Durante la última semana se han manifestado distintas organizaciones del arte, la cultura y el patrimonio en contra del proyecto de ley de Patrimonio Cultural impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera, y que pretende en sus descuentos, ser aprobado por el Senado para convertirse en ley antes del 11 de marzo.
Las irregularidades y falta de discusión democrática del proyecto se remonta a enero del presente año. Durante la sesión del 19 de enero de la Comisión de Cultura en la Cámara Baja, el Ejecutivo dio la urgencia de su “discusión inmediata” mediante oficio previo, lo que significó que su discusión pasara a la Comisión de Hacienda sin un informe de su debate en particular y dejando de lado las indicaciones que se habían hecho.
Durante la semana pasada el proyecto fue aprobado en horas en la Comisión de Hacienda, sufriendo la misma suerte en la votación en Sala que tuvo en la Cámara de Diputadas y Diputados, avanzando al Senado en tiempo récord. Sin embargo, este se ha tildado de ilegítimo por distintas organizaciones y parlamentarios, ya que no contempló un proceso previo de consulta indígena, y deja totalmente de lado la discusión constitucional que se está llevando a cabo en la Convención.
El “amarre” a la Ley de Patrimonio se produciría porque aun siendo rechazado este proyecto de ley en el Congreso, tendría efectos negativos ya que el Gobierno electo de Gabriel Boric no podría presentar en un nuevo proyecto sobre esta materia en el plazo de un año.
Por su parte, distintas organizaciones patrimoniales, indígenas, sindicales, territoriales, académicas, técnicas y gremiales han señalado que el conjunto de elementos del proyecto significa un retroceso en contenidos, alcances y calidad normativa, muy inferior a los actuales marcos de protección y desarrollo del patrimonio cultural en Chile.
Desde la Unión Nacional de Artistas (UNA) agregaron que la iniciativa de Piñera «es un proyecto excluyente al eliminar de su composición las representaciones de organizaciones sociales y culturales de carácter patrimonial de memoria e historia, en particular, a dos organizaciones de la UNA: la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) y la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) para reemplazarlas por ‘expertos’ asilados y desvinculados del complejo entramado organizacional ciudadano«.
Futura ministra de Cultura: «Nos parece indispensable que el Senado rechace el proyecto»
En la misma línea, no tardó en manifestarse la futura ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodosky, quien señaló que el proyecto tiene graves errores en lo estructural y particular.
A través de un hilo en Twitter, Brodosky destacó que el proyecto muestra contradicciones e incompatibilidades jurídicas, orgánicas y administrativas con la Ley Orgánica del MINCAP y la del Servicio Nacional del Patrimonio.
La futura ministra además enfatizó el problema de que no exista participación ciudadana, «dejando sin representación y legitimidad a comunidades y organizaciones del patrimonio en el ámbito regional y nacional», señaló.
Según lo expuesto por Brodosky, el proyecto «no descentraliza en todos los ámbitos esperables, por ejemplo en toma de decisiones en cuánto a lo que se debe proteger en las regiones«.
Además, «no resuelve la responsabilidad económica del Estado con patrimonios inmuebles y otros. Tampoco coopera en la sostenibilidad de los patrimonios al dejar de lado legados naturales que aseguran continuidad de prácticas tradicionales», expresó la futura ministra, quien finalmente hizo el llamado urgente al Senado a rechazar el proyecto, «para poder reformularlo y mejorar todas las deficiencias que actualmente presenta», finalizó.
Se convocan manifestaciones
Es por todo esto que más de 13 organizaciones congregadas en el Frente Nacional del Patrimonio han hecho el llamado a manifestarse este lunes 7 de marzo.
«Para los pueblos y las comunidades, para las y los trabajadores de la cultura y el patrimonio, para todas las organizaciones patrimoniales que tenemos representación en todos los territorios de Chile y que nos hemos congregado en el Frente del Patrimonio, es inaceptable e inconcebible que un proyecto de ley ilegítimo, sin participación ciudadana y de las y los trabajadores y sin un proceso de consulta indígena como lo establece la norma internacional ( Convenio 169 de la OIT), pueda convertirse en ley para satisfacer los intereses empresariales inmobiliarios y extractivistas de los grandes capitales que como el Proyecto Dominga han significado corrupción y destrucción del patrimonio natural y cultural de las comunidades de Chile», señalaron desde el Frente del Patrimonio a través de un comunicado.
Desde el frente denunciaron además que «el proyecto de ley contiene innumerables deficiencias técnicas, una falta de profundidad en el tema del patrimonio, la implantación de una institucionalidad que obedece a los gobiernos de turno, falsa regionalización, aplastamiento de la voluntad y soberanía de las comunidades y pueblos, entre muchos otros aspectos. En una maniobra de amarre de última hora, que merece nuestro repudio, el gobierno está intentando que se apruebe el proyecto antes del próximo 11 de marzo, mediante urgencia de discusión inmediata.»
Las movilizaciones están convocadas a partir de las 11 horas de este lunes, en el Palacio Pereira en Santiago y en las Seremías de Cultura de todas las regiones a lo largo de Chile.
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