Este lunes, distintas organizaciones de derechos humanos y víctimas de represión emanaron una declaración pública para expresar su posición frente al nuevo escenario político. Las firmantes fueron 33 organizaciones además de una persona particular.
En la declaración, que celebra el triunfo contra el fascismo del pasado 19 de diciembre, se hace un llamado a la Convención Constitucional a consagrar «la libertad de expresión garantizando el pluralismo informativo que permita terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación».
A su vez, el conjunto de organizaciones sociales, territoriales y de derechos humanos valoran las primeras declaraciones del presidente electo, Gabriel Boric. Sin embargo, a su vez lo instan a que sus «declaraciones de intenciones se traduzcan en medidas concretas y eficaces».
En la misiva abierta, las organizaciones también increpan al Estado de Chile a ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Tanto de las deudas del periodo de la transición a la democracia, como en el contexto de la revuelta social. «No olvidamos, que después de 31 años de transición, 1.201 chilenos y chilenas tienen aún la condición de detenidos desaparecidos», señalan.
Reestructuración de Fuerzas Armadas y de Carabineros; reforma del Ministerio Público y Poder Judicial; formación en derechos humanos y la implementación de políticas de Memoria eficaces son solo algunas de las demandas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Lo anterior en aras de lograr verdadera verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
«Varios de estos contenidos deben ser consagrados constitucionalmente en el nuevo texto que nos propondrá la Convención Constitucional en el plebiscito de salida, pero el nuevo Gobierno tendrá el deber de implementarlas a través de políticas públicas e iniciativas legislativas», señalan.
La libertad de los presos políticos de la revuelta es otro punto importante de esta declaración. En ella instan a Gabriel Boric a adoptar medidas para acelerar el Proyecto de Ley sobre Indulto General. Además, solicitan «el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, y una declaración suya instando al Ministerio Público y al Poder Judicial a modificar la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene privados de libertad a 70 niños y jóvenes manifestantes».
Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, una de las organizaciones firmantes señaló al respecto: “Seguiremos peleando por la libertad de los presos políticos de la revuelta, por hacer verdad, justicia y reparación y que se implementen garantías de no repetición”.
Fin a la militarización del Wallmapu; el desistimiento de las querellas por Ley Antiterrorista interpuestas contra presos políticos mapuche; el rediseño de una política migratoria con estándares internacionales de derechos humanos «deben ser una prioridad del nuevo Gobierno», sentencian.
Para concluir, en lo que consideran tendrá que ser un esfuerzo conjunto del nuevo Gobierno con la Convención Constitucional, las organizaciones humanitarias y de víctimas de violencia estatal señalan la urgencia de crear «el Defensor del Pueblo, consolidar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y consagrar constitucionalmente al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)«.
«Reiteramos que mientras no haya Justicia en Chile, las víctimas tienen el derecho y el deber de seguir persiguiendo la responsabilidad penal de las máximas autoridades políticas por la comisión de crímenes contra la Humanidad durante la revuelta social, ante la Corte Penal Internacional (CPI)», señala el comunicado.
Las organizaciones finalizan instando a Gabriel Boric a apoyar la presentación realizada en abril de 2021 ante la Fiscalía de la CPI, proceso que sigue abierto, con el fin de materializar la búsqueda de verdad y justicia que ha manifestado el nuevo presidente. En tanto, a la Convención Constitucional la llaman a recoger las demandas mayoritarias expresadas durante la revuelta social y el respeto y garantía de los derechos humanos, «única forma de avanzar hacia el establecimiento de una sociedad democrática verdadera y una Paz social fundada en la Justicia», concluyen.
La declaración completa junto a las organizaciones firmantes la puedes revisar a continuación:
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