El 14 de enero, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección, ingresado por representantes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios decretando orden de no innovar con respecto a la adjudicación para la explotación del litio.
Una de las comunidades directamente afectadas en su territorio ancestral por esta licitación y futuras amenazas de explotación, es la comunidad indígena Colla Pai Ote, representada en el recurso por su presidenta, Ercilia Araya Altamirano. También acompañan la acción de protección, Ariel León Bacián, Aymara – Quechua; Nancy Piñones, presidenta de la Comunidad Indígena Aymara Elba Sanjinés Huara; Esteban Araya Toroco, Likan Antai o Atacameño, presidente de la Asociación indígena de agricultores Lay Lay de Calama; Verónica Henríquez Antimanqui, presidenta de la Asociación Futa Trawun de Paillaco; y, el dirigente Rapa Nui, Rafael Tuki Tepano.
Cabe señalar, que el gobierno de Piñera a través del Ministerio de Minería, abrió una convocatoria el 13 de octubre de 2021, que “busca adjudicar contratos especiales de operación para explorar y producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una”. El 12 de enero adjudicó a dos empresas transnacionales, como parte de la explotación que se pretende.
Sobre estas materias, conversamos con Ariél León Bacián, es Aymara-Quechua, ha sido asesor legislativo y actualmente es asesor constituyente del escaño reservado Quechua, Wilfredo Bacián. Por más de 20 años ha estado vinculado a procesos organizacionales de Pueblos Originarios y desde ahí, para defender derechos indígenas se han aplicado diversas acciones en el plano judicial, administrativo y político para exigir justicia. La última acción, fue este recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de Copiapó, decretando orden de no innovar.
¿Cuál es el parecer con respecto a la licitación para la explotación del litio que se ha hecho para empresas transnacionales en materia de soberanías, biodiversidad y derechos indígenas?
R: Nosotros presentamos este recurso en la convicción jurídica de que está licitación es absolutamente ilegal e inclusive inconstitucional. El convenio 169 y los tratados internacionales suscritos por Chile, que tienen rango constitucional, imponen una consulta indígena previa, es decir esta consulta debe verificarse con anticipación a la dictación de estos mismos decretos, sin la cual no tienen validez alguna.
El artículo séptimo de la Constitución vigente, establece que todo acto Estatal dictado en contravención con lo que la Constitución y la ley señalan, adolece de ineficacia jurídica.
Como la legislación vigente ordena el trámite previo de consulta indígena, esta licitación es nula. Tal nulidad es insubsanable y solo puede darse lugar a un nuevo proceso licitatorio si es que se pretende seguir en este plan, el que debe incluir la visión de los pueblos originarios y el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos
El recurso ha sido presentado de manera colectiva, con titularidad de comunidades directamente afectadas, en particular de comunidad Colla, pero también con la adhesión de representaciones de organizaciones de otros pueblos ¿Cuál es el ánimo y espíritu de asumir acciones conjuntas?
R: Entre los pueblos originarios ya existe un conocimiento de los actores principales de cada cual, han sido años de lucha y de encuentros y desencuentros entre distintas organizaciones que asumimos distintas estrategias y que tenemos lejanía o cercanía dependiendo de las estrategias y también de afinidades personales o colectivas.
Con los hermanos y hermanas que demandamos en esta oportunidad, ya habíamos ganado una demanda en la Corte Suprema contra el mismo bi ministro de minería y energía Juan Carlos Jobet qué había vulnerado el derecho de consulta indígena de 11 lof mapuche ancestrales del Alto bío bío. Siempre estamos pendientes de la contingencia nacional y no demandamos en todas las oportunidades. No tenemos financiamiento de Ongs y todo es esfuerzo personal.
Nuestro ánimo espíritu es proteger los territorios, Buscar que los actores empresariales estatales y políticos tomen conciencia de que deben respetar los derechos indígenas, que no nos hace ningún favor. Que tenemos el derecho a la libre determinación reconocido los tratados internacionales. Nadie puede decidir por nosotros, nuestra voz debe ser escuchada, no existen intermediarios estatales, empresariales, ni de ningún otro tipo que nos puedan reemplazar.
¿Esperaban una acogida así de rápido de la Corte de Apelaciones al recurso presentado y qué implicancias significa una orden de no innovar en el marco de la adjudicación de la licitación?
R: Nosotros estamos esperando la respuesta del gobierno que tiene un plazo de 10 días desde que se acogió un recurso de protección para responder a nuestra demanda. Desde ahí se va entablar una batalla judicial con argumentos de lado y lado. Luego viene un alegato ante la Corte de apelaciones de Copiapó, la que dictará sentencia en primera instancia, Y quién pierda puede apelar a la Corte Suprema.
Nosotros estamos tranquilos pues confiamos en la fuerza de nuestros argumentos.
De hecho, la subsecretaría de minería presentó esta semana un recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones de Copiapó pidiendo que los recursos se declararan inadmisibles y se levantara la orden de no innovar, es decir qué el proceso de licitación dejara de estar paralizado.
Queremos comunicarles que en resolución del día viernes recién pasado en la Corte de Apelaciones de Copiapó, se rechazó las solicitudes del Ministerio de minería y por lo tanto el juicio sigue vigente y la licitación continúa paralizada.
¿Cuáles son los siguientes pasos en materia judicial?
R: Como comunidades y organizaciones tenemos confianza en que este juicio será revisado con seriedad e Independencia por parte del sistema judicial chileno. Sabemos Por cierto que los Ministros de la Corte de Apelaciones de Copiapó y de la Corte Suprema sufrirán grandes presiones en favor de la industria y de la minería. Nosotros creemos que podemos ganar porque ya le ganamos una vez al Ministro Jobet.
Insistimos en la seriedad de nuestros argumentos lo que está aprobado por los dos fallos que ya ha emitido la Corte de Copiapó en favor de nuestro recurso y de la paralización de la licitación.
Asimismo, porque este es un juicio de importancia nacional, todo el mundo está mirando el comportamiento de los actores públicos y privados envueltos en este proceso. Evidentemente en caso de tener un resultado negativo, acudiremos a instancias internacionales, pero sabemos que ellas tampoco son plena solución por la excesiva demora de los fallos internacionales.
Los triunfos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son más bien emblemáticos dependiendo del caso, pues generalmente son difíciles de hacerlos efectivos en la práctica.
Según tu conocimiento en materia de cumplimiento de los derechos indígenas ¿Cuál debería ser el plano ideal en materia de consulta, participación y garantías a los derechos colectivos de pueblos originarios?
R: Nosotros no estamos luchando solo por el derecho a la consulta. Yo creo que no hay que perderse, la consulta es un derecho en si misma, pero también es un mecanismo de protección de otros derechos.
Nosotros buscamos qué la libre determinación de los pueblos originarios sea respetada, y que si no restituya los derechos territoriales, culturales y políticos. El estado no solo Nos quitó el derecho de opinión y decisión, sino que también debe restituir las tierras, las aguas, los recursos naturales, los derechos políticos y culturales que nos ha ido usurpando y que actualmente administran organismos estatales que son verdaderos organismos coloniales, que administran tierras, aguas, semillas, agricultura y otros bienes robados a los pueblos originarios.
Creemos que los derechos originarios son compatibles incluso con el actual sistema económico. Debe haber profundas transformaciones para cumplir con nuestros derechos, pero dada la experiencia de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, nadie puede decir que esto es un invento marxista o que nuestros derechos son incompatibles con el desarrollo.
Finalmente, atendiendo materias de explotación extractivista en tierras ancestrales de Pueblos Originarios ¿Qué desafíos consideras que deben ocurrir en el actual proceso constituyente para que se cumpla con los derechos indígenas?
R: La constituyente está bastante amarrada con los dos tercios y el plazo muy apretado para discutir normas. No veo que en ella se libre la batalla de todas las batallas. Esta se da en el fragor diario entre las comunidades territoriales y el Estado, en la capacidad de unidad política de los pueblos originarios, más allá de los partidos, y que se da en la acción política, en la medida que obedezca a principios espirituales.
Sin perjuicio de ello, se puede avanzar en la medida que se acepten los estándares internacionales y no sólo los tratados de derechos humanos ratificados por Chile como normas constitucionales vigentes. El temor es que el Estado de Chile pague su deuda en derechos sociales con el pueblo de Chile, mediante nuestras zonas de sacrificio. Eso no lo vamos a permitir.
Ver también
El saqueo del litio: Comunidades, cultura ancestral, biodiversidad y crisis hídrica / https://www.elciudadano.com/mineria/el-saqueo-del-litio-y-el-mas-alla-de-quien-explota-comunidades-cultura-ancestral-biodiversidad-y-crisis-hidrica/01/18/
Comunidades indígenas presentan recurso de protección contra licitación del litio / https://www.elciudadano.com/actualidad/comunidades-indigenas-presentan-recurso-de-proteccion-contra-licitacion-del-litio/01/12/
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