Mientras el mundo se sorprende tras el desastre ambiental ocasionado por el inmenso derrame de 6.000 barriles de petróleo en la costa de Ventanilla, provincia del Callao, los ecologistas advierten que lejos de ser un accidente ocasional, Perú registra muchos siniestros causados por la actividad extractiva, ante una reiterada actitud pasiva de las autoridades locales.
En efecto, solo desde fines de diciembre el Observatorio Petrolero de Amazonía Norte reportó al menos cuatro fugas de crudo en esa emblemática zona selvática, siendo un escenario de constantes incidentes. Las pérdidas ocurridas en las regiones de Loreto y Amazonas suelen causar importantes impactos en la naturaleza, los animales y también las comunidades indígenas, afectadas por las acciones desarrolladas en predios como el Oleoducto Norperuano, el Lote192 y el Lote8. Por ejemplo, en este último sitio, un aparente desperfecto concluyó con la contaminación del río Huanganayacu, hace solo unos días.
Según registros del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre el 26 de marzo del 2020 y el 25 de julio del 2021 se produjeron 45 derrames de petróleo en Loreto, y el 45 % se corresponde a la firma Pluspetrol Norte. Entre el 2000 y el 2019, hubo al menos 474 derrames de crudo en la Amazonía Norte, reveló el informe ‘La sombra del petróleo’. Esa investigación indicó que el 65 % de los incidentes fueron por fallas operativas o el mal estado de los ductos, y el 28 % habría sido por la presunta intervención de terceros. Además, cerca del 94 % de los derrames tuvo a Pluspetrol como posible responsable.
Perú y la impunidad
La directora del área de Política y Gobernanza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) de Perú, Carol Mora Paniagua, considera que el grave derrame de Repsol ocurrido el 15 de enero podría ser «un caso emblemático» para aplicar sanciones ejemplificadoras. Esto, mientras aún se miden los daños ocasionados, que por ahora incluyen animales muertos y decenas de playas ennegrecidas, reseña RT.
Los comentarios de la abogada se producen frente a muchos antecedentes de derrames sin mayores consecuencias para las compañías. Y lo peor, sin remediar la zona afectada o indemnizar a sus víctimas directas. Es que, lo que venía ocurriendo en la Amazonía, era la antesala de lo que podría ocurrir en otras regiones.
«En su mayoría, los derrames están relacionados al mal desempeño ambiental de algunas empresas«, dice. También remarca «la obsolescencia del transporte de hidrocarburos y la no actualización de los instrumentos de gestión ambiental», sumado a «la falta de mantenimiento de infraestructura, medidas de remediación y reparación».
Más allá de las circunstancias en las cuales se produce un siniestro ambiental, y sus responsables, la entrevistada pone el foco en la postura del Estado frente a esta clase de eventos. «En el caso de los derrames generados en el Oleoducto Norperuano, entre los años 2014, 2015 y 2016, que ocurrieron con mucha frecuencia, tuvieron un escenario de impunidad», lamenta. Y agrega: «Durante ese tiempo en el Perú se dio una moratoria para que las autoridades de fiscalización ambiental no pudieran sancionar a las empresas, como una medida de fomento, supuestamente».
Al día de hoy, si se revisa el último listado de penalidades impuestas para diversos contratistas, correspondiente a diciembre del 2021, solo se leen las palabras «mora» u «otras penalidades», sin mayores detalles sobre las sanciones aplicadas.
Larga extensión de los procesos judiciales
«En los casos donde sí se han logrado imponer multas millonarias contra empresas públicas o privadas, estas vienen impugnando en vía administrativa y judicial las medidas sancionatorias», advierte la letrada. «De alguna manera, genera impunidad y la dilatación de los procesos de justicia ambiental», acota. Incluso subraya que las multas «ni siquiera están destinadas a la reparación del daño ni al resarcimiento de la población afectada por el derrame, sino que están destinadas al Tesoro Público Nacional».
Así, aunque haya leyes y normativas vigentes, «la falta de justicia ambiental efectiva» puede extender las controversias judiciales «durante años». Por eso, insiste en que lo ocurrido en Ventanilla puede marcar «un antes y un después», si se aplican las multas correspondientes, un resarcimiento por daños, la rehabilitación de las áreas afectadas y futuras medidas de prevención.
De todos modos, más allá de las declaraciones públicas que está haciendo el Gobierno de Pedro Castillo y los organismos de fiscalización, desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental sostienen que se desconoce «cuál es el plan de contingencia que tuvo que haber implementado Repsol, por la falta de transparencia de rendición de cuentas».
Así, considerando «la causa de fuerza mayor» que habría generado la falla, como fue el oleaje producido por la erupción volcánica en Tonga, «es importante analizar qué se hizo una vez que se presentó la emergencia ambiental». Y concluye: «Ya sea en el litoral costero, o la Amazonía, hay que tratar de no repetir errores».
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