Grupo Angelini: El depredador socioambiental

Por: Jorge Molina Araneda

A raíz de la contaminación del mar, producto del derrame de desechos tóxicos, y una serie de graves secuelas hacia la salud de las personas, que desde el viernes recién pasado están experimentando las zonas de Lota y Arauco, se plasma acá el tristemente célebre derrotero del grupo Angelini. 

Ser reconocida como una de las empresas más importantes del país tiene su precio. El que ha pagado el grupo Angelini es ser una de las que tienen peor reputación en torno a su manejo ambiental, con reiteradas faltas a la institucionalidad, operando industrias sin los permisos necesarios, cometiendo varios ecocidios, destruyendo el patrimonio natural del país  y deteriorando la calidad de vida de sus habitantes.

El grupo Angelini y sus empresas cuentan con un extenso prontuario de desastres ambientales, a saber:

-Celco-Río Cruces

El más bullado de los casos de conflicto ambiental del grupo ocurrió a fines de 2004, cuando solo meses después de comenzar a operar la nueva planta ubicada en San José de la Mariquina, los vertidos de residuos industriales produjeron la muerte de miles de cisnes de cuello negro en el humedal del Santuario Carlos Andwanter del Río Cruces, en esa misma ciudad.

La contaminación del humedal redujo a cerca de un 10% la población de esos cisnes, lo que provocó la indignación de la población valdiviana. Por años se intentó verificar la culpabilidad de la empresa, pero incluso en una oportunidad la Corte de Puerto Montt anuló una multa contra la empresa.

Finalmente, el 27 de julio de 2013 el Primer Juzgado Civil de Valdivia condenó a la empresa por daño ambiental y el año pasado finalmente Celulosa Arauco se hizo cargo del problema llegando a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para desembolsar US$ 10 millones, la mitad destinada al Fisco para reparar del daño causado, mientras que la otra mitad del dinero para un programa de desarrollo comunitario.

-Celco-Rodrigo Cisternas

Fue un trabajador forestal chileno abatido a los 26 años durante una protesta obrera por una mejora en sus condiciones laborales la noche del jueves 3 de mayo de 2007, en la localidad de Laraquete, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Concepción frente a la Planta de Celulosa Horcones. Su muerte fue producto de disparos efectuados por miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros, luego de que el trabajador volcara varios vehículos policiales usando una grúa, en represalia al destrozo de los vehículos de los trabajadores de la empresa que hizo la policía tras arremeter contra los manifestantes. Murió en el acto de tres balazos, mientras otros cinco trabajadores resultaron heridos de gravedad. Al momento de su muerte vivía con su esposa e hijo en una pieza que alquilaba en la localidad de Curanilahue. Sus funerales se llevaron a cabo en ese lugar, ante más de 25.000 personas que llegaron desde diversos puntos del país.

-Celco-Río Mataquito

Desde 1999 que los pescadores del río Mataquito atribuían la muerte masiva de peces al derrame de residuos industriales desde la planta de celulosa Licancel. Pero sólo en 2007 sus denuncias fueron escuchadas, cuando una muerte masiva de peces motivó la intervención de buzos tácticos de Carabineros, quienes descubrieron ductos sin autorización ambiental que evacuaban desechos al río.

Entonces la planta fue cerrada, pero apenas dos semanas después otros 200 mil litros de riles llegaron al río por una fractura en una de las cañerías. La situación motivó incluso la intervención de la Presidenta Michelle Bachelet, quien señaló que todos los costos los debía asumir la empresa, lo que se tradujo en una demanda del Consejo de Defensa del Estado en contra de Celco.

Finalmente en 2010 la empresa fue condenada al pago de 600 millones de pesos. Sin embargo, en 2013 volvieron las denuncias de los pescadores a raíz de una nueva muerte masiva de peces.

-Celco-Río Itata

En septiembre de 2011 la empresa reconoció un derrame de riles en el estero Velenunque, en la localidad de Ránquil, provincia de Ñuble. Tras una investigación, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío decidió darle una sanción mínima a Celco por este episodio.

En noviembre de 2013 los vecinos de Boca Itata, en el sector de Trehualco, alertaron sobre un derrame de residuos líquidos industriales (RIL) en vegas de esa zona. Los residuos provenían desde la Planta Nueva Aldea, propiedad de Celco.

La emergencia se originó cuando uno de los ductos que trasladaban riles industriales al mar inundó cultivos agrícolas en esa zona costera, de manera que los líquidos llegaron directamente al río Itata. Tras la emergencia, la Corte de Chillán no acogió petición de suspensión temporal de la planta.

-Celco-Golfo de Arauco

El 24 de agosto de 2004 la comunidades del Golfo de Arauco vivieron una emergencia ambiental, a raíz del derrame de 5.000 litros de trementina y 15.000 litros de agua mezclada con esta sustancia al mar, provenientes de la Planta Horcones de la Celulosa Arauco y Constitución S.A., en la Comuna de Arauco.

La contaminación llegó en esa oportunidad hasta las playas de Lota, donde la mancha en el mar se encajonó e incluso provocó intoxicaciones por aspiración y contacto en el balneario. La Seremi de Salud de Arauco, entonces, determinó la prohibición de pesca en el radio de 1 milla marina en torno al punto de descarga del derrame.

Dos meses después, específicamente el 13 de octubre de 2004, ocurrió un nuevo derrame de riles. En esa ocasión el vertido fue entre 10.000 a 15.000 m3, a través de un ducto alternativo que iba directamente al mar.

-Copec-Calbuco

En la noche del 6 de septiembre de 2011, a sólo horas de haber sido inaugurada oficialmente por el entonces ministro de Energía Rodrigo Álvarez, la planta Pureo de Copec, ubicada en la localidad de Calbuco, tuvo un derrame de cerca de 30 mil litros de petróleo.

La empresa inicialmente cifró primero en 10 mil los litros perdidos en el mar, pero luego subió la cifra a 23 mil litros. Meses después la Consultora Golder Associates entregó un pre-informe calculando el vertido en 26.200 litros de crudo, quedando solo 3.700 litros de petróleo sin recuperar. Eso sí, también descartó que el derrame tuviera un impacto a largo plazo en la zona, aunque posteriormente la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos multó a la empresa con 437 millones de pesos.

Sin embargo, semanas después de recibir la multa, otro derrame de petróleo obligó al Servicio Nacional de Pesca a decretar cierres temporales de los centros de cultivo de choritos existentes en el lugar y la prohibición de extraer recursos marinos en la zona de Caicaén, ubicada al sur de la comuna de Calbuco.

-Copec-Isla Riesco

El pasado 2 de octubre de 2015 se presentó la segunda denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de la operación de Mina Invierno por la ruptura del humedal Chorrillos Invierno y por la contaminación con carbón y material sedimentable en Chorrillo Invierno 2 y la costa del Seno Otway, en Isla Riesco, ubicada en la comuna de Río Verde, en Magallanes.

-Copec-Las Salinas

Si bien no es de su exclusiva responsabilidad, la compañía petrolífera lleva años tratando de convencer a las autoridades sanitarias de Viña del Mar para llevar adelante un megaproyecto industrial y comercial en Las Salinas.

El problema es que el puerto fue utilizado desde 1935 por Copec, Esso, Shell y Sonacol para la importación de combustible a Chile, lo que dejó presencia de hidrocarburos en uno de lo loteos más codiciados del borde costero viñamarino.

La inversión se ha encontrado con la resistencia de las seremis de Salud y Medio Ambiente, y en agosto de 2014, la Inmobiliaria Las Salinas -empresa creada por el holding para este proyecto- retiró el Estudio de Impacto Ambiental tras las críticas de la autoridad. Sin embargo, en julio de 2015 anunciaron que presentarían un nuevo estudio al SEIA durante el próximo año.

-Copec-Iquique

Dos sumarios sanitarios cursó en ese entonces la Seremi de Salud de Tarapacá a la empresa Corpesca S.A. tras detectar emanación de vahos al ambiente los que han provocado malos olores en la ciudad de Iquique.

Años antes ya se habían realizado otras fiscalizaciones a empresas pesqueras por este mismo problema, como en 2011, las que no arrojaron culpables. Sin embargo, los constantes reclamos de la comunidad iquiqueña apuntan directamente a la pesquera del grupo Angelini.

Por esta razón la empresa arriesgó multas de hasta 1.000 UTM por cada sumario, e incluso se podría haber decretado el cierre de alguna de las plantas. Para evitar la emanación de malos olores, las autoridades sanitarias formaron una mesa técnica junto con autoridad sanitaria y medioambiental, el exintendente Mitchel Cartes y el exsenador Fulvio Rossi.

-Copec-Guacolda

Aunque no manejaba el porcentaje mayoritario de la empresa, el grupo Angelini también estuvo presente en la polémica Termoeléctrica Guacolda, ubicada en la denominada zona latente del Valle del Huasco.

La localidad, ubicada en la costa de la Región de Atacama, recién en 2012 fue declarada “Zona Latente” luego de que se registrara MP10 (material particulado respirable) por sobre un 80% del permitido en la zona.

En marzo de 2014, AES Gener adquirió la totalidad de los activos al comprar el 50% restante a Empresas Copec S.A. e Inversiones Ultraterra Limitada (Von Appen), repartidas en partes iguales.

-¿Celco-Lota?

Por otra parte, este pasado viernes 28 de enero se reportó un extraño color en el agua de por lo menos dos sectores costeros de las comunas de Coronel y Lota en la Región del Biobío. El municipio de Lota abordó el asunto, advirtiendo a la ciudadanía a no ingresar a las playas. Se prevé que el hecho haya ocurrido por un derrame de una sustancia tóxica, cuyo origen se desconoce. Asimismo, indicaron que algunos visitantes resultaron con alergias, vómitos y/o mareos. Todavía se desconoce más información al respecto. Desde la Municipalidad de Lota se recomendó no hacer ingreso a las playas de la comuna por esta inusual coloración. El 31 de enero se interpondrá una acción legal ante la Fiscalía en contra de quien resulte responsable. Algunos habitantes del sector apuntan a la plena responsabilidad de celulosa Arauco en este hecho.

Las empresas Angelini no solo han figurado en la opinión pública por los daños ambientales que ha provocado a nuestra flora y fauna. El holding estuvo involucrado hace unos años en el escándalo por el financiamiento irregular a los partidos políticos.

Según una investigación de CIPER, en 2015 cinco empresas del Grupo Angelini presentaron rectificaciones tributarias: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (que estuvo en manos del holding hasta junio de 2013), sumando más de $2.250 millones. “La cifra ubica al Grupo Angelini como el que más dinero ilegal proporcionó a políticos, después de SQM”, recogió el medio.

La fiscalía tuvo al holding bajo la mira, pero no pudo proceder debido a que el SII no presentó una denuncia. CIPER logró establecer que el Grupo Angelini aportó a casi todos los sectores políticos del país. Entre los pagos encontrados por el medio digital, destacan pagos realizados a una sociedad integrada por Alberto Espina (RN), otra relacionada con la esposa de Gabriel Silber (DC), a un asesor de Felipe Harboe (PPD) y a una sociedad de Petro Yaconi, quien fue recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009, entre otros.

CIPER reveló, además, que la campaña de Michelle Bachelet recibió aportes de Copec, Arauco y Cruz del Sur a través de pagos irregulares a la sociedad Asesorías y Negocios, de Giorgio Martelli: “Copec entregó $57 millones a Asesorías y Negocios entre enero de 2012 y enero de 2013; Celulosa Arauco aportó con otros $151 millones a través de ocho facturas entre enero de 2012 y marzo de 2013; mientras que el 29 de noviembre de 2012 Cruz del Sur pagó a AyN una factura por $10 millones. En total, Copec, Arauco y Cruz del Sur le entregaron $218 millones a Asesorías y Negocios”, reconstruyó el medio.

Específicamente en cuanto a Corpesca, la empresa fue investigada por el financiamiento ilícito que realizó a varios parlamentarios, mediante boletas ideológicamente falsas gestionadas por su gerente general, Francisco Mujica, entre 2009 y 2013, para que los intereses de la empresa se reflejaran en la Ley de Pesca que se estaba tramitando en el Congreso. Luego del estallido del escándalo, a mediados de 2013, Mujica renunció a su cargo en la empresa. En mayo de 2016, Mujica fue formalizado por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ana Emilia Ethit, por los delitos de soborno y delitos tributarios reiterados. La primera de las políticas que fue públicamente acusada de recibir pagos de Corpesca fue la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien recibió 25 millones de pesos antes de que la Cámara de Diputados votara la actual Ley de Pesca. En noviembre de 2015, el diario La Tercera filtró un intercambio de correos electrónicos entre Mujica e Isasi que confirmó la relación entre la exdiputada —ya que finalizó su mandato en marzo de 2014— y la empresa. En marzo de 2016 Isasi fue citada a declarar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y posteriormente se fijó audiencia para formalizar a Isasi por cohecho y delitos tributarios para el 24 de mayo, aunque ésta fue suspendida al 2 de junio por supuesta enfermedad de la acusada. El 2 de diciembre de 2020, fue declarada culpable por el delito de cohecho, siendo este el resultado del primer juicio oral realizado en Chile por financiamiento ilegal de la política.

El por entonces senador Jaime Orpis, por su parte, emitió boletas ideológicamente falsas por un monto total de 233 millones de pesos. El parlamentario fue desaforado en primera instancia el 14 de enero de 2016, acusado de cuatro delitos: cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de activos; días antes había renunciado a la Unión Demócrata Independiente (UDI), junto con reconocer el financiamiento irregular de sus campañas políticas.​ El 29 de abril de 2016, el pleno de la Corte Suprema ratificó el desafuero tras confirmar tres de los cuatro delitos antes mencionados: cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios;​y fue formalizado el 25 de mayo. En mayo de 2017, la Corte de Apelaciones decidió ampliar su desafuero parlamentario y continuar con su arresto domiciliario. Tres años más tarde, el 2 de diciembre de 2020, fue declarado culpable junto a la exdiputada Marta Isasi por seis delitos de fraude al fisco y cohecho. Finalmente, el 16 de abril de 2021, Orpis fue condenado a 5 años y un día de prisión efectiva. Isasi, por su parte, fue condenada a 50 días de prisión —que ya habría cumplido, debido al tiempo que pasó con arresto domiciliario— y el pago de una multa de $20 millones. Además, quedó impedida de ejercer cargos públicos durante un año y cinco meses.

En tanto, Corpesca fue condenada como persona jurídica por los delitos de soborno a Orpis e Isasi, debiendo pagar una multa a beneficio fiscal de 10.000 UTM (aproximadamente $516 millones), y publicar en un diario de circulación nacional la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a sus delitos.

Otros políticos que han sido investigados por la Fiscalía son el  exsenador Fulvio Rossi, debido a la filtración a fines de 2015 de correos electrónicos que lo vinculan con Corpesca, donde se sugería que Rossi habría estado operando a favor de los intereses de la empresa durante la tramitación de la Ley de Pesca​ y por los posibles pagos para el financiamiento de su campaña realizados por la empresa pesquera, y el exministro Pablo Longueira, por su eventual responsabilidad en la presunta obtención irregular de dinero para fines políticos.

Finalmente, cuando Celco recibió el Premio Sofofa Empresa Destacada 2009, la Sociedad de Fomento Fabril la destacó por su “gran aporte al crecimiento económico de Chile, liderazgo exportador, compromiso con la inversión y el empleo, contribución al desarrollo industrial y exitosa internacionalización”. Obviamente no mencionó el largo prontuario de crímenes, sobornos y desastres ambientales que el grupo Angelini ha perpetrado.

Fuentes: Ricardo Ahumada, El Ciudadano y CiperChile.