En el territorio que el ex gobierno de Sebastián Piñera denominó “macro zona sur”, es un territorio histórico, en conflicto, cuyos temas de fondo se pretenden seguir reprimiendo.
Los conflictos de fondo se relacionan con reclamaciones de tierras, con los impactos de industrias como las forestales – celulosas; latifundios del agro ganadero y diversos proyectos transgresores, que involucra cientos de miles de hectáreas reclamadas por diversas comunidades y lof tradicionales, como parte de las medidas de reparación que debe asumir el estado chileno, territorio que fue despojado a través de masacres y prácticas genocidas.
El tema de fondo en la macro zona sur, es que hay un freno a temas urgentes y desde hace tiempo la institucionalidad no ha querido resolver, sin cumplimiento de los derechos mínimos y las obligaciones del estado en dichas materias.
Los mecanismos de subsidios de tierras a través del fondo Conadi han sido ineficaces y manipulables. Los mecanismos de consulta y participación, con mínimas experiencias cumpliendo el estándar básico; La imposición de modelos de crecimiento insostenibles, inviables e insustentables, con graves afectaciones, son parte de los conflictos de fondo que se viven en la denominada “Macro zona sur” y que la Ministra del Interior, Izkia Siches, ha denominado “Wallmapu”.
Wallmapu, concepto generalizado desde el movimiento mapuche, es el territorio ancestral mapuche que incluye dos macroespacios territoriales: Gulumapu, al oeste de la cordillera de los andes; Puelmapu, al este de la cordillera de los andes, que va de mar a mar, lafken a lafken (Atlántico al Pacífico).
En esta parte del territorio ancestral del Wallmapuche, de mar a mar, se vivió una campaña genocida a causa de la invasión del ejército chileno en representación del estado chileno (simultáneo con el argentino), rompiendo con ello diversos tratados en tiempos republicanos, entre ellos, el “Tratado de Tapihue” de 1825, por el gobierno de Ramón Freire con diversas representaciones de los territorios de la Nación Mapuche. El Tratado de Tantauco en Chiloé en 1826, donde el Estado se comprometía a respetar los territorios de comunidades huilliche, entre diversos otros instrumentos legales.
Todos estos tratados fueron violados a finales del siglo 19 y principios del 20 a través de masacres y genocidios hacia diversos pueblos y naciones pre existentes, existiendo una parte importante de registros y documentaciones de dicha época, que refuerza la memoria oral de quienes colectivamente han sido usurpados, atacados, invadidos y vivido encima una política colonialista.
Lamentablemente, estos actos no han terminado. Más allá de los cientos (o miles) de casos de personas mapuche de comunidades a quienes se les violaron sus derechos humanos durante la dictadura militar, en tiempos de democracia, han sido asesinados varias personas mapuche en el marco de conflictos de tierra, en su gran mayoría jóvenes y una serie de asesinatos por la espalda por parte de agentes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), entre ellos, Jaime Mendoza Collío, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca. En la frente, Alex Lemún. En la oscuridad y bajo anonimato, en presencia de su familia, Víctor Mendoza Collío, primo del ejecutado Jaime Mendoza Collío.
Tampoco es posible omitir el caso del joven Pablo Marchant, reivindicado como uno de los miembros de los grupos de resistencia de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien, según primeros informes periciales, sí estaba con arma, pero fue ejecutado en la cabeza, estando herido, en una acción de sabotaje en un predio de forestal mininco, CMPC.
Un joven trabajador forestal, Andrés Cristian Millanao Cayupe, de 22 años, falleció el martes 19 de enero en el servicio de urgencia del Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, luego de recibir un impacto balístico por la espalda mientras se encontraba efectuando labores para la empresa forestal Arauco, al interior de una máquina, indicándose que habría sido un grupo de encapuchados.
Importante señalar que una de las principales campañas de los sectores de ultra derecha a través de redes sociales, es atacar a la CAM y en particular a su vocero, werken o líder, Héctor Lleitul, sin embargo, esta organización abiertamente ha comunicado de forma pública en diversos medios, que sus acciones de sabotaje y recuperación involucran al gran capital y al estado, que dentro de sus acciones no involucra a civiles y ha condenado abiertamente la presencia de narcotráficos en comunidades.
A pesar de ello, los sectores de ultra derecha como operadores en la macro zona sur, insisten en ello, buscando a toda costa desviar los temas de fondo a través de la instalación de “otras prioridades para el estado”, instrumentalizando leyes como la de anti narcóticos para intervenir territorios y comunidades.
Actualmente, son cientos los procesos de recuperación de tierras, activos, vigentes, que están en el territorio histórico mapuche, varias comunidades enfrentan fuertes conflictos con sectores del poder político económico.
Luego del asesinato de Joel Ovalle el 18 de enero, agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia de Alboyanco en Angol, posteriormente el general del ejército, Luis Cuellar, calificó de “cobardes” a los responsables por atacar a civiles desarmados. El militar emplazó a los perpetradores de los disparos a enfrentarse con las fuerzas armadas, acción que tuvo numerosos calificativos desde diversos sectores democráticos, entre ellos el de insidioso.
Resulta paradójico que los crímenes y delitos con estas características, se cometan en tiempos de pleno estado de excepción, con una amplia intervención militar y policial, lo que da cuenta de un fracaso, pero que a su vez, genera un escenario más propenso para quienes pretenden seguir expandiendo un estado represivo, el status quo.
Alfredo Seguel
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