabajadores. Si bien se encuentra por sobre el sueldo mínimo, está por debajo de un “sueldo digno”. También alerta sobre el sistema de turnos de 14 días de trabajo, que tiene efectos en la vida familiar y la salud mental. Identifica como factor de riesgo el tipo de contrato, que pone en cuestión la posibilidad de tener vacaciones, de acceder a un nivel de salud física adecuado y de sindicalizarse.

Como punto específico señala los derechos de las mujeres. En particular por la falta del derecho a la salud, con condiciones sanitarias inadecuadas en sitios de trabajo, por descuentos salariales de las horas médicas de las embarazadas e incluso con la solicitud de test de embarazo antes de contratar. A estos hay que añadir falta de resguardo para evitar acoso sexual o situaciones de riesgo a la salida del lugar de trabajo, donde se han registrado violaciones.

Medio ambiente y pueblos originarios

En cuanto a los impactos de la industria salmonera en el medio ambiente, el informe sitúa en primer lugar la ocupación de lugares de libre acceso, lo que afecta no sólo la cotidianeidad de una comunidad, sino que pone en riesgo sus prácticas culturales y rituales. Además, está la afectación del acceso al agua, porque en las zonas donde la industria ocupa esta queda contaminada con desechos químicos y biológicos.

Aquí se hace presente que otro derecho afectado es el de participación, porque la voz de la comunidad no es tomada en cuenta cuando la autoridad resuelve si aprueba o no un proyecto. A muchos de ellos sólo se les pide una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que sí consideran la participación de la ciudadanía aunque ésta, en la normativa chilena, no es considerada obligatoria y vinculante.

Respecto de los derechos de los pueblos originarios, está la percepción de que Estado y empresas entienden el desarrollo de modo diferente a estos pueblos e imponen su manera, lo cual amenaza el derecho a la libre determinación. A eso se añade que las empresas se han emplazado –con la anuencia del Estado- en áreas usadas por comunidades indígenas con diversos fines, lo que vulnera el derecho de los pueblos indígenas de conservar sus sistemas políticos, económicos y sociales.

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