Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (Jugocopo), presentaron una iniciativa de ley para reformar varias disposiciones de su reglamento interno en materia de fiscalización, con las que buscan tener más control sobre la Auditoría Superior del Estado (ASE), mediante su vigilancia, evaluación y remisión de denuncias.
Esto se sumaría a la creación de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, que de acuerdo con lo propuesto por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reestructura el funcionamiento de la ASE y califica el desempeño de su titular.
De encontrar actos de corrupción, faltas graves o no ser competente para el puesto, la Sala Especializada tendrá la facultad para remover a quien ostente el cargo de auditor, en este caso, Francisco Romero Serrano.
El día de ayer, en sesión a puerta cerrada de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, comenzó el análisis de reformas para crear una Unidad Técnica como órgano de apoyo a la nueva Comisión Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior.
También se analizaron las modificaciones a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior; la Ley del Sistema Anticorrupción; la Ley Orgánica de la Administración Pública; Ley Orgánica de la Fiscalía General; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estadio y sus Municipios.
¿Qué dice la propuesta de la Jugocopo?
De acuerdo con la propuesta se modificarían el párrafo de la fracción XV y el inciso a) del Artículo 48, el Artículo 241, el Artículo 242, y las fracciones II y XI del Artículo 244 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
En el texto se señala que el Congreso del Estado de expedir las leyes para armonizar el orden jurídico poblano y dotar de plena efectividad estos contenidos, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
También plantea que la actual Comisión Inspectora se convierta en la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior, quien de acuerdo con el presupuesto asignado contará con instalaciones adecuadas para su funcionamiento y una Unidad Técnica de evaluación; además, remitirá a la Sala Especializada las irregularidades, faltas o denuncias que encuentre.
La propuesta fue firmada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Morena), Nora Yessica Merino Escamilla (PT), Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), Jaime Natale Uranga (PVEM), Fernando Morales Martínez (MC), Carlos Froylán Navarro Corro (PSI). A este punto no se sumó el legislador Eduardo Alcántara Montiel (PAN).
Auditor acusa persecución
Hace una semana, Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), denunció que al menos 70 sujetos obligados evadieron su responsabilidad de entregar información necesaria para su fiscalización, lo que ha retrasado los trabajos de la dependencia a su cargo.
Explicó que Amanda López Nava, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), retrasa la entrega de documentos a la ASE, incurriendo con ello en el delito de obstrucción de la fiscalización.
Añadió que la obstaculización de su trabajo, así como la persecución mediática en su contra, sería denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de las redes sociales de la ASE, responsabilizó a Fernando del Villar por orquestar el retraso en la entrega de documentos por parte de los sujetos obligados.
Se aclaró que el señalamiento se hizo en relación a las investigaciones del área de Tecnologías de la Información, con las que se ubicó la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables.