La ONG Transparencia Internacional dio a conocer este martes los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2021. El informe revela una situación global de estancamiento en los niveles de corrupción en los últimos 10 años, y Chile no es la excepción.
Lo anterior se ha desarrollado en un contexto geopolítico de abusos a los derechos humanos y deterioro de las instituciones democráticas. Durante los últimos años, desde 2017 al 2021, el país ha obtenido la misma puntuación: 67 de 100 máximos. Uno más que en 2016 (66) y seis menos que en 2015 (73).
Así, Chile se mantiene en el número 27 del ranking a nivel mundial y en el 20 entre los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es decir, en la segunda mitad de los peores evaluados dentro del bloque en el que se posiciona primero Dinamarca (88) y último México (31).
La presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, señala que estos resultados marcan una preocupante señal, puesto que, las acciones corruptas impiden el avance de las propuestas regulatorias impulsadas.
“Necesitamos restablecer y fortalecer los recursos, independencia y atribuciones de los órganos de control, cerrándoles los espacios a los actos de corrupción”, sostuvo Sierra, quien también agregó la necesidad de que estas medidas se extiendan al sector privado, no solo al público.
A nivel latinoamericano, el país continúa en el segundo lugar del ranking que lidera Uruguay con 73 puntos y que posiciona a Honduras (23), Nicaragua (20) y Venezuela (14) como las naciones con el mayor índice de corrupción.
A nivel continental, Canadá (74) ocupa el primer puesto, seguido por Uruguay, Chile en el tercer lugar, Estados Unidos (67), Costa Rica (58), Surinam (29), Guyana (39), Colombia (39), Argentina (38), Brasil (38), Ecuador (36), Perú (36), Panamá (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia (30), Paraguay (30), Guatemala (25), Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De todas formas, Transparencia Internacional destacó la «oportunidad única» que tiene Chile para revertir esto a través de la redacción de la nueva Constitución, incorporando elementos de anticorrupción en la carta magna.