El día de hoy una comitiva de la región de Atacama viajó a la capital a reunirse con el actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y con el próximo encargado de la cartera ministerial, Juan Carlos García. En dichas instancias se solicitó revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que concede los derechos de agua -por 920 litros por segundo- del río Matancilla a tres sociedades privadas.
La comitiva estuvo compuesta por el gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas; el presidente del directorio de la Junta de Vigilancia del Río Huasco (JVRH), Nicolás del Río Noé; el diputado electo, Cristian Tapia; los alcaldes de la provincia del Huasco: Cristian Olivares por Alto del Carmen, César Orellana por Freirina y Gerardo Briceño por Huasco; en conjunto con dirigentes sociales, pequeños agricultores y representantes de las comunidades de la zona.
A su vez se requirió que el Ministerio de Obras Públicas interceda para que la Dirección General de Agua (DGA) se haga parte de esta causa ya que habría cometido inobservancias en el proceso de regularización de perfeccionamiento de los derechos de agua concedidos.
“El tema es de absoluta gravedad. Son 920 litros por segundo que, si prospera el fallo de la Corte de Apelaciones y es ratificado en la Corte Suprema, quedarían en manos de particulares y eso condiciona absolutamente el desarrollo de la pequeña agricultura en la parte alta del río Huasco y la subsistencia también de los sistemas de agua potable rural (…) Nos hemos comprometido a entregar un informe detallado respecto de la situación presente del juicio, qué pasos a seguir tenemos que tomar en conjunto para que los intereses de Atacama se escuchen y se tomen las medidas correctas”, señaló el gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas.
El conflicto entorno al recurso fundamental
El caso que afecta a la provincia del Huasco ha estado judicializado por más de 10 años y se remonta al período de Dictadura, durante el cual se dividió al país en distintas regiones sin considerar las cuencas de los ríos que existían en las diferentes zonas. Fue así como los predios del sector de Matancilla a los que correspondían los derechos de agua y que originalmente se encontraban en la provincia de Vallenar pasaron a manos de la Región de Coquimbo.
Actualmente dos empresas privadas, ubicadas en la IV Región, y un particular –Inversiones Catemu Ltda., Inversiones Los Notros Ltda. y Juan Pablo Presenti Rojas- tienen derechos inscritos de las aguas del río Matancilla, afluente del río El Carmen que a su vez es afluente del río Huasco-, en la Región de Atacama.
El recurso hídrico que se estaría concediendo a estos privados es utilizado actualmente por más de 600 regantes del tramo uno del valle del Carmen, entre los cuales se encuentran pequeños agricultores del sector. Además abastece el consumo de agua potable de los habitantes rurales y de otorgarse a privados podría generar a la larga un grave impacto en la disponibilidad de agua en toda la provincia del Huasco.
Tras el rechazo de las comunidades, las autoridades locales de la zona ya se han movilizado para no hacer efectiva la concesión de los derechos de agua del río Matancilla. Es así como ayer, lunes 28 de febrero, se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares; el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; y la DGA.
Los derechos de agua y la Convención Constitucional
En la sesión del día de ayer, la comisión de Medio Ambiente de la Convención aprobó en general una iniciativa presentada por siete convencionales PS y una independiente, Trinidad Castillo. La norma propone extinguir la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua a través de una ley que permita transformarlos en concesiones temporales.
En paralelo, se impulsó una iniciativa que deroga el Código de Aguas, presentada por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
Sobre el caso del río Matancilla la convencional por el Distrito 4 (Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar), Constanza San Juan, declaró: “Manifiesto mi profunda preocupación por esta situación inédita, conforme a la cual casi toda el agua de una cuenca estaría siendo entregada a empresas privadas que se ubican en otra región. Permitir esa aberración condenaría a la sequía a todo un valle, disminuyendo drásticamente sus medios de subsistencia y poniendo en riesgo su mera supervivencia«.
«Por todo esto y precisamente ahora que estamos discutiendo el tema en la Convención, hago un llamado a que se aprueben las normas respecto del agua que apuntan a cambiar completamente su gestión”, agregó San Juan.
El caso de los derechos de agua del río de la Región de Atacama se encuentra actualmente en la Corte Suprema, instancia legal que definirá el devenir final del río y las comunidades de la zona.