A través de una declaración pública, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile advirtió que el fracaso de la política migratoria del actual gobierno del Presidente Piñera revista una severa situación de «implicaciones humanitarias», la cual está generando un riesgo tanto para el orden público como para el clima social.
«Tal como lo denuncia el cartel instalado por el gobernador de Tarapacá en el frontis de su dependencia, el fracaso de la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, reviste una severa situación de implicaciones humanitarias, que a su vez genera un riesgo tanto para el orden público, como para el clima social y político necesario para avanzar en las transformaciones que el país espera del nuevo gobierno y del proceso constituyente», parte señalando la declaración de la Coordinadora.
«Estamos así», continúa el texto, «ante un escenario de crispación con la pésima gestión para una inserción de personas migrantes llegadas recientemente, y con un evidente atropello de los derechos humanos de las personas migrantes, y de habitantes residentes en las ciudades y localidades en las que éstas se están asentando las primeras, de manera precaria».
Para la organización, «las consecuencias de la política anti-inmigrante de Sebastián Piñera, anunciada con el lema ‘ordenar la casa’ están a la vista: 21 personas muertas en la frontera, multiplicación de grupos de migrantes por pasos no habilitados, subregistro e invisibilización de las personas migrantes que ingresan en estas condiciones, incapacidad para dar cuenta de la realidad sociodemográfica y migratoria particular de estas personas en cuanto a redes familiares y sociales en Chile, incapacidad para atender sanitaria y humanitariamente a quienes lo necesitan, favorecimiento de un asentamiento irregular de personas migrantes en espacios públicos, inserción laboral en condiciones informales e irregulares, y creación en definitiva de un escenario de violación de los derechos humanos de todas y todos, que además favorece las expresiones de xenofobia, aporofobia y racismo».
Para la agrupación, «lo peor de todo es que el gobierno ha permanecido sordo e impasible ante los acontecimientos de crisis humanitaria que afectan a las personas migrantes y que se sucedido en las ciudades y localidades del norte desde hace dos años a la fecha. Y sólo ha reaccionado públicamente cuando los hechos han trascendido a la prensa, como sucedió luego del ataque de una turba de manifestantes a familias migrantes en la Plaza Brasil de Iquique, el 25 de septiembre pasado. ¿Qué espera ahora, cuando en Iquique y otras ciudades del norte, ante la crisis, los grupos nacionalistas, racistas y xenófobos llaman a movilizarse contra la población migrante?»
«La pésima gestión ante las tendencias migratorias, tiene como una de sus consecuencias la estigmatización. Y aunque sean una ínfima minoría, las personas con antecedentes penales o que incurren en prácticas delictivas, trascienden y dejan en la retina de la opinión pública la imagen que asocia migración con criminalidad, en lo que el gobierno de Sebastián Piñera, el subsecretario Galli y las autoridades en migración, como Álvaro Bellolio, han contribuido abiertamente. Solo es recordar las numerosas expulsiones colectivas que se ejecutaron, agrupando en deportaciones a personas que cumplían pena aflictiva con migrantes en situación irregular, sin pasar por alto que a muchos de estos últimos, no se les respetó siquiera el debido proceso para expulsarlos», añadieron en su declaración.
En este punto, recordaron que el 29 de septiembre del pasado año (2021), el Gobierno anunció medidas «que supuestamente incorporarían un eje humanitario, como la instalación de albergues temporales en Colchane y Huara, la instalación de albergues para niños en Colchane e Iquique, así como la incorporación de alojamientos en hostales y estadías transitorias sanitarias de alta capacidad que permitiera una atención en salud. Sin embargo, la ineficacia e insuficiencia de estas medidas sólo reafirmó la situación de abandono estatal».
«Continuaron entonces los desalojos violentos en Iquique, de migrantes ocupando los espacios públicos -quienes, en la mayoría de los casos, no contaron con ninguna solución habitacional transitoria-, y vino el fracaso experimentado en el albergue de la localidad de Lobito, a 20 km de Iquique, que no brindó siquiera una alimentación y atención en salud adecuada a sus ocupantes», puntualizaron.
Así, manifestaron que «al cerrarse este primer mes del 2022, denunciamos que la inoperancia de la gestión migratoria y sus consecuencias, han estado caldeando los ánimos en las ciudades del Norte Grande, en medio de lo cual, grupos xenófobos alimentan una nueva explosión de intolerancia, discriminación y violencia. Ante una crisis que amerita extrema humanidad, el resultado no puede ser el aumento de la criminalización y el repudio hacia las personas inmigrantes. No permitamos que se repitan hechos como los de septiembre de 2021 que fueron internacionalmente calificados como vergüenza nacional de Chile».
Finalmente, ante el llamado a decretar un Estado de Excepción en la Región de Tarapacá, desde la Coordinadora indicaron que este «ya existe de alguna manera, desde que militarizaron las fronteras junto con su cierre, y le dieron facultades de control migratorio a las fuerzas armadas. El enfoque securitario no puede aplicarse sin garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales de las personas migrantes y se debe aplicar independiente de la situación documentaria».
«Hacemos un llamado a las comunidades en Chile que tomen conciencia de la situación y no participen de la reproducción de mensajes que alimenten la xenofobia y la criminalización. También hacemos un llamado a las comunidades migrantes, a desistir en la reproducción del clasismo, la estigmatización y la aporofobia, al interior de nuestros propios grupos de connacionales. Nuestra lucha, es una sola, cuyo fin es lograr una migración segura y regular para todas las personas, a partir de políticas migratorias que lo posibiliten; en vez de las que se han aplicado hasta ahora».
«Seguiremos demandando una regularización migratoria extraordinaria sin exclusiones, y a su vez que se garantice el derecho humano al refugio. Ante los continuos flujos migratorios, los Estados deben incorporar estas realidades en sus agendas como un asunto de emergencia internacional», concluye la declaración.
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