Ángel Soto Limón, presidente auxiliar de San Jerónimo Caleras, aseguró que para frenar el robo a trenes y vagones se trabajará con personal de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), pues «como San Jerónimo Caleras se encuentra cerca de la autopista», se ha reportado que los migrantes se coluden con los delincuentes, «porque roban por hambre».
En entrevista, explicó que las autoridades a su cargo realizarán la identificación de las personas indocumentadas que lleguen a la zona y será el INM quien determine su situación social y jurídica.
“Pues con el migrante lo que se genera es una situación de robo famélico. Por tener hambre y demás pueden en su momento robar para comer, literalmente”, comentó Ángel Soto.
Aseguró que ya tiene un plan de trabajo en materia de seguridad, algo que las autoridades anteriores dejaron de lado, y se ejecutará con el apoyo del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.
Señaló que ha mantenido contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los jefes de sector, para aumentar el patrullaje en los puntos que ya tienen identificados como «focos rojos».
«Por ejemplo, en la entrada de San Jerónimo, en el campo deportivo conocido como «El Hoyo», en la calle que hace el cruce con La María, tenemos mucho la situación de asaltos», reconoció el presidente auxiliar.
Recordó que el combate a la delincuencia fue la solicitud ciudadana que más se repitió durante su pasada campaña electoral.
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Su triunfo se encuentra impugnado en el TEPJF
El presidente auxiliar defendió su triunfo y señaló que tanto él como los integrantes de su planilla fueron entregados en tiempo y forma, entre ellos la constancia de antecedentes no penales, mismo que «obtuvo sin ningún problema o compromiso».
De acuerdo con el asunto SCM-JDC-73/2022, promovido por Juan José Mesinas Morales y Ulises García Flores, integrantes de la planilla «Por la Grandeza de San Jerónimo», se impugnó la entrega de la constancia de mayoría a Ángel Soto Limón como presidente auxiliar de San Jerónimo Caleras.
El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía fue iniciado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que los afectados buscan contrarrestar el cómputo final de la elección.
Foto: Agencia Enfoque