Para no olvidar: Las “banderas falsas” durante el gobierno de Sebastián Piñera

¿Cuáles han sido esos temas de fondo? Las reclamaciones de tierras mapuche en el sur de Chile que involucra los intereses de grandes grupos económicos del sector forestal y agroindustrial. Las demandas sociales por justicia social e igualdad en materia de previsión, educación, medio ambiente, entre otros.

Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Estas prácticas, desde el poder económico y bélico, se han aplicado constantemente en el marco de conflictos por reivindicaciones territoriales mapuche como también en el marco del “estallido social”.

Piñera tiene un amplio prontuario de actos ilícitos y conspirativos, sumándose el involucramiento de su gobierno en operaciones contra el Pueblo Mapuche, entre ellos el asesinato de Camilo Catrillanca y la inacción o complicidad del gobierno para que se perpetraran diversos actos racistas.

Así como durante el gobierno de Sebastián Piñera se ha generado una crisis migratoria con diversos actos xenófobos anti migración, como ha ocurrido en zonas como Iquique y Antofagasta, en la noche del 1 de agosto 2020, civiles armados con palos, armas blancas y fierros, convocados por organizaciones de intereses latifundistas en la Araucanía, asistieron a desalojar los municipios que se mantenían ocupados por comunidades en apoyo a la huelga de hambre de presos mapuche.

En medio de gritos como “el que no salta es mapuche”, los civiles en Curacautín quemaron vehículos de los comuneros y, frente a la presencia de carabineros y en medio de un estado de excepción, violentaron y golpearon a familias mapuche que comenzaban a dejar las instalaciones. Situación similar ocurrió en Victoria y Traiguén.

Para no olvidar, compartimos artículo: “Las banderas falsas de Sebastián Piñera y su guerra interna”.

El “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite», no fue una frase al azar o mal interpretada.

En el marco del estallido social del 18 de octubre del 2019, se gestó una operación que buscó instalar una “bandera falsa” para desviar los asuntos de fondo de la rebelión y justificar las acciones bélicas en contra de las protestas.

La influencia extranjera de “cubanos y venezolanos” que rodeó por esos días la frase de Piñera “estamos en guerra”, con infiltraciones a medios masivos comerciales y las activas instalaciones desinformativas desde grupos de la extrema derecha chilena, fueron parte de la tónica en octubre del 2019 de una operación que no tuvo resultados.

 El 18 de octubre del 2019 se levantó en Chile una de las mayores rebeliones en la historia republicana que ha sido conocida popularmente como “El estallido o la revuelta social”, impulsado previamente por un movimiento de estudiantes de secundaria y que luego movilizó por meses a millones de personas en el País exigiendo cambios estructurales ante diversas políticas, entre ellas: No + AFP, derecho a la educación, saludo digna, defensa medio ambiente, fin a la corrupción, una nueva constitución Política.

El Gobierno de Sebastián Piñera ha estado cercano a los servicios de inteligencia en diversas circunstancias, entre ellos a ese momento: “Consejo Asesor de Inteligencia” (CAI), la caótica Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y en general los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) que desarrollan la “Fusión Center”, incluida las cuestionadas unidades de Carabineros,

Sin embargo, Sebastián Piñera, en vez de hacer frente a las demandas sociales que marcaban el estallido, optó como reacción inmediata intensificar por una semana y media, los procedimientos del Manual de la Escuela Las Américas, aplicando el Toque de Queda, convirtiéndose en un gobierno de facto e implementando una serie de medidas represivas, de cizaña e intentos de quiebres de movimientos sociales a través de la cooptación.

“Estamos en guerra”

Sebastián Piñera el 20 de octubre, comunicaba a la opinión pública que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar “ambigüedades”, mientras los militares buscaban tomar control en diferentes localidades de Chile.

Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio.

A las 00:15 horas del día sábado 19 de octubre, Sebastián Piñera comunicó la decisión de la intervención militar: “Haciendo uso de las facultades que me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la Región Metropolitana“, la que fue progresivamente extendida a diversas regiones del País con diversos toques de queda.

Lo del metro de Santiago y los atentados incendiarios evidenciaron una bandera falsa. Instalaciones inmediatas en redes sociales y de prensa por grupos ligados a sectores militares hiper ideologizados comienzan a difundir. Un caso. Rodrigo Eitel, es miembro honorario de Cien Aguilas, grupo donde participan entre otros: el ex vocero de Pinochet, Guillermo Garín; ex Vice Comandante en Jefe del Ejército; el ex Brigadier Arturo Aranda; el ex ministro del Gobierno Militar, General en retiro y ex senador designado por Pinochet, Bruno Siebert. En este grupo participó el fallecido empresario alemán y de origen Nazi, Jürgen Paulmann. Eytel, también fue vocero del brigadier Pedro Espinoza -condenado por el asesinato a Orlando Letelier y su participación en la Caravana de la Muerte.

Rodrigo Eytel a través de redes y medios de su cadena digital el 20 de octubre del 2019, publicaba: “Chile se encuentra sometido a un ataque terrorista que sería coordinado y financiado desde el extranjero” (…) “El malestar social, el que se manifestó en diversas acciones ciudadanas, fue utilizado por un plan maestro organizado desde el extranjero, que busca desestabilizar las democracias sud americanas. El plan comenzó con Ecuador y luego se atacó Chile, en especial como acción de venganza contra las acciones del presidente Piñera contra el gobierno dictatorial del socialista Nicolás Maduro” (…) “Los daños son de gran embergadura y la intención era coordinar con infiltrados desde el extranjero, para coordinar con grupos delictuales financiados para generar organización destinada a quemar lugares emblemáticos, municipios, calles y paralizar el país, destruyendo la capacidad de movilización de la gente como la destrucción de toda instalación de supermercados para e al pueblo” (…) “Por redes sociales, ciudadanos de Ecuador hicieron llegar mensajes informando de estos operativos replicados desde Ecuador, a Chile”.

Por otro lado, el diario La Tercera publicó sobre la intervención extranjera de venezolanos y cubanos en ataques en Chile. la minuta apareció luego de una reunión a la que habrían acudido los directores de La Tercera y El Mercurio a La Moneda.    

La tercera señaló en una publicación aclaratoria del 28 de octubre del 2019  lo siguiente: “Desde la semana pasada, en el gobierno y en organismos policiales circulaba la información sobre la participación de extranjeros en desmanes, lo que fue transmitido en off the record en distintas reuniones por autoridades policiales y de gobierno”.

En otro punto, La Tercera agrega: “Fuentes de organismos de inteligencia policial hicieron llegar a La Tercera el domingo 27 de octubre una minuta de 8 puntos que reunía información proveniente de “fuentes abiertas y cerradas respecto de los atentados a la red del Metro que terminaron en ataques incendiarios el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre”. Esa minuta, como publicó este lunes La Tercera, informaba que se había identificado a “una de las personas que participó en el primer atentado al Metro, gracias al análisis de imágenes, grabaciones y georreferenciación de celulares”, pero no entregaba el nombre de ningún sospechoso ni aludía a la presencia de extranjeros en los ataques al tren subterráneo”.

Si bien La Tercera sale a aclarar y pedir disculpas por sus publicaciones, no fue capaz de revelar sus fuentes directas ni los nombres de los funcionarios de gobierno e inteligencia responsables de dichas informaciones, haciéndose parte de un nuevo acto de montaje.

Mientras en redes sociales se hacía trascender el involucramiento de extranjeros en ataques incendiarios en el Metro,  paralelamente, el derechista venezolano, Juan Guaidó, denunciaba el 23 de octubre que Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Chile y Ecuador, asegurando que “financia” a diferentes grupos para “infiltrar” las manifestaciones en la región, esto, mientras diversos fake news se instalaban por parte de detractores de las protestas en Chile.

Montajes nunca aclarados

Héctor Barros, Fiscal regional metropolitano sur a cargo de la investigación de los atentados al Metro, señaló a medios el 25 de octubre que “hemos encontrado que algunos lugares en los que se inició el fuego eran lugares bastante estratégicos para las estaciones de Metro, como donde están instalados los sistemas de electricidad”. Dichos puntos “se instalan en lugares que estén protegidos” y “no son de libre alcance para todos los que transitan por la vía”.

“Ni cubanos, ni venezolanos, ni alienígenas: Fiscal desmintió teoría difundida sobre atentados en el Metro”, el mismo Fiscal declaraba a medios que la Fiscalía Oriente no tiene antecedentes respecto de identidades ni nacionalidades específicas.

El presidente del Sindicato de Trabajadores, Eric Campos, en conversación con Cooperativa el 24 de octubre del 2019, señaló que “creo es importante después de este proceso, que la Fiscalía entregue una investigación y haga las acusaciones (sobre) quién está quemando el Metro (…) El pueblo necesita saber quién quemó el Metro. No conozco a nadie, a ningún grupo, que pueda quemar ochos estaciones del Metro al mismo tiempo”.

Agregó: “Yo dificulto mucho que quienes hoy día demandan un cambio estructural tan grande en Chile le quemen el medio de transporte a la clase trabajadora”, agregó al respecto.

Represión, cizaña y cooptación

Cada una de las operaciones anti estallido se fue cayendo, mientras paralelamente aparecía con representaciones de la institucionalidad como el presidente del senado, de la cámara de diputados y de la Corte Suprema, luego con cabecillas de partidos políticos del binominal, intentando dar señales de “estabilidad” y “orden estatal”, mientras, Chile comenzaba a vivir la mayor movilización de su historia contra un régimen político y económico, con millones de personas manifestándose de multisectoriales, cambiándose rápidamente la estrategia por parte de Sebastián Piñera, con urgencia, haciéndose parte y eco de las movilizaciones, apoyándola, mientras daba a conocer un paquete de ofertas sociales, con 20 medidas que son parte de la llamada Agenda Social, con las cuales el gobierno esperaba hacer frente a las demandas.

Piñera en su nueva estrategia, indicaba: “Hemos escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus carencias, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor”, expresó.

Las ofertas sociales de Piñera no lograron mermar el estallido social en el País, en cada rincón, sumándose nuevas convocatorias de concentraciones y paros nacionales, generando consecutivamente otra señal como el cambio de Gabinete en 8 ministerios el lunes 28 de octubre, fracasando inmediatamente, mientras las protestas en Santiago han tratado de situarse frente al Palacio de la Moneda en medio de fuertes actos de violencia estatal.

Sebastián Piñera y la costumbre de la “bandera falsa”

Las banderas falsas de Sebastián Piñera contra un enemigo, arrojó asesinatos, miles de heridos, torturas, abusos y violaciones, con el propósito de inmovilizar a una buena parte de la población a través del miedo y el dolor.

Uno que quedó por un tiempo más en el gabinete de Piñera fue Alberto Espina, ex senador por Malleco en la Región de la Araucanía, Ministro de Defensa de Piñera, quien fue uno de los operadores que encabezó en septiembre de 2008, denuncias sobre supuestos vínculos entre las Farc con grupos extremistas mapuche de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006, como parte de una sistemática campaña que afloraba cada cierto desde sectores ligados a la ultra derecha chilena, con el propósito de desviar la atención de las reivindicaciones.

El propio Piñera fue parte de estas operaciones y campañas. En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con su homónimo de Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuches y las Farc”, lo que ha sido descartado en reiteradas ocasiones por instancias policiales y de inteligencia.

“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera en su primer gobierno, en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco el 2012, mientras inmediatamente el ex Ministro HinzPetery operadores políticos de su mismo bloque como el ex Diputado Edwards  (actual candidato) ,el mismo ex Senador y ex ministro Espina y el ex Intendente Araucanía Molina, actual diputado, Andrés Molina, quienes hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivosy mientras ciertos operadores de justicia también apuntaba dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.

Piñera ha sido cercano a los intereses de grupos empresariales forestales. El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchiley cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco. Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.

Piñera tiene un amplio prontuario de actos ilícitos y conspirativos, sumándose el involucramiento de su gobierno en operaciones contra el Pueblo Mapuche. En noviembre del 2018 es el asesinato de Camilo Catrillanca, lo que trascendió también internacionalmente ante la caída de montajes.

En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, que establece la responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del ex  subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en el crimen del comunero mapuche, ocurrido en noviembre de 2018.

En el texto, de 247 páginas, se detalla el rol que jugaron las distintas autoridades de gobierno en la muerte de Catrillanca, afirmándose que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política. Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche”.

El Gobierno ha sido impulsor de actos criminales, con prácticas de facto, donde el derecho a la vida de las personas y la integridad física y siquica no tuvieron importancia, siendo incapaz de asumir sus responsabilidades y en vez de atender las demandas de fondo de los diversos sectores del País, ha sido capaz de ejecutar actos conspirativos, haciendo uso y abuso de aparatos represores del estado, instituciones que en nada han evolucionado. ¿Habrán llegado a su fin con el nuevo Chile que despertó?

Varios letreros han emergido desde el 18 de octubre, uno de ellos “Ahora ya saben quiénes son los terroristas”.

Por Alfredo Seguel