La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección, ingresado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; en contra del proceso de licitación del litio en el norte de Chile.
La justicia dictaminó, además, suspender proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio del mineral.
El recurso de protección fue presentado por Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama, el pasado lunes 10 de enero, dos días antes de que el Ministerio de Energía anunciara a BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. como las empresas que se adjudicaron la licitación del litio en Chile.
El gobernador de Atacama presentó la acción judicial en contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y del subsecretario de Minería y presidente del Comité Especial de Licitación (CEL), Edgar Blanco, con el objetivo de que se suspendan los efectos que produzca el «Acta de apertura de las ofertas económicas de la licitación pública nacional e internacional para suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio».
Entre los argumentos planteados están la vulneración de garantías constitucionales tales como la igualdad ante la ley al omitir administrativamente las competencias del Gobierno Regional de Atacama y su comunidad dado el directo impacto sobre el territorio de Atacama, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dado los efectos que puede generar la explotación de estos yacimientos en la región.
A esto se suma el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Esto, ya que el Salar de Maricunga y Ojos del Salado han sido declaradas como zonas de interés turísticos, ZOIT, protegidas como zonas turísticas, de alto valor paisajístico con recursos naturales y ecosistemas de altura y cordillera entre los que destacan lagunas y salares, por lo que el área económica turística se verá gravemente perjudicada si estos contratos llegan a adjudicarse.
En un comunicado, el gobernador de Atacama manifestó que «el litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas». Según agregó, este recurso «está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran
consenso».
Cabe recordar que ayer jueves un grupo de diputados de oposición presentaron un recurso de protección en la Contraloría General de la República para declarar ilegal el proceso.
Los diputados le solicitaron al contralor Jorge Bermúdez que «sobre la base de los antecedentes entregados, inicie una investigación a objeto de recabar antecedentes sobre la legalidad de las actuaciones del Ministerio de Minería, en el iter contractual, específicamente, la conformidad de las bases de la licitación con el marco de autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en el marco del llamado y aprobación de las bases de licitación pública para la suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio».
Entre los parlamentarios que presentaron el recurso ante la Contraloría se encuentra Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, quien celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó y señaló que esta medida es resultado de “la presión política y social ha encontrado un buen resultado”, refiere BioBio.
“Valoramos tremendamente la valentía de la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que hizo lo que evitó la Corte de Apelaciones de Santiago“, indicando que “todas las acciones, toda la presión política y social que se ha ejercido en los últimos días no ha sido en vano“, a firmó.
Soto señaló que el gobierno saliente del presidente Sebastián Piñera está llevando a cabo este proceso “de manera ilegítima en las postrimerías de su mandato”.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) también se refirió a la suspensión de la licitación por parte de la Corte.
“Es evidente la afectación de derechos de las comunidades que implica esta adjudicación, los diversos recursos de protección y hoy el pronunciamiento de la Corte han dado cuenta de ello”, sostuvo Pérez quien planteó que “la decisión del gobierno es un problema económico, estratégico, ambiental y de derechos“.
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