Convencionales presentan iniciativa de norma que establece el carácter público de los servicios

A principios de esta semana un grupo de constituyentes presentaron ante la Convención Constotucional una iniciativa de norma que establece el carácter público de los servicios.

Esta propuesta es patrocinada por los convencionales independientes César Uribe Araya (Distrito 19), Francisco Caamaño Rojas(Distrito 14), Loreto Vallejos Dávila (Distrito 15), Cristóbal Andrade León (Distrito 6), Natalia Henriquez Carreño (Distrito 9), Alejandra Flores (Distrito 2), Paola Grandón Gonzáles (Distrito 17), Francisca Arauna Urrutia (Distrito 18) y Dayyana Gonzáles Araya (Distrito 3).

Su objetivo apunta a optimizar la eficiencia, equidad y calidad de los servicios públicos y contribuir a un desarrollo urbano- rural sostenible.

La norma plantea que el mejoramiento de los servicios no solo depende de su producción, distribución, gestión y administración, sino que está relacionado con la optimización de los recursos naturales incluido el suelo, el agua y las energías, las formas urbanas sustentables y la efectiva planificación urbano-regional.

Al respecto, señala que «no importa quién sea el propietario o concesionario del servicio o infraestructura, para lograr una ciudad y una región más justas e integradas, el Estado debe recuperar y ejercer su poder regulatorio, haciendo efectivo el carácter público del servicio».

El texto explica que la disminución del rol del Estado produjo la desregulación y externalización de los servicios con gran pérdida de la capacidad de gestión del territorio. A nivel metropolitano, las desigualdades entre comunas se han vuelto estructurales.

«Este cuadro de segregación social y fragmentación territorial denota las limitaciones del mercado y de las normas regulatorias vigentes en materia de servicios educacionales, de salud, de transporte, iluminación, pavimentación, áreas verdes, agua y saneamiento, resultando incapaz de gestionar el territorio en forma inclusiva e integral. La planificación de los servicios en todos los niveles debe considerar los grandes cambios y desafíos climáticos, demográficos, económicos, tecnológicos y sociales», proponen los convencionales.

Asimismo, plantean que Chile debe contar con instituciones empoderadas para planificar y gestionar los planes de ordenamiento regional, intercomunal (metropolitano) a fin de armonizar el territorio con el medio ambiente, equilibrar el sistema de ciudades y áreas rurales, contribuir a hacer más productivos los sistemas urbanos, planificar el crecimiento urbano con total atención a las cuencas hidrográficas y la capacidad de los sistemas de infraestructura actuales.

Otra de las propuestas de la norma es favorecer el uso de energías renovables y la participación popular, a fin de velar por los intereses del bien común.

La iniciativa consta de un artículo que establece: «El Estado reconoce el carácter público de los servicios, ya sean directamente brindados por el Estado o bajo su control y regulación, y los garantiza para todos sus habitantes con el fin de satisfacer las necesidades básicas humanas, debiendo cumplir con eficiencia y eficacia en su funcionamiento».

Asimismo propone que «el Estado planificará y promoverá la instalación y prestación de servicios bajo criterios de equidad, asociatividad, oportunidad, inclusión, sostenibilidad, eficiencia del gasto y no segregación. De igual forma incentivará y apoyará a aquellas comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y/o colectivos de los servicios. La comunidad participará en las plusvalías que genere la urbanización y/o instalación de servicios que se ejecuten».