Las dudas que dejan los atentados forestales ¿Bandera falsa paraforestal?

El hecho de ayer, ocurrió en Trangol bajo en Curanilahue y un video viralizado muestra una camioneta Toyota roja de patente GWTR-12 desde donde bajó un sujeto militarizado con casco que realizó disparos, móvil que está a nombre de la empresa forestal Antilemu Ltda, según indica el certificado de inscripciones y anotaciones vigentes del Registro Civil, la que según se dijo con posterioridad, habría sido robada.

La relación del vehículo con la empresa forestal fue ampliamente develada en redes sociales, convirtiéndose en tendencia este 2 de febrero.

La empresa tiene domicilio comercial en Concepción, quien se presenta en su sitio oficial como una firma que destaca por hacer operaciones forestales, siendo su principal cliente: Forestal Arauco.

Los ataques armados, atentados incendiarios e incluso ejecuciones, como ocurrió el pasado 18 de enero, han ocurrido en pleno estado de excepción, con la muerte de César Millahual Cayupe (22), operador de maquinaria de empresa forestal Arauco y de Joel Ovalle (68), agricultor y presidente de una Junta de Vigilancia en Angol. Luego el 21 de enero fueron asesinados en sector rural de Carahue  de Gastón y Cristóbal Aravena, quienes, según versión de medios, iban saliendo de un domicilio en automóvil, cuando fueron atacados a tiros desde el interior de una camioneta.

Sobre estos últimos homicidios, se refirió el Instituto Nacional de Derechos Humanos quienes por medio de un tweet manifestaron que el “INDH condena asesinato de dos personas en Carahue por parte de desconocidos. Nuevamente tenemos hechos de violencia con víctimas fatales en la Macrozona Sur (…) El Estado debe velar por el respeto a la vida e integridad. Las armas deben silenciarse de una vez y dar paso al diálogo”.

Llama la atención que los hechos de mayor gravedad en zonas de Arauco, Malleco y Cautín, ocurren en momentos de mayor presión por parte de sectores políticos conservadores y empresariales para que el Congreso de la República extienda el estado de excepción y a pesar del fracaso en tal medida, la mayoría de los parlamentarios cedieron y lo aprobaron el 26 de enero, cuya prórroga será hasta el 24 de febrero. 

Hoy, en el marco del bullido caso del ataque armado del sujeto con casco y militarizado, ocurre en momentos que los mismos sectores políticos empresariales, exigen al gobierno de Gabriel Boric mantener el estado de excepción, quien ha señalado que no accederá a ello y entablará vías de diálogos.

Ante esta decisión del gobierno electo de Gabriel Boric, el coordinador nacional de Seguridad en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, señaló este 31 de enero: «Nosotros lo que hemos conocido del gobierno del presidente electo es básicamente una alternativa que me parece que es no comprender lo que está pasando en la Macrozona Sur (…) No es un problema de diálogo cuando estamos hablando de cuatro asesinatos en una semana», quien ha apuntado directamente al narcotráfico, al terrorismo y el crimen organizado de todos estos problemas. «Con esas personas no se dialoga«, indicó a Radio Duna.

Las dudas sobre ciertos atentados y ataques, considerando además las fechas en que han ocurrido por las discusiones sobre las prórrogas del estado de excepción, hacen entrever que habría más de un grupo irregular con propósitos bélicos y que las acciones de algunos de ellos, podrían ser “bandera falsa” desde sectores que pretenden mantener un estado represivo hacia comunidades mapuche en el marco de conflictos de tierras que involucra los intereses de latifundistas agroindustriales y empresas forestales.

Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades, en este caso paramilitar o paraforestal. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Estas prácticas, desde el poder económico y bélico, se han aplicado constantemente en el marco de conflictos por reivindicaciones territoriales mapuche, entre ellos y con involucramiento de unidades policiales: Plan operación Paciencia, plan operación Tarzán, plan operación Tauro, plan operación Huracán, plan operación Andes.

Son decenas los actuales conflictos de tierras que numerosas comunidades mapuche mantienen activo en latifundios y empresas forestales, siendo el conflicto original y de fondo que está detrás de la capa militar y policial del “estado de excepción”.

Por otro lado, el ex oficial carabinero, MIGUEL TOLEDO, se querelló el 16 de febrero del 2021, contra la institución de Carabineros y quienes resulten responsables por red de ilícitos en el robo de madera, Indicando que hay evidencia de «MONTAJE» en la llamada zona de «Conflicto mapuche» y precisó que tenía pruebas para demostrar estos ilícitos: falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, malversación, cohecho, entre otros. Todo esto vinculado al robo de madera donde estarían involucrados funcionarios de carabineros.

A fines de marzo del 2021, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, precisó en una entrevista a con Diario y Radio Universidad de Chile, que el ataque a equipo de TVN, que involucró al periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, que “detrás de esto está la mano siniestra de las forestales”.

A fines de enero del 2017, organizaciones mapuche y socio ambientales, señalaron que la FISCALÍA a pesar de poseer una nutrida carpeta de antecedentes se ha negado a investigar atentados que estarían relacionados con las empresas forestales y sus grupos de seguridad.

Sobre esta denuncia, consta que la Fiscalía Nacional, luego del ingreso de una serie de antecedentes relacionados a atentados incendiarios sobre plantaciones forestales y que estarían vinculados a grupos sicarios – mercenarios e intereses forestales ya sea directa o a través de entidades de seguridad, había determinado derivarlos para el levantamiento de líneas de investigación en las Fiscalías del Bio Bio y la Araucanía, este según carta Gabinete N° 257 del 2015, sin embargo a la fecha no han hecho absolutamente nada”, denunciaron.

Las organizaciones denunciantes señalaron que luego de años de existir una serie de antecedentes, varios de hechos públicos, “no es concebible que jamás se haya levantado líneas concretas de investigación y que esta instancia pública haya realizado exclusivamente persecuciones a causas Mapuche, sin atender contextos ni otros modus operandi”.

Camilo Catrillanca fue asesinado mientras intentaba proteger a un niño en un tractor, siendo acribillado por la espalda y en la cabeza, el 14 de noviembre del 2018 por miembros del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y del Comando Jungla, crimen ejecutado luego del desplome de los planes de operación “Huracán y Andes”, asesinato que intentó cubrirse con un montaje y que involucró la responsabilidad política del gobierno de Sebastián Piñera.

El gobierno de Gabriel Boric no solamente tendrá que buscar fórmulas para resolver históricos conflictos de tierras ancestrales, situación que fue incapaz de asumir el gobierno de Piñera, por el contrario, los intensificó, sino, además, tendrá que enfrentar la búsqueda de desmantelamiento de grupos irregulares militarizados que han actuado lejos y en contra de las causas mapuche.

Existen desde el año 1999 en adelante, una serie de antecedentes que no fueron debidamente investigados por la justicia y jamás se determinaron responsabilidades penales. A continuación, parte del historial.    

La historia de los autoatentados incendiarios forestales

En general somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada. Ahora con tantos incendios en el sur donde está involucrada la Forestal Minenco, empresa propiedad de la familia Matte, basta con mirar hacia el año 1999 para ver que esta empresa estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los Mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley Anti-Terrorista. ¿Les suena conocida la historia?

Durante los años 1999 al 2001 debido a una escalada de incendios en el sur de Chile, el Gobierno socialista del Ricardo Lagos apoyando a los empresarios madereros, inició un operativo de inteligencia para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a los Mapuche. A continuación algunos casos señalados:

El senador Alejandro Navarro al interponer una denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros en la comuna de Nueva Imperial. Ahí expresó ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que en el marco del conflicto mapuche se provocaban auto-atentados:

«Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, de que los incendios son autoatentados, hechos por los guardias forestales»

Si bien causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle por medios comerciales. Esta denuncia apuntó a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001.

Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia. Un relato textual de este informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción señaló:

«Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607. Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales.»

«Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)»

A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el «Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos», a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L). Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto.

El desmantelamiento de los “Entes Reguladores”.

Más allá del cierre de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción la cual dejó de existir en octubre de 2001, a nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Coincidentemente con esto, la Corporación de la madera (CORMA) cambió de presidente, saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando el empresario latifundista con predios en conflicto con comunidades y ex Ministro de la dictadura de Pinochet Fernando Leniz. Por cierto, como dato anecdótico, el año 2006, su hijo Francisco Leniz estafó al banco Security vendiendo un bosque talado por 400 millones de pesos(!)

El Caso de Leonardo Espinoza y el Incendio de Rucañanco.

Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes que desenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.

El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos. Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relató a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000)

«Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches»

«Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras»

«En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes brigadistas cortaban los Rehues, hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa»

Estos actos según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad.

Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del fundo Rucañanco de Forestal Mininco ocurrida el 01 de agosto de 1999, el gerente de relaciones públicas de la propia empresa Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuche. Dicho atentado, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado en agosto de dicho año.

Todas estas diligencias acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por autoatentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron.

El entonces diputado PPD Eugenio Tuma fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus «grupos de seguridad», señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000: «No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además, las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral»

El Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco.

En las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuente, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra. Cifuentes involucró de manera directa a funcionarios de la empresa Forestal Mininco en los atentados.

«La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa. Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales»

«Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches.»

Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio.

«Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron».
Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en  hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.

Otros Casos.

También hubo relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de autoatentados a la prensa radial de Temuco, la cual investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios en la época, entre ellos Guido Girardi y Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.

Durante el año 2008 y hasta el 2010, siendo Senador RN, Alberto Espina apoyado por Carlos Larraín manifestaron una y otra vez que había conexiones entre los Mapuche y la FARC Colombiana. Al final, en noviembre del año pasado Espina tuvo que desdecirse ya que simplemente no habían pruebas. «las comunidades mapuches no tienen ninguna vinculación con las Farc de ninguna especie y si hay algún individuo que cometió algún hecho de violencia en La Araucanía, no lo vinculemos al movimiento mapuche, porque tienen raíces, orígenes, propósitos y destinos absolutamente distintos», señaló Espina.

** La historia de los autoatentados incendiarios forestales / Parte de los contenidos de publicación original de Alfredo Seguel (Dossier: El conflicto de la industria forestal en Chile)