Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados ha presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que concluye que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados constituye apartheid.
Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“Las conclusiones del relator especial son una importante y oportuna incorporación al consenso internacional creciente respecto a que las autoridades israelíes están cometiendo contra la población palestina. El informe describe pormenorizadamente el sistema de opresión basada en motivos raciales establecido por Israel contra la población palestina, expresamente concebido para mantener la dominación israelí judía y sostenido mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones palestinas de derechos humanos llevan años calificando la situación de , y este informe constituye un reconocimiento histórico de la realidad que viven millones de personas palestinas. Como han hecho Amnistía Internacional y otros muchos grupos de derechos humanos, el relator especial ha examinado el trato recibido por la población palestina a manos de Israel desde el punto de vista del derecho internacional y ha llegado a la conclusión clara de que constituye apartheid.
En los últimos meses, Israel ha intensificado sus esfuerzos para censurar y desacreditar a toda persona que utilice la palabra . En lugar de abordar las graves acusaciones por parte de organizaciones de derechos humanos y ahora también de la ONU, las autoridades israelíes continúan limitando su respuesta a atacar al mensajero con acusaciones infundadas de parcialidad. Esta estrategia fallida no puede ocultar el consenso creciente entre especialistas respecto a que la dura realidad de la cruel represión que Israel ejerce a diario contra la población palestina es un ejemplo elocuente de apartheid.
En su informe, el relator hace hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional acepte las conclusiones de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía, y empiece a llamar por su nombre al de Israel. La comunidad internacional, y en particular los países aliados de Israel, deben dejar de poner excusas respecto a este cruel sistema de opresión y dominación racial y sí tomar medidas de inmediato para contribuir a su desaparición y proteger los derechos de la población palestina.”
En su informe de febrero de 2022, Amnistía Internacional describe el sistema de que Israel está imponiendo a la población palestina allí donde tiene el control sobre sus derechos, incluso dentro de Israel. Amnistía Internacional pide a la Corte Penal Internacional que considere el crimen de en su investigación en curso en los Territorios Palestinos Ocupados, y a todos los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para investigar y procesar a las personas sospechosas de cometer el crimen contra la humanidad del apartheid.
El informe del relator especial examina la situación actual de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, prestando especial atención a la cuestión del . El relator especial observa que la población judía y palestina que reside en los Territorios Palestinos Ocupados vive “sometida a un régimen especial que hace distinciones en el reconocimiento de derechos y la concesión de beneficios basándose en la identidad nacional y étnica, y que garantiza la supremacía de un grupo poblacional en detrimento de otro”, describe cómo este sistema “otorga sustanciales beneficios y privilegios a un grupo racial-nacional-étnico mientras que obliga a otro grupo a vivir encerrado entre muros y puestos de control y sometido a un régimen militar permanente”, y concluye que este sistema “se ajusta a la norma probatoria vigente sobre la existencia de apartheid”.
En enero, un telegrama filtrado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí describía una campaña prevista para desacreditar el trabajo del relator especial, y las autoridades israelíes han impedido la entrada de personal investigador y de derechos humanos de la ONU a Israel y a los Territorios Palestinos Ocupados. Esto forma parte de un ataque general contra los derechos humanos, en el que organizaciones palestinas son ilegalizadas, hostigadas y silenciadas.
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