Crisis hídrica e incendios forestales: Catástrofes y emergencias en Chile

Un 76% de la superficie del País está afectada por sequía y suelo degradado; Son cientos de miles de personas a quienes se les debe distribuir agua en camiones aljibes; La escasez y la crisis hídrica están profundizando crisis sociales, culturales, económicas y ambientales, que se intensifica con actividades extractivista con graves secuelas

Seguel Alfredo

26/12/2021 10:22am

Un 76% de la superficie del País está afectada por sequía y suelo degradado;

Son cientos de miles de personas a quienes se les debe distribuir agua en camiones aljibes;

La escasez y la crisis hídrica están profundizando crisis sociales, culturales, económicas y ambientales, que se intensifica con actividades extractivista con graves secuelas.

Los lugares con mayor concentración forestal de monocultivos de pino y eucalipto, son coincidentes con los lugares de mayores índices de pobreza – emigración, crisis hídrica y también, incendios.

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“Un 76% de la superficie chilena está afectada por sequía y suelo degradado”, señala Ulrike Broschek, de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030).

“En Chile hoy estamos en una situación grave tanto de sequía como de escasez hídrica, entendiéndose la sequía como un fenómeno meteorológico y escasez como un desbalance a un largo plazo entre la oferta y demanda”, plantea en el Diario de Concepción en una entrevista a fines de marzo e este 2021.

Cientos de miles de personas sufren la escasez hídrica en diversos territorios, comunidades y poblados rurales, incluso ya en algunos centros urbanos. Pablo Morales Estay, investigador de la Biblioteca del Congreso de la República, sobre esta realidad, señala: “La sequía y la escasez hídrica son dos eventos que a menudo ocurren simultáneamente, pero que no son sinónimos. Mientras la sequía se define como el déficit de precipitaciones (sequía meteorológica) y/o caudal de los ríos (sequía hidrológica), por otro lado, la escasez hídrica involucra no solo procesos hidrológicos y meteorológicos, sino también los usos que se le da al agua. Este último factor, relativo al uso del agua, está ligado a la toma de decisiones y a la gestión del recurso por parte de sus administradores, lo que lleva a que el ser humano tenga un rol preponderante”.

Los decretos de escasez, se dictan por una duración máxima de seis meses no renovables, con el objeto de proveer determinadas herramientas para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. De acuerdo al Artículo 314º del Código de Aguas , se le entregan ciertas atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA), para -entre otras cosas- la redistribución de aguas; la extracción de aguas superficiales o subterráneas; y la distribución de causes naturales o artificiales, de ser necesario.

Desde 2008 a 2021 (abril), se han emitido 167 decretos, siendo 2020 el año récord con un máximo de 33 decretos, en su gran mayoría correspondientes a la Región Metropolitana (21), Valparaíso (9), y en menor medida Coquimbo (1), Maule (1) y Atacama (1) (…) No obstante, solo durante los primeros cuatro meses de 2021, ya se han emitido 14 decretos, ocho de ellos correspondientes a la Región Metropolitana, cuatro a Valparaíso y uno para Coquimbo y Los Lagos respectivamente. Como se puede apreciar en el gráfico Nº1, la recurrencia en el uso de los decretos, como medida de alivio para la escasez hídrica- ha ido en aumento con énfasis en los últimos años”, destaca Morales Estay.

En la publicación “Desafíos para la gestión ambiental del agua en Chile”, de Elizabeth Macpherson y Erin O’Donnell, se resalta en vista que existe un gran aumento de las demandas de agua, cuyo incremento en consumo es de casi tres veces en los últimos 25 años, relacionado al crecimiento de la población y expansión de las actividades económicas (industriales), sumado a los efectos del cambio climático, que tienen efectos no sólo en la disponibilidad de agua, sino también en el aumento de los niveles de riesgo para la población como aluviones, inundaciones, sequías severas.

Conclusiones de esta y otras investigaciones, coinciden que este escenario se debería transformar en una oportunidad para desarrollar una cultura del agua y un marco legal e institucional que permitan a la sociedad hacer frente a estas problemáticas y desafíos en materia de aguas

Pablo Morales Estay, Indica también: “De acuerdo al documento, desde 2010 el territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía ha experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%. Esta pérdida de lluvias ha permanecido desde entonces en forma ininterrumpida y ocurre en la década más cálida de los últimos 100 años, exacerbando el déficit hídrico a través de la evaporación desde lagos, embalses y cultivos. La persistencia temporal y la extensión espacial de la actual sequía son extraordinarias en el registro histórico, razón por la que la denominaron “mega sequía”.

“Actualización del Balance Hídrico Nacional”, es un estudio de cinco años liderado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con la Dirección de Aguas (DGA), donde se analizaron 174 cuencas hidrográficas del país, proyectaron una disminución generalizada de los recursos hídricos. Esta situación se debe al aumento en la demanda de usuarios de agua, cambios en el uso de suelo y variaciones climáticas. El estudio identificó que, en las últimas tres décadas, los caudales de las cuencas del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre 13 y 37%. recursos hídricos

Miles de millones de pesos destinados desde las arcas fiscales públicas del Estado, para fines de investigación, mitigación, compensaciones, protección, seguridad, para cubrir los intereses de los principales grupos económicos en Chile, principales responsables de la debacle medio ambiental en el País, en desmedro de cientos de miles de personas de actividades campesinas y comunitarias, que deben enfrentar una profunda crisis social, ambiental, económica y cultural.

Llama la atención que diversos centros de investigaciones relacionados con actividades económicas, principalmente científicos académicos, sus trabajos se basan en generar respuestas adaptativas al cambio climático, por ejemplo, la expansión de viñedos en el sur y al mismo tiempo, las actividades económicas que han contribuido a intensificar el calentamiento global, como la industria forestal, celulosa, agro industria e industria ganadera y de la carne, no solamente se mantienen inalterables como modelo económico, sino que siguen propensas al crecimiento bajo la lógica extractivista con amparo y permisividad del estado.

Nadie o muy pocas iniciativas (de tipo marginal aún), en espacios científicos académicos y de desarrollo productivo, están planteando la restauración ecológica para las bidodiversidades y hacer frente de mejor forma a la crisis climática junto con la urgencia de diversificar las actividades económicas en las zonas rurales para una efectiva sustentabilidad, revitalizando las actividades campesinas, al parecer, son parte del sacrificio que nadie quiere hacerse cargo desde los espacios públicos de tomas de decisiones.

Incendios forestales en el centro y sur de Chile

Llega la temporada estival en diciembre del 2021 y con ello diversos focos de incendio desde la zona central hasta el centro sur, como ocurre año a año, casi en su totalidad, generados desde plantaciones de monocultivo de pino y eucalipto de la industria forestal.

Las empresas de plantaciones de árboles cuentan con enorme poder e impunidad en Chile. Los incendios de 2017 demostraron la colusión de estas empresas con funcionarios públicos para prevenir investigaciones, criminalizar al pueblo Mapuche y pareciera que además son las principales beneficiarias de los incendios.

En la zona centro sur de Chile se han venido extendiendo de manera progresiva mega incendios forestales, que sacuden al país cada cierto periodo, relacionados con las plantaciones industriales forestales de especies exóticas de pinos y eucaliptus. El último de ellos de mayor magnitud, fue en la temporada estival del 2017 y que a inicios de febrero registraba casi 600.000 hectáreas devastadas distribuidas en algunas zonas de la Región de O’Higgins, en todo el Maule y buena parte del Bio Bio. En su mayoría, los focos fueron generados de manera intencional en las plantaciones, arrojando 11 personas fallecidas, 1551 propiedades quemadas, 6162 damnificados y millonarias pérdidas económicas y materiales junto a un profundo daño ambiental. (1)

Tres son las tesis que se levantaron en la agenda pública con respecto a la intencionalidad. La primera es la relacionada con la denominada Red internacional de corrupción para el lucro que se beneficiaría con los mega incendios (2). La otra es un hecho que no se ha considerado en el móvil, a pesar de existir conocimiento en la institucionalidad pública: las plagas descontroladas en las plantaciones forestales, que estaban en las zonas devastadas (3). La tercera es la que levantaron ciertos grupos de ultra derecha, relacionada a actos de “Terrorismo Mapuche”. Crearon una campaña de noticias falsas (4) que busca desviar la responsabilidad de las empresas de plantaciones, acusando a las comunidades indígenas Mapuche, a pesar de que los incendios ocurrieron esta vez en zonas donde prácticamente no hay presencia de comunidades Mapuche.

Para diversas organizaciones, existe una acción orquestada con clara intencionalidad. La mayoría de las zonas afectadas por incendios estaban en gran parte plantadas con monocultivos de pinos y eucaliptus que habían sido afectadas por plagas. (5) Algunas de estas plagas estaban absolutamente descontroladas y han seguido en aumento por todo el centro sur de Chile, como es el caso de la denominada “avispa taladradora o Sirex noctilio”. (6) Esto se viene denunciando desde 2012 (7), en el marco de los focos de incendios en temporada estival, que en dicha ocasión provocaron unas 60 mil hectáreas arrasadas y la muerte de siete brigadistas forestales. (8) Aquella vez, cierto grupo de políticos también pretendió inculpar “causas Mapuche” a través de una campaña en los medios, incluso aplicándose la Ley Anti Terrorista dirigida a comunidades indígenas Mapuche. Así, se instrumentaliza los latentes conflictos históricos con las comunidades Mapuche por acaparamientos de tierras por parte de las empresas de plantaciones, generando una grave ola de racismo, intolerancia y xenofobia, cuyo contexto fue motivo de una investigación periodística y publicación de un libro en 2014. (9)

En Chile se estima que hay tres millones de hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur del país, de las cuales unas 750.000 hectáreas corresponden al holding CMPC, cuya empresa principal es Forestal Mininco, controlada por el grupo Matte, con una fortuna que supera los 11.500 millones de dólares. La otra empresa que está presente concentra más de 1.200.000 hectáreas y corresponde al Holding Copec–Antar Chile, cuya principal empresa del rubro forestal es Celco – Arauco del grupo Angelini, también con una fortuna de miles de millones de dólares. Ambos grupos económicos están vinculados en Chile a situaciones de corrupción, saqueos, conspiraciones y colusiones. (10)

Las empresas forestales han recibido anualmente miles de millones de pesos de las arcas del Estado. En 2017, más de cien organizaciones, en medio de amplias manifestaciones, señalaban: “Hacemos un llamado a los responsables del poder político estatal a terminar con el modelo forestal, nos está llevando a todos y a todas a un precipicio, cuyo debacle ha venido en aumento progresivo en medio de la inoperancia de las instituciones públicas y en medio del clientelismo político y redes de corrupción generada por los grupos económicos forestales. Son miles de millones de pesos del Fisco que se destinan anualmente para los intereses de los principales grupos económicos del País, tales como: costos de producción, investigación científica en universidades públicas, brigadistas Conaf [Corporación Nacional Forestal] para apagar sus incendios, fuerzas públicas para resguardar sus predios, mejoras viales ante la destrucción de caminos causada por alto tráfico de camiones que llevan las cosechas, anexos de tierras de campesinos y comunidades a sus intereses, distribución de miles de litros de agua a zonas con crisis hídrica ubicadas en las áreas de mayor concentración forestal, desarrollo de biotecnología para mejorar especies más resistentes a los cambios climáticos como zonas cordilleranas o para mayor succión de napas subterráneas. (…) Este saqueo estatal no puede seguir” (11).

También es importante considerar los recursos estatales utilizados para criminalizar a personas del pueblo Mapuche en el marco de conflictos de tierras ancestrales, principalmente en las zonas de Arauco, Malleco, Cautín y Los Ríos. Esto involucra varios casos de violencia, incluyendo graves hechos hacia la infancia Mapuche. (12)

Otro elemento no menor es que el pino y el eucalipto son consideradas especies “pirófitas”, con un alto riesgo de combustión y propagación. Los eucaliptos producen un aceite altamente inflamable por lo que los llaman “árboles gasolina”. Lo mismo ocurre con los pinos por su alta cantidad de resina. Ambas especies en monocultivo han contribuido a la expansión de mega incendios en Chile, en medio de una enorme crisis hídrica, generada también por estas plantaciones, en el centro sur del país. (13)

Impunidad empresarial en los incendios criminales

En septiembre de 2015 diversas organizaciones – acudieron a la Fiscalía Nacional para ingresar una carpeta con más de 300 páginas que dan cuenta sobre auto atentados o la relación de atentados con grupos mercenarios ligados a intereses de empresas de plantaciones. (14)

Parte de los contenidos ingresados incluían: testimonios de ex guardias vinculados a empresas de vigilancia en predios forestales; confesiones de obreros pagados para cometer atentados e incriminar a dirigentes Mapuche; peritajes inconclusos y causas judiciales abandonadas relacionados a atentados forestales y grupos mercenarios; ex agentes del servicio de inteligencia de la dictadura militar como prestadores de servicios de vigilancia a empresas; testimonios públicos de parlamentarios; investigaciones periodísticas y opiniones jurídicas.

Además se entregaron datos sobre la relación entre los incendios de plantaciones con las plagas existentes e información sobre la existencia de grupos mercenarios con la intención de criminalizar y reprimir al pueblo Mapuche, así como a cobros de seguros y colusiones de sectores empresariales, políticos y de justicia en la Región de la Araucanía.

Es inconcebible que el Ministerio Público jamás haya establecido líneas de investigación para determinar actos y responsabilidades relacionados a los intereses de las empresas de plantaciones, particularmente de las compañías Mininco y Arauco. En cambio, los fiscales han preferido, con sesgo y racismo, levantar una abierta persecución al pueblo Mapuche.

Las organizaciones denunciaron que existen vínculos directos entre operadores de la justicia con intereses políticos vinculados con la industria de plantaciones, haciendo referencia al ex Fiscal regional en la Araucanía, Francisco Ljubetic y al ex Fiscal Luis Chamorro, quien por años llevó acciones de criminalización contra varios comuneros Mapuche. Chamorro renunció a su cargo en 2014 aduciendo razones de salud y pasó a prestar sus servicios en calidad de lobista para la empresa Arauco. (15)

A raíz de las denuncias, la Fiscalía determinó llevar a cabo una investigación en las regiones del Bio Bio y la Araucanía. Sin embargo, a la fecha, no hay ninguna investigación.

En medio de las devastaciones de los mega incendios de 2017, el 31 de enero de ese año, 110 organizaciones ingresaron ante el Consejo de Defensa del Estado diversos antecedentes relacionados a atentados incendiarios en beneficio de los intereses de la industria forestal en las Regiones del Maule, Bio Bio y Araucanía. El Consejo debe velar por el interés público y es un actor nacional relevante en el cumplimiento de la legislación ambiental. Por tanto, se le solicitó expresamente, a través de una petición formal, que asuma una investigación y tome acciones legales sobre la responsabilidad que tendrían las empresas en los incendios forestales. (11)

Sin embargo, el 22 de febrero de 2017, el Consejo indicó que este “no tiene las facultades investigativas que se requieren (…) para intervenir en este asunto” y agregó que: “los antecedentes remitidos han sido entregados a la Unidad de Medio Ambiente de este Servicio para su estudio y análisis, a fin de recopilar más antecedentes y actuar en conformidad a las funciones y facultades legales entregadas”. El documento fue firmado por Carlos Mackenney, presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado. (16)

Es evidente para las organizaciones que el Consejo de Defensa del Estado no quiso tomar acciones porque existen conflictos de intereses. Estas denunciaron que el Presidente del Consejo (Juan Ignacio Piña Rochefort) fue personero de confianza del ex Presidente Sebastián Piñera en su periodo gubernamental, quien a su vez tiene una relación estrecha con las empresas forestales. El ex mandatario fue socio en Antar Chile del holding forestal de Angelini y mantiene una relación cercana con el grupo Matte de Forestal Mininco. Tampoco es posible omitir las redes de corrupción con amplios sectores de oposición y oficialistas, incluyendo a varios personeros vinculados al gobierno de Bachelet y a los intereses de las empresas. “El Consejo de Defensa del Estado simplemente se lavó las manos”, señalaron las organizaciones.

Luego de los incendios de 2017, trascendió en los medios que la Fiscalía de la región del Maule indagaba la relación entre los incendios y las plantaciones forestales. En julio de 2017 se señaló que: “El fiscal Mauricio Richards, a cargo del caso, indaga la relación de este desastre nacional y un decreto dictado un mes antes del inicio de los focos de fuego, por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que declaró en cuarentena a muchos de las plantaciones de pino que fueron arrasados. Lo anterior, debido a una plaga de avispas taladoras que inutilizó a cientos de las hectáreas que posteriormente fueron afectadas por los incendios. La sospecha vuelve a recaer sobre la industria forestal, debido a que los seguros, que sí cubren el terreno afectado por las llamas, no habrían sido válidos para los daños ocasionados por la plaga” (17).

Tras los trascendidos de prensa, la Fiscalía emitió un comunicado público desmintiendo tal investigación y afirmando que “Las investigaciones hoy están orientadas hacia otras materias, lo que no significa que de existir denuncias serias y concretas que estén dirigidas a posibles cobros indebidos de seguros a raíz de la presencia de la avispa, no sean éstas investigadas con la misma rigurosidad y profesionalismo con que se indagan todas las denuncias que llegan a conocimiento del Ministerio Público” (18). La negación a investigar confirmó las denuncias que dan cuenta de la complicidad de la Fiscalía con las empresas.

La Fiscalía de Chile del Ministerio Público – un organismo supuestamente autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos -, confronta acusaciones de ser parte y cómplice de los crímenes que se relacionan con las empresas de plantaciones, vinculando a sus funcionarios con los intereses de estas corporaciones privadas. Una situación parecida confronta el Consejo de Defensa del Estado. Otro organismo que a pesar de tener las facultades, prefiere la omisión e incumplir con sus obligaciones, dejando en impunidad los crímenes perpetrados en el marco de los mega incendios forestales que han azotado el centro sur de Chile en los últimos años.

En diversos territorios se mantiene una constante resistencia al modelo de la industria forestal.

Incendios forestales en Chile, es un extracto de publicación del Boletín 238 WRM, autor: Alfredo Seguel.