Cerca de 700 familias que residen en el departamento del Chocó, al noroeste de Colombia, se han visto obligadas recientemente a realizar confinamientos forzados para evitar la violencia instalada en esa región, tras varios días de enfrentamientos armados entre miembros del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país, e integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa.
La senadora colombiana Sandra Ramírez, integrante del Consejo Político Nacional del partido Comunes, denunció a inicios de semana que la región del Chocó se mantiene sitiada con estas familias confinadas en medio de una peligrosa situación que aún persiste.
«Duque y su ministro de Defensa [Diego Molano] minimizan esta crisis humanitaria, mientras los chocoanos padecen el olvido y el abandono total. Urge la presencial del Estado», señaló la congresista sobre la delicada situación en esa región costera, una zona estratégica que se disputan los grupos armados ilegales porque tiene acceso al mar Caribe, al océano Pacífico y comparte la única frontera terrestre de Colombia con Panamá.
De igual forma, el senador y líder indígena, Feliciano Valencia, le dijo al presidente Duque que «minimizar la situación de violencia que atraviesan las comunidades en el Chocó no solucionará los confinamientos, desplazamientos, desapariciones y asesinatos» y que esa región necesita la «presencia integral del Estado» y «no el abandono continuado» del gobierno.
La delicada situación en el Chocó, que incluye en su territorio cuencas de importantes ríos y la selva de Darién, dominada por los grupos ilegales que también realizan trata de personas aprovechándose de la circulación de miles de migrantes, es parte de un conflicto de larga data que protagonizan los grupos paramilitares, las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico como el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
La semana pasada, un grupo de obispos de la iglesia católica hicieron un llamado para atender la crítica situación humanitaria que sufren los habitantes de esos departamentos, al afirmar que más de 70% de la población civil estaba en peligro y que se necesitaba un diálogo urgente para atender la dramática coyuntura.
«Es falso» dice el ministro de Interior de Colombia
El pasado viernes, el ministro de Interior del gobierno de Duque, Daniel Palacios, en una visita fugaz a Quibdó, la capital de ese departamento, declaró a medios locales que la situación en Chocó no era tan crítica.
«Afirmar que el 70% de la población del Chocó está en riesgo es falso, no corresponde ni a la realidad ni a lo que la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, ha dicho», aseguró el ministro a los medios, mientras persisten los confinamientos y los enfrentamientos entre los grupos armados.
Durante su visita a Quibdó, Palacios sostuvo una reunión de seguridad con las autoridades policiales y anunció un «Plan de Intervención Integral, con más de 160 policías adicionales para combatir el homicidio y desarticular bandas criminales».
«El gobierno nacional hace presencia y seguirá garantizando seguridad de los chocoanos. […] Nuestro mensaje es claro: ¡Atención humanitaria para el desplazamiento y fuerza pública para el bandido!», indicó Palacios.
Tras negar la crisis, los obispos y organizaciones sociales del Chocó decidieron cancelar la reunión que iban a sostener el sábado con el ministro Palacios para abordar la situación humanitaria en la zona, porque la postura del gobierno de Duque les hacía ver que no era momento para el diálogo.
«Absurdas y contradictorias»
Tras las cuestionadas declaraciones del ministro Palacios, la Asociación de Personeros del Chocó emitió un comunicado para rechazar las afirmaciones del alto funcionario del gobierno de Duque, al calificarlas de «absurdas y contradictorias», y respaldaron la advertencia que dieron los obispos días antes sobre el drama humanitario.
Los personeros, que actúan como representantes del Ministerio Público, también consideraron que la postura del Ejecutivo colombiano es un «irrespeto» con las comunidades afro e indígenas, que «están expuestas al actuar de los grupos armados ilegales, que usan sus territorios como resguardo y zonas de abastecimiento, ante la no presencia del Estado».
Además, reiteraron que la crisis humanitaria que atraviesa este departamento de Colombia está signada por «confinamientos, desplazamientos individuales y masivos, afectaciones psicológicas, de salud y educación de los niños, niñas y adolescentes», así como las «graves situaciones que a diario suceden en los municipios», y que a diario son verificadas por ellos al tomar declaraciones y testimonios sobre los hechos.
Medios de Colombia informaron el pasado lunes que la complicada situación en el Chocó se ha recrudecido luego que se registraran más enfrentamientos en el Litoral del San Juán, y que ya se comienza a generar desabastecimiento en la región.
Cleider Palacios, personero del Litoral del San Juan, dijo a Caracol que las familias afectadas están distribuidas en las comunidades de Tordó, Pángala y Copomá. «Hay desabastecimiento al no tener cómo movilizarse hacia abajo, Calima, que es la zona donde ellos pueden comprar alimentos porque en esa zona hay fuerte presencia y amenaza de que se presenten enfrentamientos en cualquier momento», explicó.
Por su parte, el secretario de Gobierno del Litoral del San Juan, Leiner Yamith Largacha, señaló que también se ha visto afectado el trasporte fluvial debido a las intimidación de los grupos ilegales, lo que ha ocasionado una reducción del 90% en este tipo de traslados, dificultando el ingreso de alimentos, medicinas y la libre circulación de los ciudadanos en Colombia.
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