Toma fuerza el rechazo a la licitación nacional e internacional para contratos de operación para la exploración y explotación de yacimientos de litio que promueve el gobierno de Sebastián Piñera antes de dejar La Moneda en el próximo mes de marzo.
El pasado 13 de octubre desde el Ministerio de Minería lanzaron sorpresivamente una licitación pública para establecer contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio.
Indicaron que el objetivo es producir un total de 400 mil toneladas de litio metálico comercializable, dividido en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas cada una.
Por tal motivo, el Comité Especial de Licitación (CEL) realizó la apertura de las ofertas económicas de licitación pública nacional e internacional. En el proceso de compra de las bases, realizado entre el 13 de octubre y 12 de noviembre, participaron más de 70 empresas y ocho de ellas presentaron ofertas. Sin embargo, solo cinco pasaron a la etapa de apertura y evaluación de propuestas económicas.
Según consta en el acta respectiva, el Comité Especial de Licitación (CEL) dejó constancia que el 23 de diciembre de 2021 se dio por cerrado el hito público de apertura de los requisitos administrativos presentados por los oferentes, y que desde ese día hasta el 27 de diciembre se desarrolló la evaluación y calificación de los requisitos administrativos del proceso, adoptándose dos acuerdos.
«Por unanimidad de sus miembros, el CEL decidió que, por no haber dado cumplimiento a los requisitos administrativos, se declararon impedidos de continuar en el proceso y fuera de las bases de la licitación a los siguientes oferentes: Lilac Solutions, Inc, Consorcio Austral Maricunga y Wealth Minerals Chile SpA», consignó el Diario Financiero.
Mientras que los que entre los que obtuvieron el pase directo a la etapa de apertura y evaluación de las
ofertas económicas se encuentran: BYD Chile SpA, Albemarle Limitada, Cosayach Caliche S.A., Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).
El pasado jueves 30 de diciembre se produjo el proceso de apertura y evaluación de las ofertas económicas, donde cinco postulantes presentaron seis ofertas económicas, cuatro correspondientes a una cuota de 80 mil toneladas
de litio metálico (LME) comercializable (425.840 toneladas de carbonato de litio equivalente o LCE) y otras dos a 160 mil toneladas de litio metálico (LME) comercializable (851.680 toneladas de carbonato de litio equivalente o LCE).
Desde el despacho de Minería explicaron lque para producir las 400.000 toneladas de litio metálico
comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una, se contempla que las djudicaciones
tengan un plazo de 7 años -prorrogables por otros dos- para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán 20 años de producción.
La modalidad bajo la cual operarán las empresas participantes es un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) suscrito con el Estado.
De acuerdo con Diario Financiero las empresas interesadas se disputarán cuotas de producción, pero no un territorio
establecido, ya que -una vez que logren alguna adjudicación- deberán evaluar dónde se instalarían y pedir los permisos correspondientes.
Está previsto que los resultados definitivos se puedan conocer el próximo 14 de enero.
Equipo de Boric pide posponer la licitación
Desde el comando del presidente electo, Gabriel Boric, miran la licitación con preocupación y esperan que este proceso sea visto por la nueva administración a partir de marzo. “Este es un tema que preocupa al equipo de transición de Gabriel Boric (…). Sería preferible posponer la decisión de adjudicación hasta que asuma el nuevo Gobierno”, señalaron, según consignó CNN Chile.
“El presidente electo, junto con los equipos que han venido trabajando el tema, le han comunicado al Gobierno en ejercicio que sería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis”, dijo el diputado Giorgio Jackson (RD), coordinador político de Gabriel Boric.
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En ese sentido, agregó que «han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el gobierno entrante, el que vamos a asumir, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas tanto en tiempo como de forma y de fondo, en la licitación que está ocurriendo actualmente». «Por lo tanto tal como ha sido comunicado, creemos que lo prudente sería posponer», enfatizó Jackson.
Empresa Nacional de Litio
Durante su campaña electoral, Gabriel Boric planteó la necesidad de contar con una empresa estatal para la explotación del litio en el país para generar empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto.
“El litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos. Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos y para esto crearemos la Empresa Nacional del Litio”, expresó.
Monopolios para la explotación de litio
Desde el seno de la industria minera, el desarrollo del proceso de licitación ha levantado ampollas, debido al hecho de que solo cinco oferentes podrían disputarse cinco contratos, lo que ha despertado dudas sobre la competencia que se estaría generando.
De hecho, a través de una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), una empresa y dos gremios pidieron suspender la licitación, por eventuales infracciones de las normas en las bases que buscan establecer contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio.
La empresa, representada por el Estudio Pellegrini & Rencoret, afirmó que las condiciones “restringen injustificadamente la competencia, inhiben la participación de postulantes”, reportó Bio Bio Chile.
A esto se suma que “reducen la intensidad competitiva del proceso licitatorio, pueden resultar en una menor producción y, lo que es más grave, favorecerán arbitrariamente a los grandes actores internacionales”, tomando en consideración que se exige que la oferta acompañe boletas de garantía por casi 400 millones de dólares u 800 millones de dólares.
Adicionalmente, el pasado 28 de diciembre, la Cámara Chilena de la Minería del Litio y la Asociación Gremial de Pequeños Industriales Mineros, se sumaron a la acción pidiendo suspender -de manera urgente- la convocatoria.
A través de un escrito de ocho páginas publicado por el Diario Financiero, indiciaron que “se quiere adjudicar, a toda costa, verdaderos monopolios para la explotación de litio en una licitación en plazos ínfimos nunca vistos”.
En ese sentido, plantearon que de acuerdo al documento del gobierno, la adjudicación se realizará en un lapso de tiempo de 65 días hábiles desde la publicación de las bases.
Ante la denuncia, el propio presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, aseguró que los actores que buscan impugnar “tienen algo de razón”, ya que que “hay requisitos desproporcionados”.
Aumentan las críticas y el rechazo
Tanto en el Congreso, como en la Convención Constitucional aumenta el rechazo al proceso de licitación del litio propuesto por el gobierno de Piñera, debido al rol estratégico que jugará este metal en el futuro.
Desde la oposición, los parlamentarios plantean que la licitación es ilegítima, tanto por el poco tiempo que le queda a la actual administración, como por no contar con un proyecto viable y transparente.
El diputado socialista integrante de la comisión de Minería de la Cámara, Juan Luis Castro, llamó a La Moneda a considerar la postergación del debate.
«Apresurarse es lo que Piñera estaba dejando amarrado no es el camino, y es lo que debiera tomar nota La Moneda, para que eso se abra, se espere y se define a partir del 11 de marzo el destino del litio en nuestro país», dijo a Radio Bio Bio.
El diputado y senador electo por la Región de Antofagasta, el regionalista Esteban Velásquez respaldó la solicitud del presidente electo, Gabriel Boric, para postergar la licitación del litio hasta que llegue a La Moneda el magallánico.
“Ya tenemos una sobreexplotación del Salar de Atacama y nada de aquello queda en la región, todo es sacar, vender y no compensar nada. Si bien las decisiones que toman los gobiernos son políticas, no hay que olvidar que la política debe estar vuelta de cara al contexto social, como siempre debe ser, en sintonía con lo que ocurre fuera de los muros del poder; tiene que entablarse un diálogo, por ejemplo, entre el Gobierno, el Congreso y la Convención Constitucional sobre este mineral estratégico igual que el cobre, donde parece conveniente que sea el gobierno entrante el que, se acuerdo a su programa de gobierno, pueda decidir a quién se le permite explotar y también compensar a las regiones por los recursos naturales que se les extrae”, afirmó el legislador.
Por su parte, el senador por la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla (PDC), señaló que la explotación del litio es para Chile una ventana al futuro y una oportunidad «para un país como el nuestro, que acumula en su periplo histórico una larga lista de pendientes; en materia de reformular su modelo de desarrollo, o de propender a una mayor justicia social con derechos garantizado».
Por tal motivo, planteó que «la decisión política sin sentido de Estado y poco técnica del Gobierno, de llamar a licitación nacional e internacional por la explotación de este mineral, en la forma en que se ha hecho, ha generado una gran controversia».
A través de una columna publicada por El Mostrador este lunes, el parlamentario responsabilizó al actual gobierno de soslayar el trabajo que está realizando la Convención Constitucional.
«A primera vista, pareciera que, a dos meses de dejar el poder, el Ejecutivo busca amarrar contratos de explotación a 30 años por el llamado “oro blanco”. Todo, a pesar de que existe un órgano del Estado, representativo de la soberanía popular, y que aún no ha librado una de sus batallas insignes: la forma en que Chile explotará sus recursos naturales de aquí hacia el futuro, qué relevancia tendrán estos en el desarrollo tecnológico y en aporte de recursos al erario fiscal, cómo será cautelado el cuidado del medio ambiente y, muy importante, qué rol tendrá el Estado en la explotación del litio y otros minerales», señaló.
«En el peor de los casos, quiero pensar que el Gobierno busca promover la explotación del litio como uno de sus últimos hitos políticos, previo a dejar La Moneda; pero amarrar contratos de explotación a 30 años, pasa a llevar el trabajo que debe realizar al Convención y será claramente un contrasentido con las decisiones que, soberanamente, esta debe tomar sobre el futuro de nuestros recursos naturales», agregó.
Francisco Huenchumilla llamó a prestar atención a las consideraciones de diversos expertos en materia económica y minera, para los cuales este proceso de licitación nacional e internacional hecho a la rápida, específicamente en el contenido de sus bases, tiende a beneficiar a los grandes conglomerados, en desmedro de otros oferentes más pequeños y/o otras alternativas.
El senador respalda la propuesta del equipo del presidente electo Gabriel Boric de postergar el proceso de licitación.
«El proceso de licitación del litio debiera ser suspendido. Pero también hace ver que el problema de licitar en un futuro Gobierno, en unos meses o en un año más, seguirá siendo el mismo. En suma, hoy en día es por el litio, pero la encrucijada a la que nos enfrentamos como país ya se ha repetido en otras oportunidades.
A juicio de Huenchumilla existen dos alternativas: «una es hacer las cosas tal como ya se han hecho con más de lo mismo, permitiendo que la explotación de nuestros recursos naturales se haga al mejor postor, con enormes beneficios para el sector privado, privilegiando a los más grandes, y sin que el país en su conjunto obtenga los beneficios que son justos y proporcionales».
«La otra opción es hacer las cosas con calma, con serenidad, y pensando en el futuro. Planificando en extenso el rol que la explotación de recursos naturales tendrá, y el paso de una economía extractivista a una con mayor valor agregado en sintonía con políticas industriales para el Chile que queremos construir. Y por qué no decirlo, también considerando lo mucho que el Estado tiene que decir, en su rol articulador y de fomento en su conjunto del desarrollo nacional», planteó.
Opinión de los especialistas
Cristián Quinzio, profesor de Derecho Minero de la Universidad de Chile, considera que el proceso de licitación es una acción apresurada, y que lo tanto, el actual el Gobierno debe estar abierto a posponerlo.
Además, señaló que es legítima la petición y que será necesario aclarar si las empresas que se adjudiquen la licitación utilizarán los mismos métodos para explotar salares, y si ésta será buena para el país.
Para Eduardo Bitran, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo (2014-2018) durante el último gobierno de Michelle Bachelet, es preciso tomar en cuenta que el nuevo gobierno tiene una visión diferente respecto a la explotación del litio.
«Lo razonable sería que, dado lo extemporáneo y limitado del plazo para presentar ofertas en el proceso de licitación, sea el nuevo gobierno resuelva esta materia», afirmó en entrevista concedida a La Tercera.
«Mi opinión es que el desarrollo de proyectos de litio es una materia compleja y que se requiere experiencia y conocimiento del tema. Veo fundamental atraer actores internacionales con estos atributos. Esto se puede lograr mediante contratos de CEOL, con plazos y condiciones adecuadas, por ejemplo, en término de valor agregado y tecnologías que minimicen impacto hídrico. También es una opción asociar una nueva empresa del Estado con operadores globales», planteó Bitran.
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