Bases Militares de Estados Unidos en el Perú; Enlaces militares entre unidades estadounidense y peruanas; Base de la DEA en la amazonía; Financiamientos de USAID a centros cívicos, sociales, gubernamentales y políticos para el levantamiento de información; Múltiples Corporaciones económicas Transnacionales saqueando los Bienes Naturales de dicho País.
Es la cola de George Bush en el Perú para dar paso a un sangriento Ultra neoliberalismo promovido por un sometido y corrupto gobierno encabezado por Alan García .
Se hace urgente e indispensable, que el actual Gobierno de Obama revise las herencias dejadas por su antecesor en el Perú y de poner fin a siniestras practicas que han traído destrucción, contaminación y muerte a los territorios indígenas .
El 75 % de la Amazonía en el Perú (55.000.000 de hectáreas) el Gobierno lo ha destinado para lotes petroleros / Pueblos indígenas son masacrados frente a la protesta social con un sistemático genocidio e Indígenas en aislamiento voluntario están expuestos a la extinción.
El neoliberalismo es un modelo estéril y una guerra contra los Pueblos, de incremento de la explotación y sobre explotación de bienes naturales y del fin del rol del aparato público para dar paso al control de Corporaciones económicas en los estados y de poner fin a las economías locales. Eso es Perú, un eje de dicho mal instalado por el imperialismo neoliberal reflejado fehacientemente en la administración Busch y que continúa teniendo sus coletazos contra los Derechos Humanos y en contra del Medio Ambiente. El extremo de este modelo, el Ultra Neoliberalismo, está reflejado en Sud América en Países como Chile, quien lo inició, luego Colombia, y por supuesto, Perú, el último de los experimentos extremos.
Alan García. Un Gobierno que entró por votación “democrática” y que se transformó en una violenta Dictadura
Fujimori hizo las labores de “limpieza” para la instalación del germen neoliberal. Toledo lo mantuvo; Y García lo expande e intenta consolidarlo a costa de abusos, arbitrariedades, ilegalidades y de corrupción.
En un sistema verdaderamente democrático, los poderes del Estado deberían funcionar, la participación existe y los ideales de libertad, justicia e igualdad no son mera retórica. Sin embargo, el Gobierno de Alan García asume facultades legislativas tal cual lo hace un Gobierno de facto, pasando a llevar la Constitución y el propio Congreso de la república. En el presente, esa acción significa la imposición de decretos legislativos que buscan la destrucción sistemática de la vida comunitaria, la enajenación de tierras para intereses de grupos económicos, minifundio, micro-parcelas insuficientes para la subsistencia, emigración, acorralamiento por industrias extractivas y sobreexplotación Bienes Naturales a cargo de poderosos grupos económicos; y una violenta represión estatal, criminalización y judicialización de la protesta social para controlar cualquier animadversión que invoque la defensa de tierras y Derechos colectivos por parte de los indígena.
Estados de emergencias, de sitio y toques de queda, son otras de las prácticas que asume activamente Alan García para hacer frente a la protesta social, reprimiendo y haciendo desaparecer cualquier mecanismo que asegure el derecho de participación y por supuesto, el consentimiento de los Pueblos y comunidades frente a las políticas públicas del estado, lo que se hace mucho más “eficaz” frente a liderazgos sociales caudillistas, que facilitan la tarea represiva y de desmovilización.
Decenas de asesinatos, centenares de judicializados y reprimidos, principalmente campesinos e indígenas en protestas sociales, son algunos de los saldos arrojados por el Gobierno de Alan García que sin lugar a dudas, junto a Uribe de Colombia, son considerados como uno de los más violentos y genocidas de la región.
Otro aspecto característico de los Gobiernos de facto neoliberales, son, los altos índices de corrupción y sometimiento a los intereses de las Corporaciones económicas. Toda dictadura en el continente se ha caracterizado por esto. El rastrerismo ilustrado, el de terno y corbata y/o uniformados, a punta de cañón y fuego, para permitir el saqueo de los bienes colectivos de un País.
En efecto, uno de los tantos escándalos que ha debido enfrentar el Gobierno peruano, es el llamado “Petro Audios” que involucra a altos funcionarios del Ejecutivo por recibir coimas para otorgar concesiones a ciertas empresas que obtendrían el control de ciertos lotes petrolíferos. El Presidente ha intentado distanciarse pero hay una responsabilidad política ineludible. Perú Petro y el Ministerio de Energía están corrompidas por el dinero de las grandes trasnacionales y que significó la mismísima caída del Ministro , que incluso, en los últimos petro audios dados a conocer en algunos medios tocan al propio Alan (1).
Casi como anécdota es el mensaje que versa en la supuesta entidad pública “Peru Petro”, que dice: “Perú, un País para Invertir” o bien, su promoción de establecer a Perú como País “Petrolero”. Perú Petro es la «empresa» estatal dependiente del Ministerio de energía quien es juez y parte en las negociaciones y concesiones de los lotes petroleros. Negocia directamente con las transnacionales y luego es quien, post procesos de postulación para las concesiones, define si las otorga o no, lo que es un absurdo y cuyo rol ha quedado en evidencia recientemente sobre los niveles de corrupción que se puede llegar con este tipo de políticas, fuera de toda ética y lícito.
Otra referencia con relación a los intervencionismos foráneos, es el que sostuvo comercialmente Alan García para la “inversión” con el poderoso grupo económicos de Chile CMPC (Grupo Matte) para su traslado al Perú, grupo muy cercano a la dictadura Militar de Pinochet, sindicado además de haber sido uno de los instigadores del Golpe de Estado en este País junto al empresario Edwards y la CIA. En efecto, fue uno de los grupos económicos más beneficiados durante el régimen militar y ha sido denunciado en la actualidad de mantener relaciones con empresas externas de seguridad que resguardan sus intereses, con integrantes ex uniformados que habrían estado vinculados a la CNI (Central Nacional de Inteligencia del Gobierno de Pinochet) y que hoy actuarían como sicarios o mercenarios. El objetivo de dicha empresa, coludidamente con el grupo económico peruano “Romero” es la Amazonía para fines de bio combustibles e industria forestal.
Las Operaciones estadounidense de la administración BUSCH en el Perú
La praxis de represión a los Movimientos sociales y formas de levantamiento de información en el Perú para intereses de las corporaciones no es aislada. Muchas de ellas se cruzan con el intervencionismo que tuvo la administración del ex Presidente de estados unidos George W. Busch y que se siguen reproduciendo hasta el presente.
En Junio de 2008 el Presidente de Bolivia Evo Morales denunciaba sobre el peligro de bases militares de Estados Unidos en el Perú y señalaba a la prensa: “Algunos imperios tratan de humillarnos (…) y con el pretexto de lucha contra el terrorismo, con el pretexto de lucha contra el narcotráfico (…) quieren poner bases militares” en países sudamericanos, aseveró Morales en un mitin (3), lo que fue desmentido y duramente criticado por la administración de Alan García.
Al respecto, son varios los enlaces que han tenido unidades militares de estados unidos en suelo de Perú. Uno de los últimos fue de 213 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para participar en actividades comprendidas en el programa de entrenamiento combinado conjunto con milicias peruanas denominado “Nuevos Horizontes”, que se realizó en la selva ayacuchana, según lo dispuso la resolución Ministerial 705-2008-DE/SG, que precisa que el personal militar norteamericano estará en territorio peruano entre el 12 de julio y el 15 de setiembre del 2008, por motivos de “Acción cívica humanitaria” en la región Ayacucho.
En las subsiguientes fechas, el ministro de defensa expide las siguientes autorizaciones en el segundo semestre del 2008 (4):
20 de junio-RM –Nº 606-2008/DE/SG ……… 158 militares “sin armas”
27 de junio- RM-Nº 636-2008/DE/SG………………..27 militares “sin armas”
11de julio- RM-Nº 705-2008/DE/SG………………..213 militares “sin armas”
Otro caso, es en la Región de Ucayali, Amazonía de Perú, donde se encuentra la base principal de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), con numerosos equipos, funcionarios, oficinas, helicópteros, entrenamientos y llama la atención que oficiales del ejército peruano “camufladamente” presten servicios activos a dicho organismo estadounidense. No es un misterio tampoco del nivel de relación que ha tenido dicho organismo con la Central de Inteligencia (CIA) no solo para su “lucha contra las drogas” sino frente a los movimientos sociales en diferentes Países donde se presentan los intereses de grandes compañías para ejecutar proyectos de industrias extractivas como la minería e hidrocarburíferas.
Otro inminente intervencionismo que se convirtió en un secreto a voces, a pesar de que siempre el gobierno negó en todos sus extremos la posibilidad de la instalación de una base militar estadounidense; fue el que denunció el diario LA PRIMERA quien en el 2008 tuvo acceso a un documento oficial que acredita que el Ministerio de Defensa coordinó con el ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, a solicitud de Estados Unidos de América, la construcción de un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunto en la base de Pichari en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Se señala “Mediante el oficio 058 VPD/A/SEC, fechado el 10 de marzo del 2008, la viceministra de Políticas para la Defensa, Nuria Esparch Fernández, manifiesta a Donayre que el ministerio del sector coordinó con el Comando Sur, a través del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, el proyecto de construcción de “un Centro de Asistencia Médica y un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunto en el terreno donde se encuentra estacionado el Ejército en Pichari”. Pichari es un pueblo ubicado en el sector oriental de los Andes centrales de Perú, cerca al pueblo de Siva y en el borde de la región Ayacucho, junto al río Apurímac (5).
Otro hecho conocido, es el de las gestiones de traslado de la base militar de estados unidos desde Manta a Loretos, en la Amazonía, que según la información oficial, se trataría sobre “cooperación bilateral en áreas como asistencia humanitaria, prevención de desastres y operaciones de paz, así como los esfuerzos antidrogas de ambos países. Será la segunda visita que realiza el almirante Stavridis al Perú en su calidad de jefe del Comando Sur desde que asumió el cargo en octubre de 2006”.
El especialista en temas de drogas e investigador del Transnational Institute (TNI) con sede en Holanda, Ricardo Soberón, señaló sobre este hecho en el 2008: «Existe la intención de ubicar un centro de coordinación en una zona estratégica de la Amazonía, pero el problema es que cuando los norteamericanos hablan de ‘coordinación’ es que están pensando en un espacio multipropósito” (6)
Para Soberón La instalación de ese centro en el Perú es estratégico desde el punto de vista militar estadounidense porque mientras la base de Manta era estratégica por la cercanía con Colombia y la llamada guerrilla, en Loreto se tiene una equidistancia respecto de los tres núcleos de política alternativa que hay en este momento en el continente: Caracas, Quito y La Paz.
En lo cívico, es escandaloso el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en cada uno de los países “subdesarrollados” donde interviene. Solo un hecho a modo de ejemplo, fue lo ocurrido en Bolivia, donde USAID operaba desde la localidad de Santa Cruz tendiente al derrocamiento del Gobierno de Evo Morales, financiando complot y sedición a través de organismos privados (7)
En Perú así como en diversos lugares, USAID con la política de “regresión” ha utilizado a numerosas instituciones sobre todo privadas para ejecutar sus planes y canaliza dineros sin que se note mucho. Fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, quienes, quizás, algunas de ellas, actuando de “buena fe”, reciben financiamiento por este organismo para realizar diversos trabajos en bases sociales, principalmente rurales, desde donde se levanta numerosa fuente informativa que va desde zonas de interés para industrias extractivas y energéticas; liderazgos sociales (“enemigos internos”); zonas de conflictos o resistencia social (desde donde se interviene para los quiebres sociales y por ende la desmovilización); levantamientos topográficos y sistemas de información geográfica (SIG); “acompañamientos” a comunidades para incidir en políticas (neutralización de bases); Iniciativas para la Conservación Amazónica-Andina, cuyos resultados son receptadas por dicho organismo a través de informes, reuniones o publicaciones como parte de los cierres de proyectos a los que se comprometen y que han sido “claves”, particularmente durante la administración “Busch”.
Barack Obama, actual Presidente de Estados Unidos, fue uno de los principales opositores que tuvo Busch y ha señalado que actuará con firmeza para terminar con el genocidio en diferentes países y de cambios radicales en materias ambientales y derechos humanos, por ello, de existir consecuencia con esto, se hace indispensable que ante el genocidio que se vive en Perú hacia los Pueblos Indígenas y, la complicidad que ha tenido su antecesor en estos hechos para la planificación represiva, haga una completa revisión de los actuales “operadores” que aún quedan en este País sudamericano y de los programas que se han mantenido, en caso contrario, seria extender la complicidad.
Amazonía en Perú: Entre el Saqueo y el Genocidio
Lo que ocurrió en Bagua, con la violenta represión de las fuerzas especiales de la policía llamada DINOES y la matanza de decenas de indígenas quienes bloqueaban una carretera estratégica para el traslado del “crudo” como medida de protesta por la defensa de sus derechos colectivos ante las arbitrariedades del Gobierno, son parte de las políticas de genocidio estatal para asegurar los intereses de corporaciones económicas.
En este último tiempo, diversos llamados de alerta y de emergencia han realizado las organizaciones indígenas desde la amazonía ante las atrocidades y atropellos sistemáticos a sus Derechos Humanos como Pueblos indígenas, ante la consecuencia de las políticas, acciones e inacciones del Estado peruano que han causado las arremetidas de sicarios madereros y grupos económicos petroleros que siguen devastando sus territorios y atentando contra derechos fundamentales de las comunidades, incluso atentando o amenazando derechos tan esenciales como es la vida de las personas principalmente de sus lideres.
La situación que enfrentan los Pueblos Indígenas en todo el Perú es grave y escandalosa, que viola gravemente los Derechos Indígenas consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por Perú; y el Convenio de la OIT N° 169, tratado internacional de rango Constitucional, como asimismo, los diferentes pactos y tratados internacionales en general, relativos a los Derechos Humanos. En la amazonía la situación se agrava por el saqueo que se está haciendo.
Los territorios dentro de los límites fronterizos del Estado peruano tiene como parte la selva de la amazonía que se comparte con otros países, la que sólo por el lado del Perú tiene una superficie que supera los 75 millones de hectáreas con una riqueza única en biodiversidad y ecosistemas.
Sin embargo, el panorama que se enfrenta a consecuencia del conflicto de las industrias de hidrocarburos, controladas por empresas transnacionales es grave y crítico, a quienes el estado peruano les ha concedido lotes que abarcan cerca del 75 % de toda la selva amazónica, las que se encuentran en proceso de explotación, exploración o negociación, siendo unas 55 millones de hectáreas que se encuentran en esta situación en lotes (8), muchas de las cuales se sobreponen a tierras de comunidades sin que se considerase el Derecho a consulta o al consentimiento previo, libre e informado. También, se encuentran afectados los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que son negados por el Gobierno y Empresarios. El propio Presidente de la República, Alan García, a través de una publicitada carta denominada «El síndrome del perro del hortelano» en el 2007, los señalaba como los «No conectados» y como invenciones de conservacionistas (9).
Los indígenas en aislamiento voluntario, son numerosos pueblos que viven en gran parte de las extensiones de la cuenca amazónica, quienes prefieren la existencia aislada que han mantenido durante siglos, y evitan todo contacto con extraños, intuyendo y evidenciando el grave peligro que corren ya sea por una enfermedad que se les contagie a la cual no tienen defensa, o ante el asesinato de madereros ilegales y/o por la arremetida de las empresas petroleras.
Cabe mencionar, que existen graves casos de contaminación, saqueo y destrucción en los territorios de la Amazonía. Uno de ellos fue el derrame desde el 2006 en el alto amazonas en el río corrientes, con impactos a todo el ecosistema del lugar y la contaminación a más de 8.000 personas de los pueblos indígenas mayoritariamente Achuar. Casos de intoxicación en la sangre, huesos, sistemas nerviosos, órganos con materiales pesados como el plomo o cadmio, como consecuencia de filtraciones de hidrocarburos y vertimientos de aguas saladas de crecimiento en el río y sus afluentes ocasionado por una empresa transnacional Pluspetrol, son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo.
Estos hechos se han venido repitiendo en diversos lugares de la amazonía. Ya son más de 25 las empresas transnacionales ubicadas en la selva para los procesos de exploración o explotación de crudo, a lo que se agrega la arremetida de la industria de Bio Combustibles de palma aceitera o de Pino piñón, nefastas por su monocultivo, destrucción y reemplazo de bosques nativos o suelos agrícolas.
Medio Ambiente, soberania popular y alimentaria
Son ecosistemas únicos, economías y seguridad alimentaria y la soberania de Pueblos y de un País la que está en juego. Si se proyectaran actividades de turismo y de seguridad alimentaria, perfectamente podría ser gran un aporte a las economías locales y a diversos lugares del planeta donde hay hambre. El turismo, las variedades de alimentación y frutas que tiene la Amazonía, en vez de potenciarse, están siendo reemplazada por actividades petroleras, madereras y de biocombustible. Todo un desastre con riquezas mediáticas siendo los únicos beneficiarios las grandes corporaciones.
Justamente, uno de los impactos vía contaminación o sobreexplotación de bienes Naturales y que causan cambios en las formas de producciones locales y tradicionales, es la pérdida de ésta soberanía y seguridad alimentaria, derecho fundamental para combatir el hambruna y el alza de costo de vida, lo que, como ya se dijo, no sólo generaría el beneficio para el Perú, sino a la humanidad entera. Estos territorios son de gran importancia en la riqueza alimentaria y de biodiversidad, vitales para la existencia del planeta, principalmente ante la actual emergencia que vive la humanidad a consecuencia del calentamiento global, por sus fuentes de agua y grandes extensiones de bosques para oxigenar, sin embargo el ultraneoliberalismo de Alan García insiste en la destrucción y en la muerte, pero por lo visto, la resistencia continúa y la esperanza de un cambio profundo también. Los derechos deben ser lo primero.
Por Alfredo Seguel
Integrante de la Red autónoma de Comunicación y del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos
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