En la pasada temporada escolar, una madre de 20 años de edad fue aprehendida por robar cajas de lápices de colores y una lapicera de una tienda de Plaza San Diego en San Pedro Cholula; mujeres y colectivas feministas en Puebla se organizaron para pagar su fianza, convencidas de que la joven encarnaba una muestra más de la violencia económica que viven madres solteras en el estado.
“Maternar es político”, sostuvo Vanessa Pizano, feminista que encabezó la iniciativa. En entrevista, lamentó la desesperación de la madre por obtener útiles escolares que la llevó a delinquir, pero explicó que es sobre las mujeres que recae la carga de la crianza y se normaliza la ausencia del padre para la manutención de los hijos.
«El abandono de padres a sus obligaciones es un crimen mayor, en esos casos no hay fuerza pública que acose, hostigue, o detenga. Pese a que históricamente existe el reconocimiento a esta inequitativa situación»
La joven detenida es parte de una estadística invisibilizada de madres separadas de sus parejas que no cuentan con manutención para sus hijas e hijos, y que no han exigido sus derechos.
Aunque en Puebla también existe la otra estadística, la de mujeres que denuncian ante tribunales la violencia económica de sus parejas, el resultado no es mejor: en 2021 al Poder Judicial ingresaron 2 mil 647 expedientes por juicio de alimentos, se concluyeron 81 (el 3 por ciento) pero sólo llegaron a convenio 49 casos.
Es decir que sólo se logró que el 1.8 por ciento de los deudores se sentaran frente a la autoridad y ante ésta se comprometiera algún pago.
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Justicia patriarcal: Juzgados sin perspectiva de género
Las demandas de pensión alimenticia interpuestas generalmente contra padres de familia, tienen como destino el letargo, las suspensiones, el carpetazo o la condición de “permanentemente pendientes”, situaciones que se agudizaron en los recientes años 2020 y 2021 por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, cuando los juzgados cerraron ventanillas de atención.
De acuerdo con la solicitud de información 210425321000073, el Poder Judicial del Estado de Puebla reveló que el rezago de demandas de pensión alimenticia, con emergencia sanitaria o sin ella.
Desde 2015 al mes de septiembre de 2021 se habían interpuesto más de 21 mil juicios alimenticios, pero sólo se han concluido 3 mil 306 expedientes.
De acuerdo con un estudio realizado por la Unidad de Estadística Judicial, a través de un muestreo en los seis juzgados familiares del Distrito Judicial de Puebla se concluyó que en el 70 por ciento del total de expedientes de juicios de pensión alimenticia se presentaron obstáculos que impidieron la continuación del juicio conforme al marco normativo:
1.- Se fijó pensión provisional y las partes no dieron continuidad al juicio
2. Demandantes desconocen el domicilio del demandado
3.- El emplazamiento no realizó por falta de localización del demandado, aunque se precisaba el domicilio
4 Falta de impulso procesal y la inasistencia de las partes a las audiencias solicitadas
En el 15 por ciento de las denuncias, las demandantes se han desistido o la demanda se ha desechado por incumplir con lo establecido por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que exige la exhibición de documentos comprobantes del parentesco o del matrimonio, el testamento o el convenio en que conste la obligación de darlos.
Mujeres que mantienen o mantuvieron un caso frente a los tribunales aseguraron que el Poder Judicial ignora realidades económicas y presiones a madres; mientras permite que padres eludan las mismas responsabilidades y dejen en el abandono a sus hijos e hijas.
Aunque se acredita la urgente necesidad de recibir la pensión alimenticia, interponer una demanda y lograr que el juez emita un fallo es “una carrera llena de obstáculos”.
La legislación poco se apega a la realidad, madres solteras o mujeres en concubinato quedan fuera del marco de protección al no acreditar el vínculo legal, aunque existen hijos, elementos probatorios del abandono, violencia económica y patrimonial de parte de sus parejas.
“Es un sistema legal injusto y misógino, históricamente no hemos podido tener acceso a la justicia o a un proceso legal, aunque probamos la irresponsabilidad y violencia de los padres, pero estos siguen siendo protegidos por el sistema judicial del estado mexicano”
Acusó Gloria Solís, quien sostuvo por dos años un proceso que terminó desechado.
Para ella, el principal obstáculo fue enfrentarse con el horario imposible de cumplir para una madre trabajadora, una muestra de que en Puebla como en México el Poder Judicial carece de una perspectiva de género.
En marzo, en las calles se exige La Ley Sabina
En marzo, considerado “Mes de la Mujer” -por la conmemorativa fecha del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer-, en marchas se exigió que en todo el territorio nacional fuera aplicada “La Ley Sabina”, iniciativa feminista que busca proteger a las infancias y sus madres con una serie de reformas legislativas que buscan restringirles derechos civiles a los deudores alimentarios, con la creación de un padrón nacional, que tenga base en padrones estatales.
Diana Luz Vázquez comenzó a exhibir en lugares públicos al padre de su hija Sabina, porque no pagaba la pensión alimenticia y logró que el registro de deudores alimentarios morosos fuera público en Oaxaca.
El 15 de septiembre de 2021, la 64 Legislatura aprobó que el registro de deudores alimentarios morosos en esa entidad fuera público y estableciera un certificado de no adeudo de pensión como nuevo requisito para acceder al matrimonio, contratos públicos y créditos financieros.
Ahora, junto con abogadas y otras colectivas feministas, lucha en el Senado de la República para que la Ley Sabina, que lleva el nombre de su hija, se aplique en todo el país
Vázquez ha declarado públicamente que en Oaxaca existe una página de deudores donde aparecen funcionarios de universidades que ganan hasta 80 mil pesos mensuales y con denuncias de reconocimiento de paternidad de más de cinco años que estos no reconocen.
Puebla: deudores permanecen en la opacidad
A nivel nacional el registro de deudores alimentarios existe sólo en la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Coahuila y Guerrero. Pero el padrón es obsoleto, no es público, ni visible.
En Puebla el padrón de deudores aún es un deseo. A finales de 2021 la diputada de morena Guadalupe Yamak Taja presentó la iniciativa de reforma al Código Penal Estatal para implementar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Puebla, el punto de acuerdo aún permanece en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, esperando ser discutida, estudiada y aprobada.
La iniciativa de la diputada Yamak señala que una vez integrados al listado de sujetos morosos, estos quedarían impedidos de volver a casarse o adoptar hasta que acrediten el cumplimiento de pago. El documento hace un reconocimiento especial a los esfuerzos por legislaturas anteriores con reformas similares que se han mandado a la “congeladora”.
En 2019, la coordinadora del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez presentó una iniciativa de decreto para reformar el Código Civil del Estado para crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Puebla, que no prosperó.
Grupos feministas consideraron que en el 2021 hubo un avance significativo: en julio de ese año, por unanimidad, el Congreso de Puebla aprobó la reforma que penaliza hasta con cinco años de cárcel el ocultamiento de bienes e ingresos, por parte del cónyuge o concubino que intente con eso incumplir con el pago de la pensión alimenticia.
La diputada del PRI Rocío García Olmedo, autora de la propuesta de reforma, explicó que el objetivo es garantizar que la madre no sea la única persona que cargue con los gastos totales por la manutención de hijos ante una separación. El delito ahora se persigue como “fraude familiar”, al quedar avalada la adición del artículo 407 Bis al Código Penal local.
Ilustraciones: Iván Rojas