El acceso a la seguridad jurídica fue el derecho humano más vulnerado en Puebla durante 2021, pues el 76 por ciento de las quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local denunciaron agravios durante procesos judiciales.
Fueron 5 mil 999 denuncias las que recibió el organismo autónomo el periodo pasado, según dio a conocer durante su informe anual 2021, donde indicó que 4 mil 578 querellas fueron contra las garantías que el Estado debe proveer a bienes y posesiones de sus gobernados.
Sin embargo, la CDH emitió sólo 25 recomendaciones tras acreditar la violación de este derecho, más de la mitad de las 40 sugerencias dictadas el año pasado.
El principal hecho violatorio denunciado en las quejas fue la omisión de brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo de un procedimiento, al sumar 2 mil 266 casos. Le siguieron mil 173 querellas contra funcionarios públicos, por prestar indebidamente el servicio.
Violación al derecho a la legalidad
La segunda causa de denuncias ante la CDH en 2021 fue la presunta violación al derecho a la legalidad, que sumó 233 denuncias, aunque esto supone apenas el 3 por ciento de las casi 6 mil querellas reportadas.
Le siguió los agravios al derecho a la integridad y seguridad personal, con 155 quejas; derecho al trato digno, que sumó 152; derecho de petición (135), derecho a la protección de la salud (113), al trabajo (100), a la igualdad (62), la educación (40) y a la propiedad y posesión (26).
Quejas contra gobiernos municipales
El 63 por ciento de las quejas ante la CDH fueron contra gobiernos municipales, quienes sumaron más de 4 mil querellas por no garantizar el acceso a derechos humanos. El municipio de Tehuacán encabezó la lista de Comunas demandadas, al sumar mil 100 denuncias.
Le siguió Huauchinango, donde sumaron 899 casos; seguido de Teziutlán con 891; Puebla capital, con 475; Izúcar de Matamoros acumuló 332; Xicotepec de Juárez, 309; Cuetzalan del Progreso, 176; Zacapoaxtla, 125; Huejotzingo 32 y San Pedro Cholula tuvo 27.
Registros de la Fiscalía
Por su parte, entidades del orden estatal acumularon el 63 por ciento de las quejas por violación de derechos. La Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Gilberto Higuera Bernal, tuvo mil 41 denuncias por presuntos agravios a las garantías, el 42 por ciento de las querellas.
Ocupó el segundo lugar la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, por supuestas omisiones contra personas privadas de la libertad, mientras que “otras autoridades estatales” sumaron 316 casos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó 240 quejas ante la CDH, seguida de la Secretaría de Salud (SS) con 240; la Secretaría de Educación Pública tuvo 129 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) acumuló 68.
Durante 2021, la Defensoría Pública del Estado de Puebla sumó 67 quejas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tuvo 46, mientras que la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas y los Servicios de Salud del estado tuvieron 27 cada uno.
Resolución de querellas
En su informe anual, la CDH de Puebla aseguró que 5 mil 864 denuncias fueron concluidas, mientras que logró la restitución de los derechos en 3 mil 491 casos, equivalente al 60 por ciento de las quejas, aproximadamente.
La principal resolución de las querellas fue mediante “solución durante el trámite”; en total 3 mil 438 querellas, más de la mitad, equivalente a más de la mitad, refiere el documento.
En 788 ocasiones el órgano autónomo no acreditó violación a los derechos humanos y en 483 no hubo una ratificación de la denuncia, por lo que el artículo 53 del reglamento interior estipula el desechamiento.
Otras 227 quejas fueron concluidas “por acuerdo de acumulación” -cuando varias denuncias son radicadas en un solo expediente-, mientras que en 227 ocasiones el quejoso desistió y en 216 asuntos la CDH se declaró incompetente para resolver los casos. Hubo 190 casos que concluyeron por falta de datos.
En 89 querellas el asunto quedó sin materia, 41 terminaron en la emisión de una recomendación, 16 concluyeron por conciliación entre los involucrados y en una ocasión el organismo emitió un informe especial.
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Ilustración: Iván Rojas