Como parte de la masiva filtración de documentos de inteligencia de Carabineros, CIPER reveló una serie de pinchazos telefónicos a conversaciones de varias figuras del mundo de la música y el espectáculo, así como a abogados, periodistas, sacerdotes y actuales convencionales constitiyentes.
Entre 2007 y 2018, Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en La Araucanía, alegando «supuestos nexos con delitos» y otros por considerarlos «blanco de interés» y amparándose en la Ley de Inteligencia.
Durante tres meses, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el teléfono de una conocida productora de eventos, Luisa Fernanda Zaldúa, estuvo intervenido por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar).
«Los agentes de la policía escucharon y pudieron grabar cada una de sus conversaciones, en las que ella dialogó con humoristas, cantantes y managers. La interceptación de su celular fue autorizada por la Corte de Apelaciones de Temuco, aunque bajo una premisa falsa: los oficiales de la Dipolcar indicaron en su solicitud que ese número correspondía al actor Daniel Alcaíno».
Al ser consultado por CIPER, Alcaíno dijo «no conozco ese número telefónico, nunca ha sido mío».
«Este es mi número celular desde hace muchos años, no tiene nada que ver con él”, confirmó Luisa Fernanda Zaldúa, socia de la empresa Latina Producciones.
Entre las llamadas interceptadas aparecen diálogos de la productora con humoristas, como Álvaro Salas y Claudio Moreno (que encarna al personaje Guru Guru); con representantes de otros comediantes, como Kramer y Jorge Alis, y con el actor Fernando Alarcón.
En los audios también figura el periodista de Canal 13 Carlos Zárate, e integrantes de los equipos de las cantantes Denise Rosenthal y Camila Gallardo.
Las conversaciones también registran negociaciones para que bandas, como Chico Trujillo y Los Viking 5, participen en eventos municipales. Incluso, se registran consultas para contar con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como expositor en una charla.
La socia de Latina Producciones, quien actualmente reside en Israel; fue consultada por CIPER sobre las escuchas, y aseveró que «no sabía que sus conversaciones habían sido escuchadas y grabadas por Carabineros».
Es más, indicó que la policía no contaba con motivos para realizarlo porque la empresa siempre había cumplido con la ley.
«Igualmente sorprendidos se mostraron el humorista Álvaro Salas y el periodista Carlos Zárate, quienes señalaron que han trabajado en eventos junto a Latina Producciones, pero que todo lo han hecho dentro del marco de la legislación vigente», refiere la investigación de CIPER.
La agencia es muy conocida en el mundo artístico, y tiene en su parrilla a artistas de la talla de Javiera Contador, Fabrizio Copano, Bombo Fica y Coco Legrand, cantantes como Américo, Gepe, Pablo Chill E y Mon Laferte y animadores de televisión y charlistas, como Pilar Sordo y Cecilia Bolocco.
Según la investigación de CIPER, son cientos de miles de archivos que reunió Carabineros. En concreto, son más de 220 GB de información que fue analizada por el medio y que comenzaron las revelaciones en enero pasado.
En las investigaciones, se detectó que, durante los últimos 10 años, la Dipolcar intervino los teléfonos de alcaldes, abogados de derechos humanos, funcionarios públicos y líderes mapuche, como los actuales convencionales constituyentes Francisca Linconao y Adolfo Millabur.
En las escuchas, también se encuentran grabaciones de la convencional Manuela Royo.
Solo en La Araucanía, la dirección de inteligencia del organismo de seguridad interceptó a 221 personas entre 2008 y 2018, donde también figuran el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, el historiador mapuche Fernando Pairican, los abogados Karina Riquelme y Nelson Miranda –quienes participaron en causas penales contra Carabineros–, el sacerdote jesuita David Soto Gómez y el ex integrante de esa misma congregación, Luis García Huidobro.
Alcaíno como “blanco de interés”
A fines de 2017, durante las investigaciones en la Operación Huracán – donde Carabineros falsificaron pruebas para inculpar a comuneros mapuches por actos de violencia en la Región de la Araucanía-, el nombre del actor Daniel Alcaíno ya se encontraba en las carpetas de la Dipolcar.
El argumento de la policía es que el actor – reconocido mayormente por sus personajes humorísticos – era un «financista en las sombras de la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM)».
Para validar estas acciones, los funcionarios policiales inventaron diálogos de WhatsApp y se lo implantaron en el teléfono.
«De acuerdo con la versión que entonces difundió la policía, esos chats habían sido interceptados por un software llamado Antorcha. Las indagatorias de la Fiscalía probaron que Antorcha nunca funcionó», refiere la investigación de CIPER.
Estos chats no fueron los únicos que trató de inventar los funcionarios policiales. Los documentos muestran que la Dipolcar tenía otra «batería de chats falsos» pero esta vez buscaban dañar la imagen pública del actor.
No obstante, desde noviembre de 2017, el teléfono del actor, conocido por su personaje Yerko Puchento; fue intervenido por la Dipolcar, sin embargo; las conversaciones a las que accedió CIPER solo revelan interacción con sus amigos, esposa y periodistas, pero nada sobre supuestos recursos económicos a comunidades mapuches.
Hasta los momentos, se desconoce porque se consideró al actor un «blanco de interés» para los policías. A cinco años del escándalo de la Operación Huracán, aún no se comienza el juicio.
En 2017, Alcaíno trabajaba en el programa Vértigo, de Canal13, y fue sumamente crítico con el Alto Mando Policíal, en espacial cuando se conoció el caso MegaFraude.
Según la investigación de CIPER, la autorización para intervenir los teléfonos llegó de la Corte de Apelaciones de Temuco, y fue firmada por el ministro Aner Padilla. En la solicitud figuraba tanto el número de Alcaíno como el de Zaldúa, no obstante; el número de Zaldúa figuraba como «si fuera propiedad de una hermana de Alexis Torres, el frentista que desde 2012 permanece clandestino luego de participar en el asesinato de un policía argentino».
El actor expresó a CIPER que todas las acusaciones en su contra, en especial en la operación Huracán, «son absolutamente falsas», así como reconoció que cuando tuvo conversaciones con periodistas en 2017, «ya sabía que estaba pinchado» su telefóno.
Cabe recordar que la Ley de Inteligencia señala que sólo se podrá «pinchar» un teléfono como parte de un «procedimiento de obtención de información» y sea difícil conseguirla por fuentes de datos abiertas. Esta se complementa con el Código Penal, en el que se establece que solo se podrá interceptar cuando «existen fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible”.
Ambas requieren una autorización judicial y Carabineros puede solicitar por inteligencia, para indagación sobre seguridad nacional, entre otros; o por criminal. En el caso de Inteligencia, es necesario realizar la solicitud a la Corte de Apelaciones.
Posteriormente, y tras la aprobación, se contactan con las telefónicas correspondientes, quienes deben facilitar la intercepción de la línea.
CIPER detectó que algunos «pinchazos telefónicos» contaban con su autorización, pe otras no se pudo comprobar si respetaron el marco legal.
«Otro de los números telefónicos intervenidos a fines de 2017, asignado a un personaje no identificado, del que la policía solo manejaba su nombre y la inicial de su apellido (José M.), en realidad correspondía a otra persona que le dijo a CIPER que hace más de 10 años que tiene el mismo número y que ese no es su nombre, que tampoco está relacionado con la causa mapuche y que no se explica por qué Carabineros interceptó sus llamadas».
Aunque algunas contaban con las autorizaciones, CIPER reveló que fue «un ejercicio inútil para la policía» porque no reveló lo que se investigaba, como es el caso de las intercepciones al teléfono de Fernando Pairican, un doctor en Historia Universal de la Universidad de Santiago; y quien fue acusado por la Dipolcar de «proveer armas de fuego a un comunero mapuche».
«También fueron interceptados los comuneros mapuche Alberto Curamil, dirigente de la Alianza Territorial Mapuche (ATM); Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras; el comunero Camilo Catrillanca, en 2012 antes de ser asesinado por Carabineros cinco años después; Héctor Llaitul, líder de la CAM; Raúl Castro Antipán, estudiante que luego fue captado por Carabineros como informante, y cuya identidad quedó expuesta en un proceso penal en 2014», refiere la investigación.
Padilla es conocido por ser autor de diferentes libros que narran el conflicto del Estado chile y el pueblo mapuche, y para la Dipolcar, era sospecho de proveer armas a un comunero mapuche.
En uno de los tantos documentos de Carabineros, se informa que tiene “una estrecha amistad con Luis Tralcal Quidel”, condenado por el asesinato de los Luchskinger-Mackay, a quien le facilitaría “los medios logísticos, como armas de fuego”, cita CIPER.
Abogados, alcaldes y constituyentes en la mira
Los documentos también revela que la policía interceptó las comunicaciones de aproximadamente tres abogados que han servido en investigaciones contra Carabineros.
Nelson Miranda Urrutia, Karina Riquelme Viveros y Manuela Royo Letelier, actual constituyente; figuran en la lista.
«El caso de Miranda, quien fue abogado de la familia de Camilo Catrillanca luego de su asesinato, es el que acumula la mayor cantidad de antecedentes. Son siete documentos los que confirman que la inteligencia policial oyó sus conversaciones», señala la investigación de CIPER.
Riquelme, por su parte, representó a José Tralcal Coche, condenado a 18 años de cárcel como autor del delito de incendio con resultado de muerte en el caso Luchsinger-Mackay.
No obstante, también defendió a Rodrigo, Jorge y Jaime Huenchullán, en su denuncia contra el Estado, tras implantarles pruebas falsas en la Operación Hurácan; mientras que Manuela Royo también a representado a comuneros mapuches.
Entre los alcaldes se encuentran Juan Carlos Reinao Marilao, quien es jefe comunal de Renaico (La Araucanía) desde 2012 y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam) desde 2017; Adolfo Millabur, ex edil de Tirúa (Bío Bío) en cinco períodos (entre 1996 y 2008 y después entre 2012 y 2016), refiee CIPER.
Ahora, Millabur es convencional constituyente.
La convencional Francisca Lincao. Su nombre aparece en un documento titulado Canales de Interceptaciones, donde aparece su nombre y su número en una organización indígena.
«El registro no tiene fecha ni especifica las razones de estas intervenciones. Sin embargo, Linconao ha sido blanco de interés de Carabineros desde 2009, cuando consiguió detener la tala de árboles del cerro Rahue. Luego fue investigada y absuelta por el incendio en el que fueron asesinados los Luchsinger-Mackay en 2013», refiere CIPER.
El sacerdote jesuita David Soto Gómez también fue investigado por la Dipolcar.
Soto era monitoreado por tratarse de un “sujeto que mantiene estrechos vínculos con comuneros mapuches que integran Grupos de Violencia en la Provincia de Arauco”, refiere la investigación.
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