Acuerdo Escazú sobre protección DDHH defensores de la naturaleza y que el gobierno de Piñera se negó a ratificar

Nuevamente, Verónica Vilches, defensora ambiental, quien es presidenta del Comité de Agua Potable Rural (APR) San José y dirigenta de Modatima ha sido víctima de amenazas de muerte a lo largo de su lucha por la recuperación del agua en la provincia de Petorca. Recientemente, en rojo, desconocidos escribieron en una muralla: «Muerte a Verónica Vilches»

«Han venido a visitarme a la casa. Me han tratado de todo. Me han gritado, me han seguido en moto haciéndome señales de muerte, me han seguido en vehículo, una vez me intentaron atropellar», comentaba meses atrás Vilches al Movimiento Escazú Ahora Chile, situación que ha sido parte de las denuncias de Amnistía Internacional.

Por otro lado, el día 5 de enero, la secretaria del Movimiento por la Defensa de Laguna Verde y presidenta del Comité Tierras Rojas, Karina Jiles, llegó a su hogar para presenciar una escena de espanto. Luego de haber asistido a una manifestación, llegó a su casa para encontrar a su mascota con un hacha entre las costillas.

Según lo consignado por Radio BioBio, Jiles relató la experiencia de la siguiente forma: «Llego y veo a la chanchita, como de costumbre, echada en un charco de agua; me voy acercando para allá a mirar qué tenía, y claro, había un palo y el palo era el hacha que estaba totalmente incrustada en las costillas«

También en esta localidad, el 01 de enero del presente año, la Presidenta de la Junta de Vecinos de Laguna Verde, Julia Poblete, fue víctima de otro cobarde ataque. Sujetos desconocidos se le acercaron por la espalda, le arrojaron combustible y le prendieron fuego. Sin embargo, gracias a su rápida reacción, Julia logró sobrevivir.

Cabe destacar que Poblete lleva años luchando contra la destrucción de la biodiversidad y la contaminación de las aguas. Desde el Movimiento Escazú Ahora Chile, señalaron: «Los cobardes actos de amenaza contra Julia, la falta de mecanismos de participación ciudadana para resolver el conflicto y la increíble ausencia de información ambiental sobre la calidad del agua que beben las y los habitantes de Laguna Verde nos recuerdan la imperiosa necesidad de que nuestro país firme y ratifique el Acuerdo de Escazú ¡AHORA!»

La negativa del gobierno de Piñera en asumir el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es un pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados para todas y todos quienes a lo largo de Chile y de América Latina deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que deberían velar por su bienestar.

Diversos países ya lo han firmado como parte del cumplimiento del estándar internacional de derechos, incluso algunos ya lo han ratificado para incorporarlo al ordenamiento jurídico de sus países, sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera se negó a su ratificación en Chile, indicando que “es inconveniente para Chile”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand en septiembre del 2020, ratificó la negativa del Gobierno de Chile de firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Escazú), resaltando entre los puntos críticos: El contenido de los cambios que traerá en la legislación ambiental de Chile; el alcance interpretativo de ciertos principios del pacto; las obligaciones a las que se comprometería el país si firma; y la posibilidad de que el texto sea eventualmente llevado a tribunales internacionales.

BBC Mundo, publicaba sobre este hecho:  “El polémico rechazo de Chile al primer gran pacto medioambiental de América Latina y el Caribe”, agregando: “El caso de Chile resulta paradójico e «inconsistente» por rechazarlo abiertamente tras ser uno de sus impulsores principales”.

Cabe destacar, que entre los contenidos principales del Acuerdo de Escazú, están: Garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; Garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano; Derecho de acceso a la información ambiental; Derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales; Derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.