El Ministerio Público ingresó una solicitud al Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar a tres exfuncionarios del Ministerio de Salud (MINSAL), entre ellos al exjefe de la División de Atención Primaria (DIVAP), Orlando Andrés Durán; por presuntos delitos cometidos en la contratación de residencias sanitarias.
Los funcionarios serán formalizados por fraude al fisco y negociación incompatible.
Los ilícitos se cometieron en la contratación por $205 millones del hotel Clínica SpA para recibir a personas contagiadas con Covid-19, no obstante, se detectó que el hotel – vinculado al exjefe de la DIVAP – fue creado el 24 de marzo de 2020, después de que se registrará primer caso de coronavirus en Chile.
Los otros funcionarios responden al nombre de, Alexandra Andrea González Silva, quien se desempeñaba en el MINSAL y fue quien constituyó la empresa, y D’Angelo Ignacio Sergio Iasalvatore Silva, también funcionario de la DIVAP.
Las investigaciones contra la residencia sanitaria comenzaron en enero del año pasado.
«Detectamos falta de lineamientos y control en contratos de residencias sanitarias, entre ellas, el caso de un ex jefe de DIVAP con el Hotel Clínico Spa: conflicto de interés y sin autorización sanitaria», se lee en una publicación de Twitter de la Contraloría General de la República, del 29 de enero del año pasado.
No obstante, a mediados de ese año la información sobre eventuales irregularidades en la contratación se habían hecho públicas. El propio subsecretario de la época, Arturo Zúñiga, confirmó —en uno de los reportes diarios sobre el covid-19— que había ordenado un sumario interno.
La fecha para la formalización se tiene estipulada para el próximo 21 de marzo, donde se comunicarán los cargos, señala Emol.
Conflicto de intereses
El Hotel Clínico SpA, de acuerdo al registro de empresas y sociedades del Ministerio de Economía, fue constituido el 24 de marzo de 2020 por González Silva —tras iniciarse el funcionamiento de residencias sanitarias— con un capital de $80 millones.
El contrato con la empresa y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se firmó dos meses después.
La querella presentada en la causa por Comisión Chilena de Derechos Humanos, representada por el abogado Carlos Margotta, señala que el «Hotel Clínico SpA, ubicado en calle Mosqueto Nº 552, Santiago, fue contratado como residencia sanitaria por $205 millones» y, se agrega, «al mes de mayo de 2020 —época de la contratación directa—, el hotel figuraba vinculado a negocios de la empresa hotelera Smart Apart, de propiedad de Orlando Andrés Durán Ponce, matrón, ingeniero comercial y militante de la UDI, quien ostentaba el cargo de jefe de la División de Atención Primaria del Minsal, quien era responsable de coordinar, justamente, las residencias sanitarias a nivel nacional en el contexto de la pandemia, y cuyo superior directo era el querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory», refiere EMOL.
Asimismo, plantea que «de acuerdo al Informe Oficio Final Nº 630-A de la Contraloría General de la República, que se acompaña en un Otrosí, 56 casos registrados de supuestos huéspedes, correspondieron a personas informadas que habían abandonado el país antes del período en el cual habrían hecho efectivo uso de las instalaciones del Hotel Clínico SpA».
Cabe recordar que la Contraloría, además, investiga delitos similares en Santiago, en el “Hotel Park Plaza Santiago”, Iquique, Antofagasta, Mejillones y Viña del Mar.