La mirada de Amnistía Internacional sobre la firma del Acuerdo de Escazú por Gabriel Boric y su tramitación en el Congreso

El Acuerdo de Escazú, primer tratado medioambiental regional de América Latina y el Caribe, nació de la necesidad de atender de manera urgente la emergencia climática, así como el aumento de la violencia hacia las personas defensoras de la tierra, territorios y recursos naturales.

Avanzar hacia el acceso a la justicia en asuntos ambientales es un imperativo y hace algunos días, por fin, se toma en serio la necesidad de firmar la adhesión a este tratado vinculante de la región en esta materia.

Al respecto, luego de la firma por parte del presidente Gabriel Boric, Amnistía Internacional Chile, señaló que esperan que el Congreso esté a la altura y lo apruebe con urgencia.

Amnistía Internacional, señaló: “Celebramos con esperanza este hito tras las constantes negativas a firmar  el Acuerdo por parte del gobierno de Sebastián Piñera, decisión inexplicable en vista de que Chile había tomado un rol de liderazgo en las negociaciones iniciales, bajo el mandato de Michelle Bachelet. La importancia de este tipo de normativa es indiscutible, pues América debe afrontar innumerables conflictos socioambientales siendo, además, la región más peligrosa del mundo para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente”. 

Agregó: “Esta victoria, sin lugar a dudas, se debe al activismo, especialmente de jóvenes, y la presión constante de numerosas organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado sin descanso durante varios años para lograr que el Estado de Chile se sumase a la lista de países firmantes de dicho Acuerdo”. 

El Acuerdo de Escazú entró en vigor en abril de 2021, pero aún faltan adhesiones de algunos países latinoamericanos. Desde Amnistía Internacional, reiteró que “la importancia de la implementación de este tipo de normativas regionales e instamos a que los Estados faltantes se sumen y muestren su liderazgo en la construcción de una política ambiental más participativa, accesible y justa en las América, que garantice la protección de los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales sin excepción”.