Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López, diputados morenistas del Congreso del Estado de Puebla, solicitaron de manera formal la remoción de Francisco José Romero Serrano al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el proceso penal que enfrenta.
Por ahora, el auditor se encuentra vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar e inhabilitado temporalmente de su puesto, por ello al frente quedó, como auditor interino, Rubén de la Fuente Vélez, quien era titular del departamento Evaluación de Desempeño.
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Los legisladores resaltaron que el funcionario no se encuentra en condiciones de cumplir con las atribuciones que se le confirieron, desde hace poco más de dos años – al tomar el cargo el 29 de noviembre de 2019–. Además, las autoridades no fijaron un plazo para su suspensión laboral y su proceso legal podría derivar en su detención.
La petición de destitución fue recibida por la Mesa Directiva durante la sesión ordinaria de este jueves. El documento, que fue turnado a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el cual será respondido en los próximos días.
Laura Ivonne Zapata Martínez, diputada priista y secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura al documento, en el que advierten que su intención es garantizar que el trabajo en el organismo fiscalizador no se detenga y se dé certeza a los poderes públicos sobre la rendición de cuentas.
“Esto, a efecto de someter a la examinación de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado diversos hechos y consideraciones de derecho que, podrían actualizar las causas graves establecidas en el Artículo 113, fracción penúltima, de la Constitución Política de Puebla”, dice la solicitud de Azucena Rosas y Eduardo Castillo.
También sustentaron su petición en varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla, como el 199, en donde se detallan las causas graves por las que puede realizarse la remoción del auditor superior del estado, misma que debe realizarse con el voto a favor de las dos terceras partes presentes en el pleno.
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Por otro lado, el diputado panista, Oswaldo Jiménez López, recordó que su bancada ya había advertido sobre el intento de quitar al auditor, a pesar de ser la mayoría de Morena quien lo eligió. Además, reconoció el “desempeño cuestionable” con el que Francisco Romero se ha manejado desde el inicio de su gestión.
Reciben notificación sobre vinculación a proceso
Horas antes, el Congreso local dio cuenta sobre la vinculación a proceso de Francisco Romero Serrano, por el delito de violencia familiar; así como la medida cautelar de suspenderlo del cargo.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Karla Victoria Martínez Gallegos (Morena), dio lectura al oficio 1011/2022Cholula, firmado por el abogado, Javier Vázquez Fernández, juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, recibido el 21 de febrero del 2022.
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“Se decretó auto de vinculación a proceso y que subsiste la medida cautelar impuesta dentro del procedimiento penal con el número CJA-631/2021/Cholula”.
Karla Victoria Martínez Gallegos
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
El oficio fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (Jugocopo), a la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y a la Auditoría Superior del Estado.
Francisco Romero intenta ampararse… de nuevo
El 21 de febrero, Francisco Romero tramitó un tercer amparo, en el que se dio cuenta de la vinculación a proceso que anunció la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la orden de aprehensión emitida contra el auditor, bajo el expediente 631/2021/CHOLULA, por el delito de violencia familiar contra de Joseline Zurita y un menor de edad.
De acuerdo con el juicio 11/2022, interpuesto ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado, la denuncia fue interpuesta “en contra actos del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla y otras autoridades, en el que se tuvo como acto reclamado la orden de aprehensión emitida contra el aludido”.
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Este expediente se encuentra dentro del primer amparo que tramitó en el mismo juzgado, identificado con el número 1210/2021, mismo que se sobreseyó el 27 de enero.
El primer amparo fue tramitado por el auditor y su equipo legal el 20 de diciembre de 2020, en contra de una orden de aprehensión, bajo el expediente 1210/2021 en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
El amparo fue concedido el día 21 de diciembre, fecha en la que se dio a conocer que la jueza de control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Karla Patricia Ambrosio Vargas, giró una orden de aprehensión.
Si bien, logró frenar de forma temporal el proceso legal en su contra, el haberse amparado por un hecho que aún no ocurría al momento de su denuncia, le costó el sobreseimiento de su caso un mes después, a pesar de haber pagado 50 mil pesos en garantía.
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El segundo se realizó el 16 de febrero, esta vez en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en contra del Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente en el estado, el abogado Javier Vázquez Fernández; del Congreso del Estado de Puebla, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), y de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Con el número de expediente 161/2022, intentó revertir la suspensión temporal de sus labores como medida cautelar; sin embargo, fue desechado por los recursos legales previos que seguían abiertos.
Foto: Agencia Enfoque
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