El pasado 23 de mayo de 2021, la fundición de Enami en Paipote (Copiapó) marcó un promedio horario de liberación de dióxido de azufre de 2.027,8 microgramos por metro cúbico (µg/m³), en circunstancias que el límite aceptado por las normas es de 350 µg/m³, reveló una investigación realizada por CIPER.
Los 2.027,8 µg/m³ constituyen el promedio horario más alto registrado en la fundición de Paipote en los últimos tres años, desde que rige la nueva norma. Se trata de un incidente incluso más crítico que aquellos ocurridos en la fundición de Ventanas, operada por Codelco, en 2011 y 2018, y que provocaron desmayos de niños en Puchuncaví (Valparaíso).
La investigación reveló que la empresa preparó dos informes sobre la actividad de los convertidores y plantas en mayo, pero “los indicadores no coinciden”. En el primer reporte, que circuló de forma interna y fue evacuado 24 horas después del incidente, se señala que se operó sobre el límite permitido. Sin embargo, en el segundo, el que fue enviado a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de Atacama y las Seremis de Salud y Medio Ambiente, registró que los indicadores del mismo período se encontraban debajo de los límites señalados en el Plan Operacional y, por ende, ajustados a la norma.
CIPER accedió a ambos documentos y a correos internos de la fundición y constató que existe una diferencia en dos parámetros operacionales del Convertidor Teniente entre el informe preliminar y el informe técnico. Se trata del flujo de soplado y el porcentaje de enriquecimiento de oxígeno, en los que bajo “una condición meteorológica desfavorable (como ocurrió el 23 de mayo), la condición operacional debe ser restrictiva”, según se lee en el plan operacional. Sin embargo, ese día funcionaron por sobre la norma, según se aprecia en el informe preliminar y en los correos electrónicos que recibieron el 24 de mayo a las 07:02 tanto el gerente de la fundición, Marcelo Bustos, como el superintendente de procesos, Patricio Andrade.
Carlos Fernández Reinoso, quien era el superintendente de Operaciones de la fundición en Paipote al momento del incidente (23 de mayo de 2021) fue despedido nueve días más tarde, el 1 de junio, por haber alertado a su jefatura que los registros enviados a la autoridad ambiental no correspondían a lo que realmente había ocurrido aquella mañana del episodio crítico.
Posteriormente, Fernández se presentó ante la comisión de diputados que indaga posibles irregularidades en los estados financieros y los balances metalúrgicos de Enami y señaló que los registros internos de las operaciones de la fundición sobre las emanaciones del 23 de mayo pasado muestran valores más altos que los que se enviaron a la autoridad ambiental.
«Recibí la información de uno de los profesionales a cargo de la gestión ambiental que me indicó que se adulteraron los datos de los parámetros operacionales del Convertidor Teniente, el horno principal de la fundición», explicó.
Normativa de calidad del aire
Tras la crisis en Puchuncaví, se dio inicio a una normativa de calidad del aire. Esta debe garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, regulando que las altas concentraciones de emanaciones tóxicas sean evitadas. Sin embargo, según el citado medio, los registros del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINCA), constataron que la fundición ha incumplido con el límite promedio horario unas 63 veces desde que se promulgó la iniciativa en 2019.
Asimismo, este caso demuestra que “ la normativa finalmente resultó tan laxa, que la cantidad de SO2 liberada en Paipote el 23 de mayo del año pasado no es suficiente para incumplir la regla: la norma permite superar el límite horario en 131 oportunidades por año”.
Los registros del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINCA), constataron que la fundición ha incumplido con el límite promedio horario unas 63 veces desde que se promulgó la iniciativa.
En la práctica, es una norma que permite que se intoxique 131 veces al año y cumplir igual, porque está hecha para ser cumplida, planteó Marcelo Mena, exministro y exsubsecretario de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.