Un caballo de Troya corporativo: Obama impulsa el acuerdo comercial TPP

El TPP implica serios riesgos para el acceso a los medicamentos, la cultura y los derechos digitales, debido a que amplia el tiempo de las patentes y se obsesiona por punir el libre flujo de conocimientos. Hasta ahora la sociedad civil sólo ha accedido a los documentos del proyecto por filtraciones, a diferencia del acceso directo que tienen al TPP compañías transnacionales.

Mientras continua el cierre del gobierno federal, el secretario de Estado, John Kerry, viaja a Asia para mantener conversaciones secretas en torno a un nuevo acuerdo comercial general, el Acuerdo Transpacífico (TPP). Sus detractores suelen referirse al TPP como un acuerdo “NAFTA con esteroides”.

El TPP establecería una zona de libre comercio desde Vietnam hasta Chile, que incluiría a 800 millones de personas, casi un tercio del comercio mundial y casi el 40 por ciento de la economía global.

El TPP implica serios riesgos para el acceso a los medicamentos, la cultura y los derechos digitales, debido a que amplia el tiempo de las patentes y el proyecto persigue sancionar el libre flujo de conocimientos.

 Si bien el texto del tratado ha sido en gran medida negociado a puerta cerrada, sin comunicarlo al congreso, se informa que más de 600 asesores de empresas tienen acceso a la medida, entre ellos empleados de las empresas Halliburton y Monsanto.

 “No se trata principalmente del comercio”, afirma Lori Wallach, directora de la organización Public Citizen’s Global Trade Watch. «Es un caballo de Troya corporativo. El acuerdo consta de 29 capítulos y solo cinco de ellos tienen que ver con el comercio. Los otros 24 ponen restricciones a los gobiernos nacionales, limitan la seguridad alimentaria, los estándares ambientales, la regulación financiera, las políticas energéticas y de cambio climático o asignan nuevos poderes a las grandes empresas”.

A comienzos del 2011 se filtró el capítulo de propiedad intelectual de Estados Unidos para el TLC que están negociando secretamente países como Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia, Perú y Chile. Casi un año después, la polémica aumenta pues sus consecuencias en el ciberespacio chileno serían similares a la mundialmente cuestionada ley SOPA, en tanto contempla la  censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor.

Democracy Now

Ilustración: Harol Bustos

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