Por Alexis Lira Reyes
Organizaciones nacionales y de Puebla exigieron al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que cumpla con la sentencia de amparo concedida a la comunidad de Yohuajca, en Coyomeapan, que ordena la reposición de la consulta relacionada con la propuesta de iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y Afroamericanos.
En 2019, la comunidad Náhuatl participó en la consulta nacional para dicha iniciativa de reforma que tiene como objetivo reconocer los derechos de estas comunidades. Sin embargo, en el proceso, los documentos no se tradujeron a la lengua, por lo que no se cumplió con las normas relacionadas al respeto de la cultura, historia e idioma del pueblo, provocando que se emitiera un amparo contra el INPI, sentencia que resultó a favor de Yohuajca en mayo de 2021.
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A través de un comunicado y en vísperas de la reposición, el 12 de febrero, las organizaciones exigieron al INPI cumplir con la sentencia, organizando una consulta “libre, previa, informada, consentida y culturalmente adecuada”.
Asimismo, pidieron que se garantice una consulta en la que tome en cuenta las propuestas e intereses de la comunidad conforme a los valores y formas de organización.
Temen que sea una “simulación”
Las organizaciones señalaron que la orden del juez para reponer la consulta en Yohuajca evidencia que la propuesta impulsada por el INPI vulnera el derecho a una consulta libre, informada y culturalmente adecuada.
Se reveló que existe un riesgo de que la consulta del sábado sea “una simulación” para cumplir con la sentencia, pues la propuesta de iniciativa ya fue entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de septiembre de 2021.
Críticas a la iniciativa
De acuerdo con el comunicado, la iniciativa de reforma tiene varias críticas por parte de especialistas y las mismas comunidades, pues indicaron que, en sus apartados, se omite la protección de las comunidades cuando se nieguen a la imposición de un proyecto, como los energéticos, en su territorio.
“Lo problemático que resulta el planteamiento de algunos conceptos como o que se han usado históricamente para mercantilizar el conocimiento colectivo e incluso imponer proyectos energéticos”
Comunicado
El documento fue firmado por las organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, el Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular y Urbano Popular, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla.
Foto: Agencia Enfoque