Dago Pérez Videla, reconocido miembro de la comunidad rastafari, lleva una semana en prisión preventiva, acusado bajo la Ley 20.000 de tráfico ilegal de estupefacientes, al incautar en su domicilio plantas de cannabis, las que utiliza para desarrollar medicina homeopática en especial para el tratamiento de dolores.
Pérez, también conocido como «Don Chico», quien es sacerdote rastafari, naturópata y ex percusionista de la banda de reggae chilena Gondwana.
Desde su profesión como naturópata se ha especializado en la homeopatía cannábica, desarrollando aceites, ungüentos, y preparados medicinales para dolencias y afecciones físicas.
Luego de pasar el control de detención, el conocido músico y luchador social de 52 años, fue enviado a prisión preventiva a la cárcel Santiago I, hasta que terminen las investigaciones o se revierta la medida por apelación.
La noticia provocó reacciones en distintos sectores, particularmente de la cultura y de organismos de derechos humanos ya que la madre de Dago, es Lumi Videla, ejecutada política por la dictadura militar por su participación en el MIR y cuyo cuerpo lanzado por agentes de la DINA al patio de la embajada de Italia en la comuna de Providencia, hecho ocurrido el 4 de noviembre de 1974.
Tras su detención, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos manifestó su indignación y aseveraron que su privativa de libertad es una agresión a su espiritualidad y creencias vitales.
«Es parte de la persecución y denegación de justicia a la que nos hemos visto sometidos y sometidas los y las familiares de las víctimas del terrorismo de estado”, señalaron.
«Como familiares así lo hemos vivido cuando nos movilizamos por nuestras demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Así los hemos vivido cuando nos sumamos como pueblo a las legítimas demandas de los pueblos de Chile. Así lo ha vivido Dago, hijo de Dagoberto Pérez y Lumi Videla, asesinados por la DINA, aparato de seguridad de la dictadura cívico militar, toda su vida”, expresó la agrupación en un comunicado, citado por Radio U. Chile.
Para la AFEP, “la indignación y el profundo dolor que este hecho nos causa, se suman a la indignación y dolor por la privación de su libertad los jóvenes que hoy constituyen los presos políticos de la revuelta. Y en el caso de Dago es aún más aberrante el actuar la institución encargada de la persecución criminal cuando vemos periódicamente bandas criminales actuando impunemente y exhibiendo públicamente gran cantidad de armamento”.
De igual forma, se registraron gestos de solidaridad en redes sociales, mientras que el mundo artístico realizó un concierto online el pasado 2 de marzo, con los artistas nacionales Mauricio Redolés, Lalo Meneses y Tata Barahona.
El abogado defensor, Pablo Villar, de la Defensoría Penal Pública, presentó una medida para que se le permitiera a Dago pmantener su pelo largo (dreadlocks), su barba, su alimentación vegetariana, y usar un gorro (tam), pese a estar privado de libertad.
Esto, con el fin de proteger y resguardar el derecho al ejercicio de su fe, durante el tiempo en que se encuentre en prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación.
Al respecto, Nicolás Pozo, Sociólogo y Rastafari, autor de un libro sobre la Cultura Rastafari, su historia y desarrollo en Chile, explicó que los dreadlocks y la alimentación son aspectos característicos y tradicionales de su cultura.
“Llama la atención y es noticia, incluso pareciendo un privilegio, por la poca costumbre que tenemos en Chile, propio de la herencia colonial y de la dictadura, de que se respeten los derechos humanos sin distinción. El encarcelamiento de Ras Don es injusto, pero por estar privado de libertad una persona no pierde el resto de sus derechos», planteó.
Cannabis y la Constitución
Hace más de 10 años que Instituto Triagrama viene realizando un trabajo activo por la despenalización de la marihuana o cannabis, organizando Jornadas de Integración Ciudadana, donde han estado presentes representantes del Colegio Médico de Chile, del Poder Judicial, como el ministro de la Excelentísima Corte Suprema don Lamberto Cisternas, diputados y diputadas, periodistas, profesionales, Fundación Daya, Mamá Cultiva, Fundación Ciencias para la Cannabis, y distintos representantes de la ciudadanía, entre ellos Dago Pérez, hablando desde la comunidad Rastafari.
Todo esto para profundizar en la interpretación de la actual Ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, conocida como Ley 20.000.
Según organizaciones sociales, esta ley en la práctica no persigue el narcotráfico, sino que persigue a cultivadores y usuarios desde la lógica prohibicionista.
En el proceso Constituyente, además, se presentó la iniciativa popular de norma “Cannabis a la Constitución Ahora”, la cual logró las 15 mil firmas necesarias para discutirse, a través de la plataforma online, en menos de 24 horas.
Al respecto de este nuevo caso de criminalización, Instituto Triagrama se pronunció de la siguiente manera:
“Los pueblos de América y del mundo desde 1948 han reconocido la existencia espiritual y la identidad fundamental de la persona en este plano, que es anterior a cualquier distinción y a cualquier Estado, y de la cuál emana una Soberanía Personal indispensable de ejercer para construir nuestra vida en común», indicaron
«Así lo reconoció también la Corte Suprema en 2015, como resultado de un largo camino judicial y ciudadano emprendido a propósito de la imputación del Ministerio Público por el cultivo de la planta Cannabis, que ahora recae sobre nuestro hermano Ras Don y nos interpela a seguir ejerciendo con responsabilidad y coraje la Consciencia de quienes somos. En este empeño estamos juntos desplegando nuestros mejores y más elevados esfuerzos», recordaron.
Discriminación a la comunidad rastafari
Por su parte la bioquímica Ximena Steinberg, y el psicólogo Edgardo Mendoza, ambos pertenecientes a Fundación Ciencias para la Cannabis, hacen hincapié en que a más de 60 años, “desde la instalación de la infértil, ineficaz y fútil estrategia prohibicionista conocida como la “Guerra contra las drogas”, que nunca ha sido una guerra contra las Drogas sino siempre contra las personas usuarixs de sustancias psicoactivas, principalmente sobre poblaciones de alta vulneración social, coartando también el derecho al ejercicio de la libertad de acción sobre nuestros cuerpos sin que ello implique daño a terceros (el bien jurídico de la salud pública)».
Asimismo, señalan que este proceso, también es un acto de discriminación contra la comunidad rastafari.
«Dago, hoy se configura como una injusta víctima más de esta absurda e insensata guerra que vulnera múltiples dimensiones de sus derechos humanos. El Estado debería invertir los mismos recursos a los que acude hoy para perseguir y criminalizar a las personas que ¡en derecho! decidimos acceder a estrategias no convencionales para el desarrollo humano, en ser agentes garantes para la bondad de dicho tránsito y con ello el bienestar común».
“Son décadas de persecución, hostigamiento, discriminación hacia nuestra gente. A personas que son tremendos aportes a la sociedad. Mientras en las poblaciones la pasta base, el tusy y las pastillas siguen sin control y hasta con propaganda de ciertos artistas en radio y tv. No entiendo la lógica del sistema ni de la policía en Chile», expresó Efraín Rodriguez Vera, también rastafari y músico de reggae hace más de 20 años, quien que conoce a Dago desde hace mucho tiempo.
“Ha sido un pilar fundamental en lo que respecta al uso medicinal y sacramental del cannabis (…) También en el ámbito cultural musical su aporte al movimiento reggae nacional y sudamericano ha sido fundamental e invaluable», destacó sobre Pérez Videla.
Por su parte, Sista Susy, quien también es integrante de la comunidad rastafari plantea que «el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama como derecho de todas las personas la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo mismo está establecido en el artículo nº 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos principios que surgen a partir de los tratados internacionales protegen por igual a quienes practican una religión, una creencia, o en nuestro caso una Fe de vida».
«La llamada Ley de Culto N° 19.638 lo que hace es garantizar este derecho en la constitución, lo cual es un deber del Estado. La libertad de pensamiento y la libertad de conciencia son principios consagrados universalmente que nos garantizan poder profesar, practicar, y manifestar libremente nuestra Fe de vida y no ser discriminados ni discriminadas por eso, no ser perseguidos ni perseguidas, no ser arrestados como delincuentes por personas sin criterio ni formación básica en derechos humanos.», expresó, citada en nota de prensa.
Desde la defensa y quienes solidarizan con Dago Pérez, se aboga por el cumplimiento de las leyes a la altura de los acuerdos internacionales a los que la comunidad humana ha podido llegar en la búsqueda de la paz duradera, seguridad colectiva y el respeto a los derechos humanos.
Al respecto, Nicolás Pozo planteó que “supuestamente los Estados se crean para permitir el desarrollo y realización material y espiritual de las personas” y “Un país laico como Chile no debiera negar o perseguir las formas de espiritualidad, sino que velar por el respeto a sus diversas expresiones. No solo la religión católica traída por los españoles, que tiene a sus representantes constantemente opinando en televisión, tampoco se trata de respetar sólo la tuya o la mía».
«El respeto debe ser también para los Rastafari, también para la espiritualidad mapuche y el desarrollo espiritual de todos los distintos pueblos que habitamos el territorio», subrayó.
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