El saqueo transnacional del cobre chileno

Ciudadano

08/02/2022 5:13pm

Por Jorge Molina Araneda

En el estudio, “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015”, se abordó la renta económica que obtienen las 10 empresas mineras más grandes de Chile. Usando datos oficiales del Banco Mundial (BM) para el periodo 2005-2014 y aplicando una metodología moderna y conservadora, se estimó que estas mineras obtuvieron una renta económica de US$120 mil millones. Las 10 grandes mineras transnacionales que consideró este estudio fueron: Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra.

De acuerdo al economista Julián Alcayaga (2020):

Al término de la dictadura, en 1989, existían solo 3 medianamente grandes mineras extranjeras, “La Disputada” que había sido del Estado hasta 1979, “Mantos Blancos S.A.” y “Minera El Indio”, que producían en total 214.000 T., el resto lo producían empresas del Estado, Codelco y Enami, del total 1.609.000 T., que producía Chile en ese año. Es decir, solo el 13% del cobre chileno lo producían empresas extranjeras. Hoy, en el año 2019, las empresas extranjeras producen el 70% del cobre chileno. Esto significa que en estos 30 años, la inversión extranjera ha sido espectacular.

Según los Anuarios de Cochilco , las mineras extranjeras han sacado de Chile, entre 1990 y 2019, la friolera de 85.818 T. del equivalente de cobre fino, lo que al precio promedio de los últimos meses (3 dólares la libra) equivale a alrededor de US$ 567.760 millones. Pero esa es la exportación declarada por las mismas empresas, pero es de conocimiento público que la exportación real debe ser a lo menos un 20 a 25% superior a la cifra oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras alcanzaría las 100 mil toneladas y su valor debería superar de US$ 680.000 millones, a lo cual habría que agregar un 30% más por el oro, la plata, el molibdeno, el renio, cobalto, etc., contenido en la exportación de concentrados de cobre, lo que sumando todo nos arroja que las mineras extranjeras, se han llevado de nuestro país alrededor de 900.000 millones de dólares. Esa es la dimensión de la extraordinaria riqueza que significa el cobre para Chile, sin embargo, como dijimos más arriba, esto ha sido un desastre para nuestro país, aunque quizás el desastre, deriva directamente de los gobernantes que hemos tenido los últimos 30 años, que han conscientemente permitido este desfalco.

Lo anterior se explica porque de esos 900.000 millones de dólares que se han llevado las mineras extranjeras: ¿Cuánto es lo que estas han tributado al Estado y a todos los chilenos? Difícil saberlo porque la tributación es secreta en Chile desde el año 1995, precisamente para que los chilenos no nos enteráramos que las empresas extranjeras en general y las mineras en particular, no pagan o casi no pagan impuesto a la renta en Chile. Sin embargo, se pudo conocer la tributación de las mineras extranjeras gracias a un informe del SII solicitado por el Senado el año 2003 y en un informe solicitado al SII por la diputada Claudia Mix. Esos informes señalan que desde 1990 a 2019, la tributación a la renta más impuesto específico a la minería conocido como royalty, ha sido de US$ 29.030 millones.

Esto significa, que se llevaron de Chile 900 mil millones de dólares y dejaron en el país solo US$ 29.030 millones en 30 años de explotación, es decir, dejaron un minúsculo 3,2% de una riqueza que ya desapareció de nuestro suelo para siempre.

¿Por qué las mineras extranjeras se han llevado tanto cobre y otros subproductos y han pagado tan pocos tributos? Es aquí donde aparece el desastre permitido por nuestros gobernantes desde 1990 en adelante. Hasta 1989, las mineras extranjeras tenían que pagar el impuesto en base a la renta presunta, es decir, en base a lo que vendían. Ninguna minera podía escapar al pago del impuesto a la renta, porque desde que tenía que vender o exportar la primera tonelada de cobre, tuviera o no utilidades, tenía renta y tenía que pagar el impuesto. Todo cambió en junio de 1990, cuando se aprobó la Ley 18.985, que para las grandes mineras cambió el impuesto desde renta presunta a renta efectiva, es decir, que si las mineras obtienen o declaran utilidades o ganancias, pagan el impuesto a la renta, pero si declaran pérdidas no pagan impuesto, es más, acumulan pérdidas, y no pagarán impuesto hasta que las eventuales futuras ganancias absorban todas las pérdidas acumuladas. Las mineras extranjeras llegaron en masa a nuestro país, porque con la Ley 18.985 les permitiría llevarse el cobre y subproductos que quisieran sin impuestos. Junto a esa norma, más tarde, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle dictó la ley 19.389 que estableció el secreto para la información tributaria de las empresas. En el mismo sentido, el gobierno de Ricardo Lagos al dictar la ley 19.738, incrementó los beneficios vía tributaria para las compañías transnacionales del cobre, porque permitió que estas, contrario a lo que debiera ser, obtengan una compensación por la pérdida de valor que sufre el yacimiento al ser explotado, cuando debiera ser el país y su gente los que reciban una compensación por el enriquecimiento de los privados a costa de un recurso natural no renovable y que se extingue.

Todo comienza con el hecho que la inversión que las casas matrices realizan en Chile, no lo hacen mediante inversión directa, sino que es su filial minera “chilena” la que debe endeudarse con financieras relacionadas con la casa matriz y domiciliadas en paraísos tributarios o fiscales, financieras a las que las mineras “chilenas” les pagan intereses y comisiones muy por encima del mercado normal. En algunas mineras los gastos financieros han alcanzado al 40% del total de sus gastos, y de esa manera disminuyen o hacen desaparecer las ganancias en Chile.

Otra forma de evadir son los precios de transferencia tanto en lo que compran o lo que venden a empresas relacionadas. Por ejemplo, esos enormes camiones mineros, que valen alrededor de 5 millones de dólares, no lo compran al fabricante sino a una empresa comercial relacionada domiciliada en un paraíso fiscal a la cual le pagan 7 u 8 millones de dólares, lo que aumenta los gastos de la minera “chilena”, de manera de disminuir las ganancias para no pagar impuestos. Exportan el concentrado a una empresa relacionada, en un barco y seguros de una empresa relacionada, y gastos de fundición y refinación muy superiores a precios del mercado, de manera que las ventas son muy inferiores a los que debieran ser a precios de mercado. Las ganancias de esos sobreprecios las reciben empresas relacionadas del mismo grupo, pero en el extranjero, y el mayor gasto para la minera “chilena”, le sirve para disminuir o hacer desaparecer sus ganancias, de manera a no pagar impuesto a la renta en Chile.

Existen muchas otras formas de generar artificialmente gastos, que son aún más ilícitos, como las ventas en mercados de futuro, a empresas relacionadas que ganan lo que la minera “chilena” pierde. Disminuyen la cantidad y los contenidos metálicos de cobre y otros subproductos que van en el concentrado, amparados en el hecho Aduanas, Cochilco o el SII no fiscalizan las exportaciones de cobre. ¿Por qué estos organismos no fiscalizan a las mineras extranjeras, si ese es su rol? Porque los directivos y funcionarios de estos organismos, no pueden fiscalizar a las mineras extranjeras, sino reciben órdenes directas de las autoridades de gobierno. Por ellos hablamos del desastre que han significado en el cobre y la minería en general, los gobernantes chilenos.

Sumado a las regalías tributarias, el modelo de producción del cobre que desde 1990 le ha dado impulso a la exportación de concentrado de cobre (calificada como submateria prima o inframateria), implica significativas pérdidas para el país, pasando Chile a ser el principal exportador de concentrados del mundo, ya que del total de mineral que exportamos, 1/3 es concentrado de cobre.

Y exportar concentrado de cobre implica enormes pérdidas, ya que la fijación del precio de compra y venta no lo definen las bolsas de metales, sino que queda sujeto a la arbitrariedad de los participantes de la transacción, que en general son socios relacionados. Adicionalmente, el que exporta o vende el concentrado de cobre queda amarrado a contratos obligatorios de 20 años de vigencia, debiendo pagar el costo del flete en barco para llevarlos a las fundiciones y refinerías de Asia o Europa y los seguros que se exigen. A ello se suma una pérdida del 4% del cobre contenido en el concentrado, ya que las fundiciones pagan solamente por el 96% del cobre que compran. En el caso de Codelco, estas son pérdidas directas y significativas para el país que se evitarían refinando y fundiendo el concentrado en el país.

También perdemos ingresos debido a que de las llamadas impurezas o subproductos contenidos en el concentrado de cobre (se estiman en más de 30 metales y no metales), las trasnacionales pagan un monto aproximado por el oro y la plata, mientras que por el resto del contenido, que es considerado insignificante y sin valor por las compañías (lo que los entes fiscalizadores aceptan) no pagan un peso. Al respecto, el académico Juan Camus, de la Universidad de Playa Ancha estimó en 2012 que Chile perdía más de 9 millones de dólares por cada 1.000 toneladas de concentrados de cobre exportado, monto que se agiganta al considerar que desde el país se envían al extranjero entre 11 a 12 millones de toneladas de concentrado de cobre, anualmente.

En síntesis, el perjuicio para el país por exportar concentrado y no refinar ni fundir el cobre en el país alcanza dimensiones gigantescas, por cifras multimillonarias que cuesta mucho dimensionar y llevarlas a la realidad. Tal es así que para la década pasada (2000 a 2010), el detrimento para el país se estima en 120 mil millones de dólares, según la Facultad de Economía de la U de Chile; en 190 mil millones de dólares, según cálculo del Banco Mundial, y en cerca de 300 mil millones de dólares, según el Comité de Defensa del Cobre.

Por otro lado, nacionalizar es un camino posible, especialmente en Chile donde la Constitución Política vigente, mantiene la decisión de aprovechar los recursos naturales para beneficio del pueblo chileno.

Y nacionalizar hoy es posible, como lo demuestra la decisión del gobierno boliviano, el año 2006, de quitarle los hidrocarburos de las manos a las trasnacionales, obteniendo así un beneficio significativo de desarrollo para su pueblo. A ello se suma el que el año 2013, a raíz de intensas movilizaciones sociales, se adopta y pone en práctica el principio de que el gas es primero para los bolivianos y luego para exportarlo.

En síntesis, el pueblo boliviano obtuvo, desde 2006 a 2018, gracias a esa decisión de nacionalizar el gas y el petróleo, US$37.484 millones por concepto de renta petrolera, ingresos que benefician a programas y proyectos en los sectores de la salud, educación, vivienda, empleo, producción de alimentos, entre otros. Con esa riqueza recuperada se financian además gran parte de los bonos y rentas sociales para beneficios de niños y jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad.