La policía científica de Venezuela logró esclarecer la muerte de Rosmary Rusbely Palma Rodríguez, una joven de 20 años de edad que falleció el 30 de enero pasado, luego que le practicaran un aborto clandestino en la localidad de Guatire, estado Miranda. El caso ha reavivado el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es actualmente penalizada con cárcel en el país suramericano.
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), informó en Instagram que la muerte de Rosmary se produjo por «una mala praxis médica» durante un proceso de «aborto clandestino», que le generó «una fuerte infección» y «sangrados intensos por varios días».
Rico detalló que cuando la joven presentó estos síntomas fue llevada el 24 de enero —seis días antes de su muerte— al Hospital Dr. Victorino Santaella por su padres: Mariyuli Rodríguez Sánchez, de 44 años de edad, y Rubén Jesús Palma Ibarra, de 53, quienes ahora están detenidos por las autoridades, reseña RT.
Aunque el jefe del cuerpo detectivesco no dijo si los padres de Rosmary la obligaron a practicarse el aborto o la estaban acompañando a realizarlo, detalló que ambos «la habrían llevado hasta el sector Las Casitas, parroquia Guatire, municipio Zamora, para realizarse un legrado», realizado por la médico, fisioterapeuta y ginecóloga Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren, de 43 años, quien también se encuentra privada de libertad.
La médico, explicó Rico, «le realizó el procedimiento incompleto, generando que Rosmary tuviera sangrados intensos por varios días». De acuerdo al director del CICPC, los padres de la joven acudieron posteriormente a la ginecóloga cuando observaron que su hija seguía con hemorragias, y esta les surgió que la trasladaran al hospital de la entidad porque presentaba una infección.
«Una vez en el centro de salud, los médicos trataron de controlar la infección; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, esta falleció producto de la misma», precisó Rico.
Las investigaciones posteriores permitieron detectar que en la localidad de Guatire operaba una presunta «red hamponil», integrada por Juan Carlos Martínez Betancourt, de 49 años, y su hija, Maydelin Nayflor Martínez Rodríguez, de 23, que se dedicaría a «captar a jóvenes» que estaban «dudosas» de continuar con sus embarazos, y les ofrecían interrumpirlos con la misma médico que atendió a Rosmary, a cambio de 120 dólares.
«Realizaban estos procedimientos sin cumplir con medidas sanitarias; al inspeccionar el lugar, los pesquisas encontraron como evidencias, varios implementos utilizados en ginecología y medicamentos para tratar diversas patologías», señaló Rico, quien agregó que todos los involucrados quedaron a la orden de la Fiscalía 30º del Ministerio Público del estado Miranda.
El debate en Venezuela
Las circunstancias que provocaron la muerte de Rosmary han reavivado en las redes sociales el debate sobre el aborto en Venezuela, que está sancionado en los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal vigente, y que distintos movimientos y organizaciones feministas del país han pedido despenalizar.
En los comentarios a la publicación del detective Rico sobre el caso de Rosmary se observan los distintos puntos de vista, que en su mayoría se debaten entre quienes abogan por el derecho al aborto y las personas que recurren a argumentos religiosos para culpar a las mujeres interrumpan sus embarazos de manera voluntaria.
«Aborto seguro, legal y gratuito para evitar que las mujeres sigan muriendo por decidir interrumpir su embarazo. Y al que no esté de acuerdo que no lo practique», dijo una usuaria que se sumó a otros comentarios a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
«La mayoría de los países han avanzado en leyes donde se promueve el aborto seguro con ciertas condiciones», agrega otra opinión.
En el debate, otra usuaria resalta que la mayoría de los comentarios sobre el caso reproducen el machismo y no tienen la menor empatía por la víctima. «Estás respuestas tan violentas se terminan cuando se ven ante un embarazo no deseado o no intencionado. En este país la educación integral de la sexualidad no existe«, lamentó.
Entre los comentarios también señalaron que los abortos clandestinos en Venezuela son una realidad desde hace muchos años: «Esto no es nuevo, gran cantidad de jóvenes lo hacen, quien cuenta con recursos acude a clínicas privadas con todos los equipos adecuados, quien no tiene recursos busca cualquier medio. Eso es lo que busca la legalización: evitar muertes por infecciones por procedimientos inadecuados».
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