INDH envía oficio a Superintendencia de Medio Ambiente por denuncia de grave contaminación en Paipote

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) con el propósito de saber qué se ha hecho ante las denuncias de polución realizadas contra la Fundición Paipote, en la Región de Atacama.

La situación se dio a conocer luego de un reportaje de CIPER, donde se informó que en mayo de 2021 esta planta, propiedad de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), superó en casi un 500% la norma de calidad del aire. Se habría tratado de la emanación de 2.027,8 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de dióxido de azufre, cuando el límite normado es de 350 µg/m³.

En el documento del INDH, dirigido al jefe regional de la SMA en Atacama, se consultan tres cosas: el estado actual del procedimiento sancionatorio que se inició en 2019; posibles afectaciones al medio ambiente y al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación a raíz de la denuncia realizada por el medio CIPER; y las acciones que la SMA está realizado en el marco de dicha denuncia.

El proceso sancionatorio al que alude el oficio fue abierto en 2019 luego de la intoxicación de doce personas en Tierra Amarilla a causa de una nube tóxica que emanó de la Fundición de Paipote. Debido a este mismo episodio de 2019 el INDH puso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en favor de 58 personas. El tribunal de alzada acogió el recurso y ordenó a ENAMI adoptar las medidas para evitar otros episodios críticos de polución.

Sin embargo, el fallo fue revocado por la Corte Suprema, sólo por la presentación de un programa de cumplimiento (PdC) de parte de ENAMI en el proceso sancionatorio de la SMA. El INDH ha seguido monitoreando vía oficios el avance de este procedimiento. En julio de 2020, la SMA resolvió reformular cargos a ENAMI, cuatro de los cuales fueron calificados como gravísimos.

Hay que recordar que la Fundición Hernán Videla Lira, ubicada Paipote, en la comuna de Copiapó, fue la primera fundición estatal del país e inaugurada en 1952. No cuenta con una evaluación ambiental asociada a todo el complejo industrial, sino sólo a las ampliaciones de ciertas actividades. De tal forma, se desconoce la totalidad de los impactos ambientales asociados a la actividad industrial y de la fundición propiamente tal.

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