Tercera parte: Jugando al Monopoly verde en la Patagonia

Hoy, la conservación– por la cual una parte importante de la población regional se movilizó– pareciera también responder a decisiones tomadas en otro tiempo y lugar.

Por Patricio Segura

Tercera Parte:  Conservación y democracia, ¿una posible combinación?

Hoy, Balloon Latam, empresa B mencionada en el segundo capítulo de esta serie, trabaja también en Aysén en el marco de la estrategia de comunidades portal. 

Comunidades portal es el nombre con el cual se ha designado a los territorios habitados en las zonas de influencia de “áreas protegidas o áreas de alto valor natural, que reconozcan tener algún tipo de vinculación con ellas. La naturaleza de esa conexión es voluntaria y puede ser cultural, ancestral, geográfica, económica o turística. Esta relación entre la comunidad y el área natural, que produce impactos mutuos que implican responsabilidades y beneficios sociales, ecológicos y económicos en ambos, debe desarrollarse en coordinación con la administración del área silvestre respectiva” ha señalado Francisco Solís Germani, director del Proyecto Patagonia Chilena de la fundación estadounidense The Pew Charitable Trusts.  

Por la extensión de los parques nacionales en Aysén, en particular, una gran parte de los poblados del territorio son comunidades portal. E incluye en la práctica todas sus comunas.

El concepto se ha utilizado desde 2018 al menos, y hoy involucra 26 municipios de la Patagonia chilena, dos de los tres gobiernos regionales, junto a la Corporación Nacional Forestal, y los ministerios de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, además del apoyo de fundaciones extranjeras y nacionales.

Pew es parte –y a la vez financia­– el grupo de trabajo Patagonia Mar y Tierra (PMT), una alianza de grupos conservacionistas a través de la cual la fundación promueve iniciativas de protección ambiental en la Patagonia, asociadas fundamentalmente a las zonas adyacentes a la Red de Parques de la Patagonia.

La alianza incluye exclusivamente al Centro Ballena Azul, la Fundación Melimoyu, la Fundación Omora, la Fundacion Terram, Puelo Patagonia, Round River Conservation Studies, WWF Chile y la fundación regional Aumen. En un principio participaba también Tompkins Conservation (hoy Rewilding Chile), pero a poco andar se retiró de la alianza, aunque por obvios motivos (es el motor original de la Red de los Parques de la Patagonia, donde opera PMT) mantiene lazos abiertos con su trabajo. 

El criterio para incluir sólo a estas organizaciones, señalan en Pew, fue trabajar con las que estuvieran ligadas directamente con iniciativas de conservación, y no con otras que abarcan otros aspectos de la protección del medio ambiente, o que están involucrados en el activismo en la Patagonia. Aun así, algunas de su alianza también encajan en estas últimas categorías.

En este proceso, Pew también financia un importante equipo de apoyo técnico, con sede en la Universidad Austral de Valdivia, llamado Programa Austral Patagonia, desde donde investigadores y académicos impulsan el trabajo que sustenta la estrategia de las comunidades portal.

Sebastián Salinas Claro, director ejecutivo de Balloon Latam, explica que como empresa están “a cargo del trabajo territorial” en el contexto de las comunidades portal. Es así quehan desarrollado 29 proyectos en Villa O’Higgins; 17 en Caleta Tortel; 29 en Cochrane; 38 entre Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez; 38 en Puerto Río Traquilo y Bahía Murta; y 37 en Chile Chico. Esta iniciativa no involucra transferencia de fondos sino participación en procesos de fortalecimiento al emprendimiento “verde”, siendo además moderadores de espacios de conversación. 

También están llevando adelante el programa “Saca tu permiso rural”, que beneficia a pequeñas y aisladas comunas del país, dentro de las cuales hasta ahora han participado varias de la región de Aysén, como son Tortel, Cochrane, Ibáñez y Chile Chico. Es así que el último período Tortel aumentó un 69,26 % sus ingresos por permisos de circulación, mientras que Cochrane lo hizo en 31,41 %.

El formato es que vía online una persona en cualquier parte del país puede elegir una de estas comunas (en 2022 van ya 19 incluidas) para obtener su permiso de circulación.

Y en paralelo, como se mencionó en el segundo capítulo de esta serie, Balloon Latam recibe fondos de la Fundación La Tapera, ligada a Paola Luksic y Oscar Lería, quienes tienen claros intereses en el territorio de Caleta Tortel. Una mezcla de intereses que, al parecer, no hace ruido alguno en la organización ni tampoco en la empresa.

¿Una gobernanza paralela?

El 26 de enero se realizó en Punta Arenas la firma del convenio de colaboración de la “Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena”, que fue suscrito por los gobernadores de las regiones de Los Lagos y de Magallanes, además de los presidentes de las Asociaciones Municipales de la Provincia de Palena (Los Lagos), y las regiones de Aysén y Magallanes. También participó como motor de este trabajo el director del proyecto Patagonia Chile de The Pew Charitable Trusts Francisco Solís y la Universidad Austral de Chile.  

Otro hito importante será el miércoles 16 de marzo, cuando se lance el libro “Comunidades y Áreas Protegidas de la Patagonia chilena” (N. de la R: actividad que ya se desarrolló). Un documento que “recorre la impresionante geografía de las regiones chilenas de Los Lagos, Aysén y Magallanes, resaltando sus valores ecológicos y paisajísticos, y revisando en profundidad el estado actual de sus áreas protegidas, terrestres y costero marinas” dice la invitación.

En Los Lagos y Magallanes la respuesta a la idea de las comunidades portal ha sido favorable. Sin embargo, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías Palma, fue más cauta y se ha restado de la iniciativa (no firmó el 26 de enero) por considerar que ha existido un importante déficit de participación real de las comunidades de Aysén y sus organizaciones en todo el proceso. Uno de los temas prioritarios de su gestión es el ordenamiento territorial y la nueva política de participación ciudadana, sintiendo la iniciativa de Pew como una imposición externa que redibujaría de verde -percibe- en forma inconsulta una parte importante del territorio regional.

“Hemos planteado que no vamos a hacer nada que no vaya en la línea de trabajo con nuestra gente y desde la región. Es importante que el trabajo surja desde la región y que no venga desde fuera. La segunda razón de no firmar es que se plantea un plan de trabajo, o elaborar un plan de trabajo, de comunidades portal, en el cual no se incluía a todas las instituciones de la región… por tanto no íbamos a firmar un acuerdo que estableciera una línea de trabajo donde no estuvieran integradas tanto las instituciones como las propias comunidades” explica el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén, Francisco Lara Acevedo. Sin embargo, aclara Lara que serán observantes del proceso porque el tema sí les interesa.

Tampoco concurrió a la firma la Municipalidad de O’Higgins, sí participando todas las otras comunas de la región.

El convenio suscrito en Punta Arenas entre fundaciones, municipios y organismos públicos busca “impulsar acciones y mecanismos que permitan facilitar procesos de Cooperación Intermunicipal”; “liderar el desarrollo de estudios y programas de los diferentes temas que apoyan al trabajo municipal, tales como salud, educación, protección del medio ambiente, deportes, fomento productivo, calidad de servicios municipales, cultura, patrimonio y turismo, u otros fines que le sean propios”; “fortalecer el desempeño funcionario del personal municipal a través de transferencias tecnológicas, cursos de capacitación y perfeccionamiento”; “impulsar redes de coordinación y asociación con organismos públicos provinciales, regionales, nacionales e internacionales cuya finalidad sea el desarrollo de temas y desafíos de interés comunitario”; “gestionar el apalancamiento de recursos externos”; entre otros objetivos.

El administrador municipal de O’Higgins, Manuel Iduarte Cofré, confirma que en la localidad estos esfuerzos de conservación, público y privada, son vistos con cautela. La explosiva intervención del territorio, con carácter de urgencia, por fundaciones nacionales y extranjeras, empresas B que ofrecen apoyo comunitario y otros intereses privados que buscan el control del suelo, son vistos como una ofensiva que genera cierto recelo. “Es bastante notorio lo que quieren hacer, cerrar para unos pocos” señala el directivo. Y alude a cierta presión, aprovechando las siempre presentes carencias de las comunidades: “Nos ofrecen el programa Saca tu Permiso Rural, pero nos condicionan a la firma del convenio (de estrategia de comunidades portal)”.

Iduarte reconoce la importancia de la conservación, pero señala que ésta debe ser con la comunidad, no sin ella. Por ello, reclama “más información. No debe haber apuro, y en esto no se avanzará si la comunidad no está de acuerdo”. 

En una posición distinta está el alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana Vargas (UDI), quien a la vez preside la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu). El edil recuerda que en 2018 “los municipios no estaban considerados en el diseño del Programa Austral Patagonia”, sin embargo luego de manifestar esta carencia, fueron involucrados al proceso, que hoy ve con buenos ojos. Explica que primero se trabajará en forma piloto con Tortel (cuyo alcalde es el independiente ex PPD Abel Becerra Vidal), Río Ibáñez y Cisnes. “Van a ser como la primera etapa. Porque es ahí donde hay un grado de maduración más avanzada respecto del tridente área silvestre/conservación, turismo dentro del área silvestre y comunidades locales un poquito más empoderadas con sus áreas silvestres protegidas”.

En esto Francisco Solís, quien previamente trabajó durante años en The Nature Conservancy, organización que levanta dinero del sector privado para crear parques privados y fideicomisos de tierras, señala que es posible, siempre, hacer mejor las cosas. Pero que el trabajo realizado es un aporte al vínculo entre comunidades y sus áreas silvestres protegidas. Y se pregunta: “¿Qué hemos hecho para acercar las ASP a la realidad de los gobiernos locales, qué hemos hecho para acercar recursos y política pública que tenga que ver con desarrollo local y ASP? Y eso es lo histórico de este acuerdo”. Y otro plus, reseña, es que en este proceso siempre se ha considerado a la comunidad local como eslabón del proceso de conservación, “y eso creo que ha sido un aporte”, porque hasta antes habría existido una visión polar entre “desarrollo a ultranza vs. preservación total y fuera todo uso tradicional. Ahí el valor”.

Durante la firma en Punta Arenas se informó que lo siguiente era la etapa de conformar una mesa suprarregional de gobernanza de comunidades portal, “compuesta por los municipios y gobiernos regionales de las 3 regiones involucradas, para iniciar la implementación gradual de la estrategia, con acciones que van desde la formulación de proyectos de inversión al reconocimiento de las áreas protegidas en los principales instrumentos de planificación como la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) y Planes de Desarrollo Turístico (PLADETUR)”.

Sin duda, procesos que compiten con los de la propia institucionalidad que representan los gobiernos locales, regional e incluso sociedad civil, en plena etapa de desarrollo y maduración. 

Una desafío que tiene tres años para ser implementado, ya que el Programa Patagonia de Pew -y su financiamiento- tiene fecha de término: el 2025.

Para César Guala Catalán, director del Programa Austral Patagonia, la iniciativa de comunidades portal es fundamental para involucrar a la comunidad en la protección de las áreas silvestres protegidas. “Un elemento relevante es cómo hacer que estos parques creados dejen de ser parques de papel y se constituyan en espacios que garanticen los objetivos de su objeto de conservación. Y que esos parques también se utilicen por la gente que ha vivido siempre en el territorio”, señala.

Los impulsores coinciden en que deben hacerse cargo de las desconfianzas que se puedan generar en la región. “Es importante en esto que la gente sienta que lo que está ocurriendo ahí no es que vino un iluminado a decir lo que hay que hacer. Y asumir que el proceso de participación no es de un minuto, debe ser algo recurrente, que no se agota”, por tanto si hay actores u organizaciones a quienes falta información, o perciben señales divergentes, hay que escucharlas de alguna forma, señala Guala.

Algo similar expresa Sebastián Steinmeyer Valenzuela, presidente del directorio de Aumen. “Hay una mirada crítica con respecto a que es perfectible el concepto de comunidad portal, entendiendo que no representa o puede no estar representada por todas las personas que tienen que estar”. Por ello, está “todo el interés de Aumen en que las comunidades aledañas a los territorios de conservación sean quienes se hagan cargo de la conservación”. Ejemplo de ello, señala, es el trabajo de dos décadas de la organización, junto con la comunidad de Tortel, en la conservación de Laguna Caiquenes. Ejemplo de ello, dice, es que el guardaparque de este bien nacional protegido (BNP) es originario de Caleta Tortel.

El posible déficit de involucramiento de las comunidades y sus organizaciones en la actual estrategia de las comunidades portal no estaría tan alejado de la realidad. Así quedó consignado durante la última reunión del directorio ampliado de las tres Zonas de Interés Turístico (ZOIT) de Aysén, realizado el martes 2 de febrero: Aysén Patagonia-Queulat; Territorio Chelenko; Provincia de los Glaciares.

En la ocasión el alcalde de Cisnes Francisco Roncagliolo Lepío (RN), cuyo municipio pertenece a la ZOIT Aysén Patagonia-Queulat, expresó su conformidad con la posibilidad de integrarse a la estrategia de comunidades portal, agradeciendo “a todas las organizaciones que consideraron a la comuna de Cisnes… es un trabajo de bastante tiempo que llevamos adelante”.

Sin embargo, la respuesta desde las organizaciones de base fue claramente crítica.

Andrea Rosas Torres, presidenta de la ZOIT Provincia de los Glaciares y habitante de Villa O’Higgins, cuestionó que el trabajo se haya realizado al margen de estos instrumentos de planificación, que en el caso de Aysén combinan particularmente turismo y conservación. “La estrategia (de comunidades portal) no está clara y eso tiene un impacto relevante para nosotros, considerando que el levantamiento de las ZOIT es un trabajo súper importante con las bases sociales y territoriales del territorio. Estas instancias no han sido consultadas ni involucradas en este proceso” indicó. Agregó que “esto ha sido solamente trabajado con los municipios, pero resulta que las bases de la sociedad civil están representadas en mayor o menor medida por las ZOIT. La participación social aquí fue nula, y me llama la atención que algo tan importante como las áreas silvestres protegidas y las estrategias de planificación que hay en torno a ellas no se haya discutido con nosotros”.

La concejala de O’Higgins, Lorena Molina Mansilla, señaló sobre el convenio suscrito en Punta Arenas que “fue un tema súper apurado eso de firmar rápidamente los municipios. Agradezco que la gobernadora no haya firmado y nuestro alcalde tampoco”. Indicó que “comunidades portal tiene que ver con varias fundaciones que están aquí como Pew, Round River. Nosotros no firmamos, porque con los años trabajando Round River en nuestra comuna, no fueron capaces de entregarnos un informe de los 5 años que llevan haciendo trabajos en el río Pascua”. En su opinión “hay que tener ojo como región en todo lo que se viene en áreas protegidas y bienes nacionales protegidos. Tenemos que resguardar nuestro territorio, y no entregarlo a comunidades portal y a fundaciones que vienen de afuera porque nosotros somos capaces -y lo hemos hecho durante años- de defender nuestro territorio”.

La concejala de Cisnes, Almendra Silva Millalonco, puntualizó a su vez que aunque el alcalde de la comuna firmó, los ediles no fueron parte de la discusión. “Desconozco los pormenores porque no fue tratado en Concejo. Yo prácticamente me enteré por la prensa que el municipio de Cisnes se había plegado a esto. Ahí el municipio de Cisnes tiene que mejorar también. Solicité en un Concejo que se nos pudiera exponer esto, para entenderlo mejor, pero no se ha producido” indicó.

Miriam Chible Contreras, vicepresidenta de la Corporación Chelenko (Disclosure: Miriam Chible es pareja del autor de este artículo), aclaró que desde el programa de comunidades portal “nos trataron de contactar en forma individual, pero en realidad hay una gobernanza en el territorio que son las ZOIT. Llevamos tantos años trabajando, dinero del Estado invertido y tiempo libre de nosotros como empresarios, y el tremendo plan que se ha armado con relación al turismo sustentable que nos sentimos pasados a llevar. Hay algo de molestia, así es que esperamos que se corrija esa situación”.

En la ocasión, el director de SERNATUR en Aysén, Patricio Bastías Mora, reconoció que el organismo no ha participado en las definiciones estratégicas, a pesar de su relevancia en el área, aunque sí “han conversado, nos han entrevistado formalmente”.

El reclamo no es superficial. 

Porque una cosa es que personas y empresas locales participen en un proceso de acompañamiento empresarial y otra muy distinta que sus organizaciones, que son las entidades que aportan a dar cohesión al territorio, se involucren vinculantemente en las decisiones que se adoptan, lo cual según las dirigentas no ha ocurrido. Mal que mal, son quienes viven efectivamente en el territorio, a diferencia de los directivos, profesionales e investigadores (y empresarios que compran grandes extensiones de terreno) de las entidades que impulsan estas iniciativas.

Ante esto, la decisión como directorio público-privado de las tres ZOIT de Aysén fue organizar una reunión con actores asociados al programa comunidades portal y ver sus implicancias para las zonas de interés turístico. Algo que aún no ha ocurrido.

Los dilemas

Este puzzle ligado a la conservación, donde se combinan el legítimo interés de proteger este excepcional territorio con rentabilización de inversiones sobre el suelo, para algunos actores pasa por encima de la planificación regional. De aquella que se construye entre los propios habitantes de los territorios, que han participado en múltiples procesos plasmando sus sueños y visiones. Ejemplo de ello es que el vínculo se ha realizado a través de actores específicos, en una especie de pirquineo, sin pasar por la discusión macro de las mesas público-privadas de las ZOIT, por ejemplo. Esta atomización de la discusión hace recordar la forma de trabajo de otros actores que, con divergentes motivaciones, intervinieron el territorio mediante la figura del apoyo directo y los fondos concursables. 

Hoy por hoy, Round River está cargo de conducir, también con recursos de la ONG estadounidense Pew, la estrategia comunicacional de las comunidades portal, según se desprende de los términos de referencia cuyo plazo de presentación de propuesta concluyó el lunes 14 de marzo. 

Todas estas iniciativas, se señala, buscan contribuir a la protección de la biodiversidad en la Patagonia, sus comunidades, para resguardar el patrimonio natural y cultural del territorio. Pero, lo que aún está por construirse, es un mecanismo que integre desde el origen a quienes efectivamente viven en el territorio. 

Tal es una pregunta esencial. 

“Porque tener espacios completamente democráticos no asegura responsabilidad socioambiental, al ser posible contar con un sistema altamente participativo y, entre todos, decidir destruir los ecosistemas y sus especies. Y, al contrario, la protección de la naturaleza desde una mirada autoritaria y sin participación puede derivar en el ecofascismo” decía haceunos años en un artículo de Ciper. 

Porque democracia y conservación son principios a los que aspiramos en Aysén, pero que no necesariamente van de la mano. Esa es la gran discusión.

Son ejemplos extremos, claro está, pero a la luz de los procesos hoy vigentes en Patagonia, preguntas legítimas y necesarias de abordar.

Donde los habitantes de un territorio como Aysén (y la Patagonia) no son sólo piezas de un virtual Monopoly verde que se juega en otras latitudes, con múltiples intereses y disímiles intenciones: académicos, de investigación, de conservación real y también de la “rentable”, de negocios inmobiliarios, de consultorías con y sin fines de lucro, de extractivismo, elija usted). Tablero que va definiendo su futuro al margen de los anhelos y sueños de su propia comunidad, que es la que, a fin de cuentas, vivirá directamente los aciertos y errores de quienes no viven día a día la realidad de vivir en esta tierra austral.

La conservación fiscal fuera del SNASPE

En el grupo de trabajo Mar y Tierra participa la fundación Aumen, que desde 2014 cuenta con la concesión gratuita por 30 años del bien nacional protegido (BNP) Laguna Caiquenes, de 8.500 hás, en las cercanías de Caleta Tortel. 

Laguna Caiquenes y Ventisquero Montt (el BNP que pretendía Paola Luksic, explicado en el primer capítulo de esta serie) se ubican la extensa comuna de Tortel. En Aysén existen además otros bienes nacionales protegidos, que es la autodestinación del Ministerio de Bienes Nacionales de un terreno fiscal para fines de conservación sin ser parte formal del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas administrado por Conaf: Santa Lucía en el lago O’Higgins (9.300 hás); Isla Simpson y Huemules en Nalcayec en la comuna de Aysén (22.900 hás); Palena Costa en la comuna de Cisnes (80.600 hás); Bahía Mala en la comuna de Aysén (7.300 hás); Laguna Vera en la comuna de Aysén (3.200 hás); Cerro Rosado en la comuna de Coyhaique (1.800 hás); Río Azul en la comuna de O’Higgins (12.000 hás); San Lorenzo en la comuna de Cochrane (19.400 hás). 

A estos se agregan dos que ya están concesionados gratuitamente: Lago Copa en la comuna de Cisnes, entregado desde 2008 y por 20 años a la Fundación Wilderness (11.500 hás); Cuenca del Río Mosco en la comuna de O’Higgins, otorgado al municipio local desde 2015 y por 10 años (10.300 hás).

En total, 12 BNP.

La Fundación Wilderness estaba presidida por el empresario Gregory Locke, quien falleció en febrero de 2021. Esta entidad desarrollaba proyectos inmobiliarios vinculados al turismo y en 2006 intentó que se le entregara en concesión una fracción del recientemente inaugurado Parque Nacional Corcovado, constituido gracias a la donación de Douglas Tompkins. Locke era un férreo opositor de la visión del ex dueño de The North Face. La última elección de directorio de la fundación consignada en el Registro Civil fue en agosto de 2011, fecha a la cual sólo estaba constituido por familiares del empresario.

Por su parte Aumen, además de la vasta labor de investigación, educación y conservación que ha desarrollado,ha recibidoapoyo de la Mininco (CMPC) para la protección del huemul, gracias a las gestiones del biólogo Rodrigo López Rübke quien, además de socio de la ONG y administrador del BNP Laguna Caiquenes, ha sido asesor de esta la corporación forestal para su programa de protección de esta especie protegida tanto en Aysén como en Bío Bío. Aumen también ha participado activamente “en el Consejo Consultivo de Conservación de la Biodiversidad y Restauración en patrimonio” de Arauco. 

Dos corporaciones que han sido responsables, como se ha documentado, de la destrucción de una parte importante de biodiversidad del sur de Chile.

En este aspecto, Sebastián Steinmeyer explica que desde que asumieran en 2019 “hemos estado en una política de revisión de la procedencia de los recursos, nosotros no hemos aceptado recursos de cualquiera. Siempre se ha tenido y evidenciado un espíritu súper crítico y sigue siendo crítico lo que hemos proyectado como nuevo directorio hacia el futuro”.

Sobre el apoyo de Mininco señala que “efectivamente hay recursos y financiamiento, pero para iniciativas muy específicas que tienen que ver con aspectos súper concretos”.

Hoy existen otros dos predios fiscales que están siendo impulsados como BNP y que podrían a futuro concesionarse gratuita u onerosamente. Las 100 mil hectáreas de Torres del Avellano cerca Villa Cerro Castillo, que la municipalidad de Río Ibáñez ha solicitado sean declaradas bajo tal figura con la idea de ser sus futuros administradores. Y en el área de la cuenca del río Pascua (de unas 76.000 hás), donde una de sus impulsoras es la fundación Round River y que en el último tiempo cuenta para este objetivo con financiamiento de Pew. 

En este período, desde la fundación señalan que han sido múltiples las reuniones que han sostenido con las comunidades de Tortel y Villa O’Higgins para socializar su iniciativa. 

Fue en este contexto que en 2020 Patagonia Mar y Tierra, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, impulsó un ciclo de conversatorios sobre bienes nacionales protegidos, abordando los “desafíos y oportunidades para la conservación, la investigación y el turismo sustentable”, con la “visión desde la sociedad civil”. Éste se complementó con reuniones de trabajo con las comunidades y acciones de acercamiento, como las que desarrolla Balloon Latam.

Una de las últimas actividades fue el 4 de noviembre, donde Round River presentó el proceso de “creación del bien nacional protegido Río Pascua”.

La actividad, a la cual asistieron diversas organizaciones y vecinos de Villa O’Higgins, originó que la agrupación local Río Pascua, a través de su presidenta Yaline Riveros Sáez, enviara una carta al municipio señalando que, al no ser impulsado el proceso por “instituciones u organizaciones locales, estimamos que la información aportada por Round River Chile es insuficiente, y carece de los mínimos aceptables para tomar una decisión respecto a la pertinencia para apoyar esta iniciativa”.

En la misiva, se cuestionó que el “Expediente Técnico para la creación del Bien Nacional Protegido Río Pascua” presentado en marzo de 2021 ante el Ministerio de Bienes Nacionales por Round River junto a las municipalidades de O’Higgins y Tortel “refiere a un trabajo anterior de esta iniciativa, que sería necesario aclarar y transparentar el por qué la información asociada a este proyecto de conservación no se había compartido con la comunidad, y la información no es de acceso público”.

Asimismo, reclamaron que “se hace necesario que la seremi (de Bienes Nacionales) se haga presente en la comuna, a fin de aclarar dónde nace esa priorización y urgencia de tramitar un bien nacional protegido, de más de 76 mil hectáreas. No entendemos el apuro por decretar bajo una figura jurídica de conservación un sector que dada su inaccesibilidad, tiene mínimo efecto antrópico y por lo mismo no es urgente ni necesario en este momento una afectación jurídica como la que se solicita por parte de ONG Round River Chile, por lo que es necesario evaluar su pertinencia”.

Por tanto, exigieron a la cartera, “en su rol de administrador de tierras fiscales iniciar un proceso participativo y de planificación para la gestión de tierras fiscales, tanto en Tortel como en O’Higgins”. 

Su preocupación es clara: “Creemos que este proyecto, más que generar un espacio de conservación, abre la posibilidad de la explotación económica del territorio cercano al Río Pascua, lo que traería un efecto antrópico mayor al que recibe en la actualidad, sin contar además que esta área no es considerada por la comunidad como prioridad para el desarrollo turístico de la zona, lo que indica que el levantamiento diagnóstico que ha hecho Round River no ha tenido participación comunitaria y básicamente responde a sus intereses”.

Iduarte confirma que, hoy por hoy, esta posible declaratoria no cuenta con el apoyo del municipio de O’Higgins.

Sobre este tema, el director ejecutivo de Round River en Chile Fernando Iglesias Letelier explica que aunque en marzo de 2021 ingresaron el expediente técnico al Ministerio de Bienes Nacionales, recién están iniciando el proceso formal comunitario/social, que es también parte de la solicitud.

“Nosotros nos sentimos herederos del proceso que fue la protección del río Pascua” ante las intenciones de HidroAysén de construir tres represas en esa cuenca y donde la comunidad de O’Higgins fue parte. El objetivo, seguir lo que ayer fue movilización ciudadana, “ahora con la idea que el río Pascua se proteja, porque está la oportunidad histórica”. Y estima que esta tarea, siendo una de las pocas cuencas prácticamente intocadas de Chile (y el planeta), con abundante población de huemules y biodiversidad endémica, sigue siendo necesaria, considerando que a 230 kilómetros al sureste se construye hoy el complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz en la Patagonia argentina. Es decir, la cuenca aún está en riesgo.

Reconoce Iglesias que quizás dieron por sentado que las organizaciones locales estarían de acuerdo, dado su historial de lucha socioambiental, pero la realidad dijo algo distinto. “Esto es parte del aprendizaje, somos un equipo que está dispuesto a aprender todos los días, en el trabajo que estamos retomando” señala.

Tanto en El Avellano como en Río Pascua, los impulsores de estos bienes nacionales protegidos concuerdan en una gobernanza que no replique lo que hoy ocurre con las concesiones en parques nacionales, como el caso de Explora en el Parque Nacional Patagonia. Luego de la declaratoria con un objetivo claro de conservación, plantean que sean las propias comunidades sus concesionarias/administradoras, en alianza con el respectivo municipio (en Pascua con Tortel y O’Higgins), tomando las principales decisiones. 

“Desde 2016 hemos estado apoyando mano a mano el proceso de administración del BNP río Mosco. Donamos cámaras trampa, generamos metodologías y capacitamos al equipo de guardaparques para que monitoreen la biodiversidad del bien nacional protegido, y eso nos ha inspirado pensar que en el futuro puedan las municipalidades y la comunidad velar por el Pascua” explica Iglesias.

Como corolario, y sin incluir otros BNP que están siendo estudiados a solicitud de específicos operadores turísticos, un documento de Tompkins Conservation/Rewilding Chile titulado “La gran mirada” muestra los objetivos de conservación de dicha fundación. Ahí están los posibles futuros nuevos parques Futaleufú, Palena, Lago Las Torres (entre Coyhaique y Lago Verde), San Lorenzo (al sur de Cochrane) y Villa O’Higgins (que conformarían los actuales BNP Río Mosco y Río Azul). Además, la ampliación de los ya existentes parques Pumalín Douglas Tompkins, Corcovado, Cerro Castillo y Patagonia. Esto, sin considerar la creación de un parque y varias áreas marinas protegidas, en el maritorio norte de la región.

Estas ideas estarían en sintonía con la ley que crearía el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), aún en tramitación, que al no comprender la figura de bienes nacionales protegidos, éstos se debieran recategorizar en parques nacionales u otra figura de protección.

Patagonia Mar y Tierra, incluso, ha ido más allá de las áreas protegidas terrestres. “Al principio del programa no estaban los Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) y ahí nos involucramos para apoyar técnicamente, para que fueran presentadas y no fueran rechazadas, publicando un libro para que las comunidades puedan hacer sus propias presentaciones” explica Francisco Solís, refiriéndose a un instrumento relevante de resguardo de maritorios ancestrales que instauró la Ley Lafkenche. En su portal institucional, el Programa Patagonia Austral cuenta efectivamente con un “manual para la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios”.

Sobre esto el geógrafo y ex concejal de O’Higgins, Hans Silva Gómez, señala que comparte la idea de poner en valor las áreas silvestres protegidas para el desarrollo local. Sin embargo, también tiene algunas prevenciones.

En términos de gobernanza, coincide con lo señalado por las dirigentas de las ZOIT. “Se anuncia una propuesta para una estrategia de desarrollo de localidades, comunidades portal, pero tiene la paradoja que se hizo sin las comunidades. Acá, un grupo de ONGs foráneas presentan un modelo de gobernanza del territorio en la que son protagonistas, pero desconocen el trabajo de años de las propias comunidades que habitan el territorio. Sería bien visto que estos actores externos al territorio actúen como facilitadores y no como tomadores de decisiones, que es lo que estamos viendo en sus propuestas”.

Con relación al ordenamiento territorial, considera que ésta es una forma de intervenir la Estrategia Regional de Desarrollo y los PLADECO. “Se busca la creación y ampliación de nuevas áreas protegidas, con un sentido de urgencia que escapa a cualquier planificación, a los estándares básicos de participación ciudadana y a los análisis de representatividad ambiental. Básicamente son tierras fiscales, y una parte de ellas quizás tengan la necesidad de conservación ambiental, sin embargo, otra parte del territorio podría tener vocación de usos múltiples que también sean sustentables y que aporten al desarrollo local” explica. En su visión, tomar decisiones apresuradas sólo llevará a conflictos futuros, por lo cual hay que conversar de verdad con las comunidades, resolver los conflictos por usos del suelo, analizar escenarios posibles y recién ahí pensar en nuevas áreas protegidas.

Y con respecto a las áreas silvestres protegidas, concuerda en la necesidad de insertarlas de mejor manera en el desarrollo local: con participación vinculante, potenciar los consejos consultivos (con más atribuciones), planes de manejo y planes de uso público, para lo cual la Ley SBAP es importante.

“Cuando las ONGs y activistas ya han hecho su trabajo y conocemos su propuesta, pienso que el Estado, a través de las nuevas autoridades, debe ordenar este proceso de demanda de grandes territorios y tomar decisiones fundadas, sin precipitarse, considerando el contexto de un nuevo gobierno y la redacción de una nueva Constitución”, concluye.

*Este artículo fue publicado originalmente en Patagon Journal y republicado por El Ciudadano.

Puedes leer el artículo original en el siguiente link: https://www.patagonjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4393:tercera-parte-jugando-al-monopoly-verde-en-la-patagonia&catid=208:special-series&Itemid=340&lang=es

Lee la primera parte aquí: https://bit.ly/3vNAKDx

Lee la segunda parte aquí: https://bit.ly/3JeiY0j

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El autor, Patricio Segura, es un periodista que vive cerca de Puerto Guadal, en la cuenca del lago General Carrera de la región de Aysén. Es el actual tesorero de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén y formó parte del equipo de comunicaciones de la campaña Patagonia sin Represas.