“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, dijo Sebastián Piñera, siendo Presidente de Chile en su primer periodo en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco el 2012, mientras inmediatamente el ex Ministro HinzPeter y operadores políticos de su mismo bloque como el ex diputado (actual senador electo) “Rojo” Edwards, el ex senador y ex ministro, Alberto Espina y el ex Intendente Araucanía y diputado, Andrés Molina, hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras los operadores de justicia como el ex Fiscal Ljubetic también apuntaba dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados.
Fue conocida la cercanía que el ex Presidente Piñera ha tenido con los intereses de grupos empresariales forestales. El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchile y cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco.
Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.
Piñera, que a inicios del 2017 aparece con una fortuna que supera los 2.700 millones de dólares y que al 2021 alcanzaba los 2.900 millones, fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”.
En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con quien fue su homónimo en Colombia, el ex presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.
Cabe consignar al respecto, que tanto Carabineros, la PDI, la CÍA de EE-UU y hasta el ex Ministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes.
Los Cables de la Embajada norteamericana en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.
El asesinato de Camilo Catrillanca
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue asesinado Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, perpetrado por agentes del GOPE – Comando Jungla.
Según informes policiales de inteligencia, Camilo Catrillanca, ya estaba previamente en la mira. El documento -“Exposición coordinación zona control orden público”– que CIPER reveló a fines de noviembre del 2018 lo indicaba, el que fue elaborado por la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE). La misma unidad que en esos precisos días de 2017 llevaba a cabo la “Operación Huracán”
Camilo era activo en la defensa de los derechos Mapuche. Fue nieto del conocido lonko en los procesos territoriales de Temucuicui, Juan Catrillanca e hijo del dirigente y werken, Marcelo Catrillanca, quien también fue perseguido por el Estado en años anteriores.
Cabe recordar, una vez cometido el asesinato. Andrés Chadwick como Ministro del Interior, dijo a la prensa: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común”. Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta la rebelión social de octubre del 2019.
En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, que establece la responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (que se mantiene en el cargo), en el crimen del joven Camilo Catrillanca.
En el texto, de 247 paginas, se detalla el rol que jugaron las distintas autoridades de gobierno en la muerte de Catrillanca, afirmándose que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política. Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche”.
Previo al asesinato de Camilo Catrillanca, estuvo activa la “Operación Huracán”, acto desde una unidad de inteligencia de Carabineros, sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017, generó una amplia red de ilícitos, con cifras que van desde cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de watsap falsos, atentados montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche, todo, con el propósito de frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales y ciertos latifundistas de origen colonial.
La Operación Huracán no era aislada, era la antesala a la Operación Andes que intentaba llevarlo a un escenario internacional y transfronterizo (Chile – Argentina), con el involucramiento de los gobiernos de Chile y Argentina. Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecía un tráfico de armas” desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Chile, pero todo se vino abajo con el desmoronamiento de la operación Huracán que daba cuenta que todo fue una invención.
Racismo en la Araucanía y complicidad gobierno de Piñera
La noche del 01 de agosto del 2020, se convirtió en uno de los momentos más decadentes en la historia de estos últimos 30 años en estas tierras, con respecto a prácticas racistas en el grave desenlace de hordas de peonaje anti mapuche y agentes del estado en varias comunas de la Araucanía, ambiente impulsado por grupos vinculados a intereses latifundistas colonialistas y empresarios hiperideologizados de extrema derecha.
Mientras integrantes de comunidades Mapuche mantenían la ocupación de Los Municipios comunales de Victoria, Collipulli, Galvarino, Angol, Curacautín y Traiguén en la Provincia de Malleco, como forma de protesta ante la discriminación y estado crítico que viven 27 presos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, grupos en hordas, en pleno toque de queda, bajo el control exclusivo militar y de Carabineros (desde las 22 horas), realizaron ataques que buscaban linchar a sus ocupantes, incluyendo a mujeres y niños como se pretendía en Curacautín.
La acción se realizó bajo la inacción de los agentes del estado, quienes permitieron el libre transito de grupos armados, que destruyeran diversa infraestructura municipal y que quemaran dos vehículos de comuneros mapuche que estaban en la ocupación de Curacautín, mientras saltaban y gritaban “El que no salta es Mapuche”, dado a conocer así por registros audiovisuales del momento.
Situación similar se vivió en las comunas de Victoria y Traiguén, incluyendo un incendio de magnitud en el Municipio de Ercilla y otro considerable en Traiguén, existiendo a su vez, numerosos testimonios de actos de hostigamiento y violencia contra personas y familias vinculadas a causas mapuche como también, intentos publicitarios de querer inculparles sobre ciertos atentados ocurridos durante la noche en pleno toque de queda, mientras transitaban libremente los grupos racistas, sin control alguno, en diferentes comunas de la región, “tal cual fueran patotas de Ku Klux Klan”, se señalaba por redes sociales.
La Defensoría Popular interpuso la primera acción legal en contra del ex Ministerio del Interior de Piñera, Víctor Pérez, “por los hechos de violencia sufrida por distintas comunidades indígenas en la madrugada de anoche, en particular en la comuna de Curacautín y Victoria”.
El ex Ministro Pérez, se le ligaba a Paul Shaffer y a grupos criminales de lesa humanidad de Colonia Dignidad como parte de una red de apoyo, así como se ha denunciado al actual Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El ex personero Víctor Pérez, visitó la Araucanía y se le acusa de haber gatillado el ambiente de violencia y de no haber hecho nada para impedir los ataques, a pesar de estar en conocimiento de los actos.
Previo a estos graves hechos, la denominada “Asociación para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía (APRA)”, ligada a grupos empresariales y latifundistas que mantienen conflictos de tierras con comunidades Mapuche, es sindicada de generar una campaña que ha sido considerada de odio, violencia y racismo, con abiertos llamados a través de las redes sociales para generar ataques y de efectuar numerosas acusaciones de “terrorismo mapuche”, promoviendo constantes ambientes de confrontación.
Esto, es parte del legado de Sebastián Piñera.
Por Alfredo Seguel
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