El periodista Christopher Acosta fue condenado a dos años de prisión suspendida por difamación agravada en Perú, luego de haber sido demandado por su libro ‘Plata como cancha’, que recoge la investigación sobre la corrupción vinculada al político conservador y excandidato presidencial César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso.
El juez Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, determinó que la ejecución de la pena se suspende por el término de un año, quedando sujeta a las reglas de conducta, dice RT.
La sentencia, que también recayó sobre Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, incluye el pago por concepto de reparación civil de 400.000 soles (cerca de 102.000 dólares) a Acuña, quien había pedido 100 millones de soles (más de 25 millones de dólares).
El juez Vega consideró que se cometieron «hechos lesivos al honor y reputación» del demandante y señaló que 35 de 55 frases de Acosta en su libro eran difamatorias.
«Sin palabras. No sé qué decir», se limitó a escribir Acosta en su cuenta en Twitter. Por su parte, Pimentel, en la misma red social, publicó: «No vencerán ni convencerán».
Roberto Pereira, abogado del periodista, señaló que la sentencia será apelada. «Esto es una primera instancia, este proceso todavía puede ir a una segunda y eventualmente a la Corte Suprema», manifestó, citado por La República.
¿Qué dice la Defensoría de Perú?
Tras conocer el fallo, la Defensoría del Pueblo de Perú condenó «el uso de la justicia penal como mecanismo de afectación a la libertad de expresión» y pidió que se respeten los «estándares internacionales» en el caso.
Previo a la lectura de la sentencia, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emitió un comunicado en el que denunció el «acoso» del poder judicial contra Acosta y contra el también periodista Pedro Salinas, a quien le allanaron su domicilio el pasado sábado por otro caso.
«En ambos casos, el Ministerio Público y el Poder Judicial están prestándose a defender los intereses de grupos y personajes de poder que tratan de impedir que se conozcan hechos que son de interés público», dijo el CPP.
La institución señala en su comunicado que «la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a recibir información y el ejercicio profesional, son derechos fundamentales que están intentando ser conculcados en estos casos».
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