Organización Frente del Patrimonio denuncia intento del Gobierno de Sebastián Piñera por dejar «amarrada» la Ley del Patrimonio

Fotografía rescatada de El Mostrador 

Este martes 1 de marzo a eso de las 15:30 horas comenzó la sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en la que se discutirá el proyecto de Ley de Patrimonio enviado por el actual Gobierno. Este último ya dispuso su “discusión inmediata” con el fin de que sea despachado lo antes posible al Senado.

En la sesión del 19 de enero de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la cámara baja -donde se discutía el proyecto de ley- fue impuesta por el Ejecutivo la urgencia de su “discusión inmediata” mediante oficio previo lo que significó que su discusión pasara a la Comisión de Hacienda sin un informe de su debate en particular y dejando de lado las indicaciones que se habían hecho.

El proyecto de Ley de Patrimonio de Piñera ha suscitado fuertes críticas desde distintos agentes y organizaciones patrimoniales y del mundo de la cultura ya que carecería de legitimidad puesto que no contempló un proceso previo de consulta indígena y deja totalmente de lado la discusión constitucional que se está llevando a cabo en la Convención.

“Hacemos un urgente llamado a las y los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a detener este proyecto y votarlo en contra, a todas las bancadas de la Cámara de Diputados, en especial a la actual oposición (…) a rechazar este proyecto e impedir el amarre del gobierno”, señala el comunicado emitido hoy por la organización Frente del Patrimonio.

Desde la entidad denuncian que la iniciativa de ley del Gobierno busca ser impuesta a los diversos pueblos y comunidades. Asimismo, y en relación a los aspectos técnicos, políticos y de fondo se trataría de un proyecto que beneficiaría los intereses empresariales y tendería a politizar la institucionalidad patrimonial al favorecer su centralización.

El “amarre” a la Ley de Patrimonio se produciría porque aun siendo rechazado este proyecto de ley en el Congreso, tendría efectos negativos  ya que el Gobierno electo de Gabriel Boric no podría presentar en un nuevo proyecto sobre esta materia en el plazo de un año.