Este lunes Convención Constitucional aprobó e general una norma para garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y la disidencia sexogenérica, tanto en el ámbito público y privado.
La iniciativa que fue votada en la Comisión de Sistemas de Justicia, resultó aprobada con siete votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
La norma establece que «el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes».
En la iniciativa también se toma «en cuenta especialmente la situación de vulnerabilidad o desventaja en que puedan hallarse en razón de su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, entre otras».
La propuesta fue presentada en noviembre pasado por un grupo de constituyentes feministas, pertenecientes a distintos colectivos como Bárbara Sepúlveda, Alondra Carrillo, Ingrid Villena, Constanza Schonhaut, Carolina Videla, Tammy Pustilnick, Ramona Reyes, Bessy Gallardo, Damaris Abarca, Malucha Pinto, Janis Meneses, Patricia Politzer, Francisca Arauna, Alejandra Pérez, Tania Madariaga e Isabel Godoy.
En el texto plantea que «corresponderá al Estado asegurar el presupuesto suficiente para la garantía y respeto de este derecho, y a todos los órganos del mismo, en el ámbito de sus competencias, generar políticas intersectoriales de promoción, prevención, capacitación y formación en enfoque de género y derechos humanos. Asimismo, las instituciones de justicia deberán velar por una investigación eficaz y oportuna, un debido proceso con enfoque de género, por la protección y los derechos de las víctimas, y la aplicación de medidas o sanciones, evitando la revictimización», consignó Radio Udec.
Durante la presentación de la iniciativa, las constituyentes argumentaron que «la violencia de género es un continuo que vivimos desde que somos niñas y nos acompaña a lo largo de las distintas etapas de la vida, haciéndose presente en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos y en sus diversas manifestaciones: femicidio, feminicidio, violencia física, psicológica, política, sexual, racista, económica y simbólica, por mencionar algunas de ellas».
Pos su parte, Malucha Pinto, constituyente del Distrito 13, indicó que «esperamos que esta nueva norma proteja a nuestras niñas, adolescentes, a todas las mujeres que venimos y que somos. No puede ser que cada 25 minutos una de nosotras caiga o sea violentada».
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Sistema de justicia feminista
Durante la jornada se aprobó la norma que establece un sistema de justicia feminista.
La propuesta, presentada el pasado 14 de enero, «establece tribunales especiales para la violencia de género, seguimiento de medidas cautelares, mujeres y disidencias privadas de libertad, entre otros».
La norma, presentada por constituyentes feministas de distintos movimientos sociales y que fue votada en la Comisión de Sistema de Justicia, establece que los “jueces y juezas, funcionarias y funcionarios auxiliares de administración de justicia y policías se les exigirá especialmente formación especializada en materias de género, interseccionalidad y derechos humanos”, de manera que los tribunales puedan velar por “un conocimiento, obtención y valoración de las pruebas, juzgamiento, resoluciones y ejecución de las penas con enfoque de género y en condiciones de igualdad sustantiva”.
La iniciativa también contempla que “en el caso de las personas infractoras de ley, especialmente mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas, que tengan hijas o hijos menores de edad, personas mayores o enfermas a su cuidado, procederán penas alternativas a la privación de libertad, exceptuando aquellos casos establecidos en la ley”. En ese contexto, se especifica que “en estos casos especiales el Estado adoptará las medidas necesarias tales como infraestructura y equipamiento tanto en el régimen de control cerrado, abierto y postpenitenciario, para garantizar la debida garantía de sus derechos en tanto trabajadoras de cuidado”, cita Radio U. de Chile.
Las convencionales consideran que, con estas normas, se podrá resolver la deuda que se tiene con todas las mujeres.
Creado Consejo Nacional de Justicia
También se aprobó en general , con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la creación de un Consejo Nacional de Justicia.
Dicho órgano, será autónomo, de rango constitucional, y ejercerá en forma independiente el gobierno judicial.
«El Consejo estará integrado por jueces y profesionales de la administración y deberá velar por la independencia judicial y la separación de funciones entre el ámbito jurisdiccional y la gestión administrativa», recalca la norma que fue votada en la Comisión de Sistema de Justicia.
El constituyente Andrés Cruz, explicó que esta norma busca establecer el principio de unidad jurisdiccional, donde «tanto los tribunales ordinarios de justicia como todos los especiales estén sujetos a la misma regulación jurídica y sometidos a los mismos principios».
La norma también hace alusión al pluralismo jurídico, con el objeto de «reconocer el derecho indígena». También aborda la necesidad de una «justicia abierta» basada en principios de transparencia, participación y colaboración, «con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia», cita Pauta CL.
Otro elemento que se discutió en la Comisión, y que fue aprobada, es la creación de juzgados comunitarios de justicia
Estos juzgados ejercerán la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal y que afecten la convivencia social, conforme a un procedimiento breve, sencillo y expedito.
«La iniciativa establece que se crearán Juzgados Comunitarios de Justicia, los cuales son parte del Sistema Nacional de Justicia. Además, tendrán una amplia cobertura territorial con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia de la ciudadanía», refiere la norma.
La norma fue aprobada en general con 15 votos a favor y cuatro abstenciones.
En referencia a la norma sobre función jurisdiccional, la Comisión Sistemas de Justicia aprobó por unanimidad la iniciativa que «establece que esta función se ejercerá bajo los principios de independencia, imparcialidad, gratuidad, igualdad, plurinacionalidad, perspectiva de género, etc».
«También establece que la justicia se administra en nombre del pueblo por tribunales de justicia nacionales ordinarios, especiales y autónomos que coexisten en el Estado», recalca el texto.
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